El sábado 13 de agosto un reportaje de La Nación informa, de nuevo, del problema de la extensión desordenada e insostenible de la Gran Área Metropolitana (GAM),
Lo paradójico es que muchos profesionales vinculados a la planificación urbana y al ordenamiento territorial, sea por nuestra formación o por nuestra experiencia, hemos hablado en innumerables oportunidades, desde hace varios años, sobre las consecuencias de continuar con este “modelo” de desarrollo sin haber logrado el respaldo necesario de las instituciones del país y sin haber obtenido el espacio necesario en algunos medios de comunicación, lo cual por supuesto es clave para formar opinión y como mecanismo de presión y de denuncia.
El mayor cinismo se presenta cuando se entrevista a actores que precisamente son los responsables en buena medida de que aún estemos sumidos en el más profundo oscurantismo en términos de ordenamiento del territorio.
Para refrescar un poco la memoria de los lectores, desde el año 2009 el país cuenta con uno de los mejores planes de desarrollo regional que se han elaborado, el Proyecto Prugam, reconocido así por varios expertos de América Latina y Europa.
Dicho plan regional servía de marco y orientación y definía políticas claras sobre cómo debían atenderse todas estas tendencias negativas que ya estaban diagnosticadas y analizadas desde hacía varios años.
Excusas. Cuando el plan se le entregó al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la institución supo encontrar las excusas más burdas para evitar su aprobación, pues los intereses que permean el actual modelo de ocupación que promueven algunos sectores no son para nada despreciables.
Por otra parte, la Contraloría General de la República, en el 2012, señaló en un informe el poco o nulo avance de las gestiones del INVU en la ejecución de las fases que conforman la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano: “El cronograma elaborado en diciembre del 2010 por la Dirección de Urbanismo del INVU no presenta avances significativos para desarrollar todas las fases que permitan consolidar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Por esta razón, el país aún no cuenta con el plan oficial que garantice su ordenamiento territorial, (…) por lo que la principal aglomeración urbana del país se encuentra circunscrita a una planificación desfasada por más de 30 años”.
Como si esto no hubiese sido suficiente, recientemente, entre el 2014 y el 2015, con la entrada de la administración Solís Rivera, las nuevas autoridades del INVU apostaron por la incorporación de nuevos profesionales que pudieran fortalecer la labor de planificación que tutela por ley ese ente y, en un esfuerzo sin precedentes, apoyado por profesionales jóvenes con una gran conciencia y compromiso con el país, se logró elaborar, en menos de un año, una propuesta de actualización normativa similar a un reglamento.
Este permitía a las municipalidades controlar el desarrollo expansivo de las ciudades y la problemática vial que se asocia al modelo de ocupación.
Presiones. Para claridad de los lectores, los mismos sectores que ayer se manifiestaron preocupados por la situación de la GAM, fueron los que presionaron para impedir que dicha reglamentación fuera publicada, alegando todo tipo de argumentos propios de quienes ven afectado su statu quo aun cuando se construya en detrimento del bien común.
La sociedad costarricense debe ser muy crítica y muy exigente no solo con esos sectores, sino también con los jerarcas y las instituciones que permiten que dichas presiones surtan el efecto deseado en perjuicio de la la colectividad.
La autora es arquitecta.