EscucharEn febrero último y recientemente en un artículo publicado en este diario, la embajadora de los Estados Unidos de América, Ann S. Andrew, instó a la Asamblea Legislativa a aprobar el permiso para que buques del Ejército de su país atraquen en nuestros puertos, en el marco del Acuerdo de Patrullaje Conjunto contra el narcotráfico.
Las palabras de la embajadora han sido respaldadas por declaraciones de miembros del Ejecutivo, especialmente por parte de la presidenta Chinchilla, quien responsabilizó“a los que están sentados en las curules” por, supuestamente, “no autorizar el patrullaje conjunto”.
Apreciaciones inexactas. Compartimos con la presidenta y con la señora embajadora su desvelo por el combate contra el narcotráfico. Sin embargo, sus declaraciones, además de cuestionar el compromiso de la Asamblea Legislativa con el tema, podrían confundir, por inexactas, a la ciudadanía: “'es la primera vez, en 11 años de historia de nuestro Acuerdo de Patrullaje Conjunto, que la Asamblea Legislativa elige excluir nuestros patrullajes, dejando las aguas y costas de Costa Rica más vulnerables en momentos cuando la incidencia de la actividad marítima de los narcotraficantes crece”, o en su artículo la señora embajadora.
Por su parte, la presidenta Chinchilla dijo: “Tengo que pedir disculpas públicas, porque en seis meses no hemos sido capaces de autorizar un patrullaje conjunto”.Ambas declaraciones se separan de la realidad de los hechos.
La aprobación de estos permisos, debemos aclarar, se tramita –si son guardacostas— en el marco del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de los Estados Unidos de América, para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito;y si son buques del Ejército, en apego a la Constitución Política que atribuye a la Asamblea Legislativa la potestad de “Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos”. Esta es la razón por la cual los permisos se tramitan por separado, y se renuevan cada seis meses.
La ciudadanía debe saber que la Asamblea Legislativa aprobó para el semestre comprendido entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2010 dos solicitudes para el atraque de 53 buques del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y 46 de la Armada de los Estados Unidos.
En diciembre de 2010, la Asamblea conoció dos nuevas solicitudes para 46 buques del SNG y 27 de la Armada para el primer semestre de 2011.
El ingreso de los guardacostas fue autorizado hasta finales de junio. El de los buques de la Armada no llegó a votarse, pues la solicitud fue retirada unos días antes por el ministro de Seguridad, José María Tijerino.
De los datos aportados se desprende que para su primer año esta Asamblea Legislativa habría autorizado el ingreso de 145 guardacostas estadounidenses. Por lo tanto, no es cierto que “este momento, los navíos de Estados Unidos cuentan con el permiso de atraque de todos los países centroamericanos, excepto de Costa Rica”, y como lo mencionó la señora embajadora.
Buques de Ejército. Los buques que esperan por autorización son los del Ejército, que no están contemplados en el Acuerdo de Patrullaje Conjunto, a diferencia de los 46 guardacostas que deben estar patrullando nuestros mares, artillados y equipados con equipos de alta tecnología, además de helicópteros para interceptar a los narcotraficantes y sus cargamentos.
Del casi centenar de barcos autorizados en el primer semestre –según la Embajada— arribaron siete a puerto y en el período, según informes de la Dirección de Guardacostas y del Instituto Costarricense contra Drogas– no se decomisó ni un gramo de droga, ni en conjunto con guardacostas ticos, ni por acciones propias.
No sucedió lo mismo con nuestras autoridades, que a pesar de sus limitados recursos realizaron importantes operativos y decomisos. Conviene, entonces, revisar los resultados del patrullaje.
En la fracción del PAC estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico y apoyamos el Acuerdo de Patrullaje Conjunto suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, otra es nuestra posición en lo que respecta a autorizar buques de guerra navegando por nuestros mares con el pretexto de combatir el narcotráfico.
Carmen Muñoz Quesada Integrante, Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Juan Carlos Mendoza García Jefe de fracción, PAC.
