En una democracia, un líder político alcanza el poder con el apoyo mayoritario de los electores, pero para que su liderazgo tenga eficacia y logre imprimirle al rumbo del país su visión y sus ideas –y pueda ejecutar sus propuestas de campaña–, es condición indispensable que mantenga el apoyo logrado en las urnas o, al menos, un buen nivel de aceptación popular durante su mandato.
En palabras sencillas, se requiere que los ciudadanos le crean al líder, y la credibilidad se gana fundamentalmente demostrando coherencia entre el discurso y la acción.
Cuando un dirigente político dice lo que piensa y hace lo que dice, recibe el reconocimeinto y el respeto de todos, incluidos sus adversarios.
La falta de coherencia en la actividad política es un comportamiento deshonesto que tiene efectos perjudiciales, ya que deteriora la confianza del pueblo con respecto a sus dirigentes, fomenta la suspicacia, el desinterés y la apatía de los ciudadanos hacia los asuntos públicos y genera el descrédito de nuestro sistema democrático, en favor del avance de las corrientes populistas.
Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice, mantener la coherencia entre ideas, prédica y acción, lamentablemente es un comportamiento poco habitual en los dirigentes políticos de Costa Rica, lo que ha causado un gran desencanto y un inconveniente escepticismo.
El incumplimiento de las promesas de campaña tiene un efecto devastador para la credibilidad de cualquier dirigente político. No honrar los compromisos adquiridos genera un gran disgusto entre sus partidarios y el rechazo de la ciudadanía a sus propuestas y acciones. En el escenario político, crea dificultades para lograr acuerdos, e incrementa así los problemas de gobernabilidad.
Escenario actual. Esta es la coyuntura en la que se encuentra hoy el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien, sin cumplir aún el primer año de su administración, enfrenta una importante pérdida de credibilidad y confianza, como lo han evidenciado diversas encuestas publicadas recientemente.
Este deterioro se debe, entre otras cosas, a los incumplimientos de sus compromisos de bajar las tarifas eléctricas y el precio de la gasolina, de cerrar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
La maltrecha credibilidad del presidente Solís tiene su origen en la incoherencia entre el discurso que sostuvo durante el proceso electoral y la acción gubernamental realizada en estos meses, lo que le ha hecho perder el apoyo de un porcentaje significativo de los 1,3 millones de costarricenses que lo eligieron en abril del pasado año.
Ahora, para profundizar su descrédito, el gobierno ha anunciado un proyecto que pretende aprobar nuevos impuestos e incrementar algunos de los existentes, irrespetando la palabra empeñada por el presidente de que no solicitarían nuevos tributos en los primeros dos años de su administración.
Así ha sumado una incoherencia más que afectará la imagen presidencial.
Independientemente de la necesidad de procurar mayores recursos para el erario, los ciudadanos, con justa razón, le recriminarán al presidente su mentira, y las fracciones legislativas opositoras tendrán toda la autoridad de señalar el incumplimiento y de rechazar el proyecto, máxime que la solicitud de nuevos impuestos se presenta sin haber demostrado una firme voluntad de recortar el gasto público, promesa que tampoco ha cumplido.
Sin embargo, una reforma fiscal que contemple medidas impositivas de carácter progresivo es una tarea pendiente desde hace muchos años, y su retraso puede ocasionarle graves consecuencias al país, cuyas finanzas públicas arrojan un déficit muy alto.
Por esa razón, y pese a la actuación incoherente del presidente, las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa deben actuar en este tema con cordura y patriotismo, pero sobre todo con coherencia, ya que de ella depende su propia credibilidad.