Opinión

Claridad conceptual para el desarrollo

Actualizado el 17 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Claridad conceptual para el desarrollo

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Lo que los pobres no se merecen, parodiando a doña Ana Isabel García en su artículo publicado el pasado 9 de agosto, en que analiza el mío del 28 de julio –pero tampoco los ricos y la clase media, agrego–, es la falta de claridad conceptual al estudiar los problemas de fondo del país, pues ello deriva con frecuencia en pobres análisis y fallidas soluciones.

Me sorprendió la extraña lectura que esta profesional “me” hizo, pues refleja un notorio alejamiento de conceptos fundamentales que creí que ya había asimilado, producto de anteriores conversaciones. Máxime, cuando al inicio reconoce mi “molestia” por el gran incumplimiento de la Constitución y las leyes –causa principal de tanto fracaso en el desarrollo del país–, para degradarla al final a una mera “búsqueda con lupa de normativa… para resolver…” /problemitas/. Vaya transmutación de objeto y contexto.

El lector acucioso puede accesar en La Nación digital ambos artículos y constatar así la errada lectura que ha llevado a esta profesional a negar, tergiversar o proponer como distintos, asuntos o factores que enuncio con absoluta claridad y coherencia, tales como el sistema de registro de “los pobres”, que, dije, debe ser perfeccionado y obligatorio, y la clasificación homologada de todos los recursos presupuestarios dedicados a esa “lucha”. ¿Para qué? Para conocer, precisamente, el ámbito exacto de la dirección política a ejercitar sobre ellos (y, lógico, sobre los 22 entes que los administran sin ton ni son ) .

Los enuncio globalmente, pues fue un artículo, no un libro (para ello, véase Meoño et al , 2002, Rectoría UCR), pero sí nítidamente en términos de su articulación orgánica/funcional en lo político, jurídico, administrativo y presupuestario, así como anticipando los portentosos resultados a generar a partir de ya. Este artículo reciente buscó descalificar, sin lograrlo, mi análisis; tampoco lo enriquece. No había dónde perderse. Y es bueno que el lector sepa dónde y por qué se perdió.

Primero, debe recordar la ex viceministra que la Contraloría de la República en cuya autoridad institucional se apoya, se hizo tímido eco –o sea, sin fundamento conceptual pleno– de mis persistentes análisis originales sobre rectoría política , “solo” 30 años después de que se dio la Ley General de la Administración Pública en 1978. Pocos saben que dicha competencia tiene fuente constitucional, según la Sala IV, en el artículo 140, inciso 8, y por tanto no puede, ni por ley, ser otorgada a órganos distintos del Poder Ejecutivo, aunque los legisladores mismos a menudo incumplen tal precepto.

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Segundo, no hay en tal contexto formal de la Constitución “entidades” rectoras, sino la noción de Poder Ejecutivo. O sea, el presidente con el ministro pertinente. Y, en este contexto jurídico nacional –no suramericano o europeo– es que sostengo que el único ministro afín en “pobreza” es el de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), no el de Vivienda, o, peor, el de Salud. Menos, un presidente ejecutivo subordinado de su junta directiva, con un rango ilegítimo de ministro sin cartera.

No cruzarse de brazos. En mi artículo expliqué lo “usual”: no hay que cruzarse de brazos (o sea, asumir las típicas posturas dilatorias que ella misma denuncia) esperando a ambiguas o pretenciosas y lentas “reformas del Estado” o nuevas “entidades” rectoras (¡como ella misma propugna!), siendo que el presidente con ese ministro referido ya constituyen esa autoridad superior por la que ella clama. Incomprensible contradicción en que incurre.

Además, alegar que el MTSS mantuvo solo “algunos artículos” sobre seguridad social es ignorar que esa cartera nunca perdió, aun con la creación del IMAS, las poderosas e inclusivas competencias reguladoras que no pueden simplemente, como ella sí parece aceptar sin fundamento válido, seguir siendo incumplidas, sin “que nada pase” (no estamos ante un hijo caprichoso que exige un iPhone nuevo porque el suyo dejó de funcionarle y sus padres pudientes se lo compran… en vez de ponerle batería nueva).

Macroprograma sobre pobreza. Olvidó, además, que este ministro es jerarca superior del macroprograma más grande y transversal sobre pobreza: Fodesaf.

He sostenido desde 1978 –seguro antes de que mi interlocutora naciera– que dicho ministro como tal, no otro, conjuga exclusivas competencias reguladoras –o sea, como jerarca del Ministerio y como “rector” sectorial– para precisamente imprimirle a “esas” 22 instituciones la unidad de visión y acción que señalé, situación no alcanzada debido a las obvias disfuncionalidades derivadas de, precisamente, estos incumplimientos legales mayúsculos .

Por si fuera poco, sépase que el “esquema sectorial” nació en 1974 con la figura de oficinas de planificación sectorial (Ley 5525, capítulo IV), idóneas para proporcionar al ministro “rector” el apoyo de alto nivel y bajo costo en su rol sectorial (o sea: no son las carteras las llamadas a darle ese apoyo tecnocrático al ministro “rector”, pues casi todas manejan operaciones, no “pura planificación”). Si no se entiende esto, ¡aviados seguiremos!

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En síntesis: lo que aquí no pueda un ministro sectorial vía decreto con base en la ley del ministerio, lo puede lograr vía directrices por LGAP.

En gobiernos pasados (Carazo, Monge, Calderón) se experimentó con estos esquemas e instrumentos con grandes logros, incluida proyección regional, con Ofiplan liderando (hechos invisibilizados a los ojos de jóvenes analistas… y de muchos viejos), con cortes entre gobiernos propios de presidentes y ministros impreparados sobre estas “cosotas”, y una Contraloría, legisladores y comunicadores que no han sabido demandar su cumplimiento integral y riguroso.

Termino sentenciando que si hay un sector donde “todo” se puede lograr a partir de mañana, es este de trabajo y seguridad social… selectiva ; o sea, “pobreza”. Pero sin claridad conceptual, nunca sabrá un país de dónde hay que partir para llegar adónde y… cómo.

El fenómeno del desarrollo sociopolítico, administrativo y jurídico público de Costa Rica requiere estudio riguroso más que emocionalidad u ocurrencias. Es en este volátil contexto en el que, estoy convencido, se anuncia la desventurada iniciativa de eliminar juntas directivas en entes autónomos.

Volveré sobre este tema.

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