EscucharEl Ministerio de Hacienda presentó recientemente el documento “En ruta hacia la consolidación fiscal”, sobre el cual deseo hacer algunos comentarios.
Muy positivo. El Ministerio de Hacienda emprendió una acción atípica, que responde a una necesidad básica del país: plantear el tema fiscal en tiempos electorales, con visión de largo plazo. Ubica la reflexión en tres planos, el diagnóstico, los objetivos y los medios, o instrumentos, para alcanzarlos. No se limita a plantear posiciones propias, sino que también llama al diálogo por diversos mecanismos como reuniones, foros y consultas virtuales, entre otros. Esto es muy positivo, pues puede llegar a reducir el margen de demagogia en la campaña electoral y puede resultar de mucha utilidad, si se aprovecha, para fortalecer el nivel deliberativo de la ciudadanía.
Debilidad y alto riesgo. Queda claro que el Gobierno Central está en muy serios problemas por la caída en la recaudación tributaria de casi 2 puntos porcentuales, ya de por sí baja, y el abultado déficit fiscal que tiene, y que subraya su imposibilidad de atender los derechos reconocidos de los habitantes y las expectativas de la población, así como apuntalar el desarrollo. El Gobierno está famélico, lo cual no significa que no haya gasto superfluo, o corrupto, aunque la solución no es negarle recursos, sino enfrentar directa y decididamente esas deficiencias. A este punto, el Gobierno prácticamente no tiene para invertir, o incluso comprar cosas elementales; está muy estrujado, a tal punto que no logra emprender mejoras en la calidad o la eficiencia. Esta situación puede llegar a ser calamitosa ante un cambio en el escenario mundial que signifique deterioro de los flujos y las condiciones financieras internacionales, con sus impactos en el gasto. Aquí, la tentación de plantear problemas con datos generales y manejados con ligereza debe abrir paso a la permanente constatación de que “el diablo está en los detalles”.
Gasto en educación. En varias ocasiones se ha recurrido a la afirmación de que la proporción del PIB que el país dedica a la educación es muy elevada y, simplificando, se gasta en educación como país desarrollado. Esta afirmación, por cierto, resulta innecesaria en el documento de marras, en el tanto hay una razón muy de fondo: es evidente que el país requiere recursos para honrar los compromisos del Gobierno con su solvencia y con el desarrollo nacional, entre ellos para cumplir con la obligación constitucional de asignar un 8% del PIB a la educación. Pero, además de innecesaria, es una afirmación peligrosa porque, como se hizo en el pasado, puede llegar a entenderse como que el gasto en educación debe reducirse.
Este argumento, llevado a su extremo en la Costa Rica de los años ochenta, condujo a decisiones erróneas que llegaron a disminuir la cobertura educativa en secundaria en 10 puntos porcentuales, y la cobertura del cuarto ciclo, en 20 puntos porcentuales, al contraer el gasto en educación y abandonar la prioridad que había venido teniendo en el país. Y se hizo en el peor momento, cuando crecía más rápidamente la población en edad de cursar secundaria. El resultado fue cerca de un millón de personas que no pudieron concluir su secundaria, se quedaron sin calificación y con oportunidades de empleo decente bastante reducidas. Así quedaron instalados un núcleo duro de pobreza y un origen de la desigualdad. No fue sino hasta principios de este siglo XXI que recuperamos las tasas de cobertura máximas históricas y comenzamos a avanzar lentamente para alcanzar las mayores pero aún insuficientes coberturas actuales. Esto supuso un gran esfuerzo en la asignación de recursos a la educación en lo que va del siglo.
Dicho con ligereza. Veamos por qué eso de decir que Costa Rica gasta en educación como país desarrollado es una afirmación, en el mejor de los casos, bastante ligera. Esta se sustenta en que se gasta en educación una proporción del PIB (7,5%), y que este porcentaje es mayor que el promedio de lo que gastan los países de la OCDE, y, además, se afirma que no se obtienen los resultados de la OCDE. En promedio, los países de la OCDE gastan $8.511 (dólares ajustados) por estudiante en la educación primaria y secundaria, y $11.342 (dólares ajustados) por estudiante universitario. El caso extremo en la OCDE es Noruega, que gasta por estudiante, respectivamente, $12.923 y $20.958; y Estados Unidos, alrededor de $13.000 por estudiante de cualquier nivel.
En Costa Rica se gastó en el 2012, en promedio de todos los niveles, $2.798, una cifra muy inferior al promedio de la OCDE. Por eso, la proporción del PIB en educación no es buen indicador del nivel de gasto, ni permite conclusiones legítimas. Por otra parte, si se analiza la relación de los resultados PISA con el nivel de gasto, encontraremos que Costa Rica está en buena posición en la valoración PISA, en relación con los países de gasto por estudiante semejante (Chile, Uruguay, México), aunque muy inferior respecto a los de mayor gasto como Finlandia, Suiza y, por supuesto, la propia Noruega.
En la OCDE la relación promedio entre gasto por alumno en secundaria y universitaria es de 1,33. En Costa Rica es de 1,30, esto último, según afirma el documento del Ministerio de Hacienda. Lo extraño es que ese mismo documento consigna que la proporción costarricense es el doble que en la OCDE.
Salarios y OCDE. Otro asunto que resulta inexacto en el documento se refiere a los salarios anuales que consigna para maestros y profesores de Costa Rica, y su comparación con los salarios de la OCDE. Al tipo de cambio de alrededor de ¢500 y con un ajuste muy importante de capacidad de compra, afirma que los salarios anuales de un maestro de primaria son de $29.300, y que los de un profesor del tercer ciclo son de $48.400. Así sustenta que estos salarios son parecidos o superiores a los de la OCDE. Si el documento ajusta el dólar con un factor (PPA) de hace años, al menos debería convertir el salario a dólares a un tipo de cambio que no registre el actual nivel de sobrevaluación del colón. Al agregar estas dos correcciones, produce una exageración: los educadores ticos ganan como los de la OCDE o más. ¿Qué profesor de secundaria gana $48.400 anuales en Costa Rica?
Otro detalle. El documento presenta una tercera inexactitud muy notable al señalar como cobertura universitaria el 25% de la población en edad. Este es un dato que está corregido desde hace años a un 45%, al incorporar la cobertura de universidades privadas. Esto consta en los datos que el PNUD maneja, Unesco consigna y el Gobierno reconoce.
Finalmente, llamo la atención sobre un argumento de fondo, atinente al desarrollo nacional a la tica: si gastamos más proporción del PIB en educación (y salud), es porque así lo decidimos y porque no tenemos gasto militar. O ¿será que alguien se atreverá a plantear que deberíamos incrementar el gasto militar como los países de la OCDE, con argumentos similares que le dan carácter probatorio a un porcentaje del PIB?
Señalo, entonces, cuatro detalles y cinco diablos. Esto me lleva a plantear la necesidad de corregir el documento “En ruta hacia la consolidación fiscal” (páginas 26 y 27) y despejar cualquier duda respecto a la prioridad de educación y el esfuerzo por lograr llevar las oportunidades a nuestra gente. Al Ministerio de Hacienda, estoy seguro, no le dolerá hacer estas correcciones y aclaración, como ya lo hizo en el foro de consulta.
