EscucharAlgunas personas en Costa Rica, por suerte una reducida minoría, creen que la aplicación de políticas de censura gubernamental y estatal, que impidan la libre circulación de la información entre la población sobre los embarazos infantiles, pondrá fin a la violencia sexual contra las niñas.
La Asociación Demográfica Costarricense (ADC) es víctima, de nuevo, de otra infamia que pretende vincular sus esfuerzos de información y de educación de más de cuatro décadas sobre los derechos reproductivos y sexuales de la población con una irracional y absurda “campaña” dirigida, según las construcciones mentales de esa minoría, a promover prácticas sexuales prematuras entre los niños y las niñas.
De acuerdo con su lógica, el problema de los embarazos de niñas en Costa Rica desaparecerá, y ya no será problema, a partir del momento en que los órganos estatales costarricenses, incluida la Sala Constitucional, frenen y suspendan los mensajes informativos divulgados por la Asociación Demográfica Costarricense por distintos medios.
En una nota deopinión difundida por el diario LaNación el 29 de junio en la página 26A, intitulada “Por el derecho de los niños a no ser agredidos sexualmente ”, la abogada Alexandra Loría Beeche despliega un nuevo esfuerzo por silenciar a la Asociación Demográfica Costarricense, pretendiendo hacerles creer a los lectores que un esfuerzo informativo realizado en los últimos meses, que busca poner al descubierto los embarazos de las niñas en Costa Rica, es, según sus palabras, una incitación “a las niñas a reclamar el derecho a decidir cuándo quedar embarazadas”.
Tal mensaje subliminal, dirigido a la conciencia de las personas y no a la razón, es falso porque la iniciativa de la ADC pretende y busca que la población costarricense cobre conciencia de un problema sobre el cual muchos organismos estatales y privados no quieren hablar: el embarazo de niñas.
Pareciera que la convicción en muchos de ellos es que el problema no existe en tanto no se hable de él.
Hechos graves. Esa tragedia no se la ha inventado la ADC. Esa tragedia la revelan estudios realizados en los últimos años, entre ellas la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Costa Rica, 2010, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esos datos hablan de niñas –sí, de niñas costarricenses– no de “cuentos” ni de “fantasmas”.
En el esfuerzo informativo que concluyó en el mes de mayo, al retirarse los llamados “mupis” de los lugares públicos, se usaron imágenes literarias, vinculadas a las fábulas y a los cuentos, que pretendían captar la atención de los destinatarios del mensaje sobre la gravedad de un problema del que muchos no quieren hablar.
El esfuerzo informativo de la ADC no es publicidad ni es propaganda: es libre circulación de información.
Ese esfuerzo informativo no pretendía vender un bien o un servicio, elemento esencial constitutivo de la publicidad, ni imponer una idea en la conciencia de las personas, elemento esencial constitutivo de la propaganda.
La campaña de información de la ADC, sustentada en los principios de su derecho a informar y de la población costarricense a ser informada, pretendió y pretende que la población del país sea alertada sobre una tragedia que viven centenares de niñas costarricenses, embarazadas como consecuencia de haber sido iniciadas prematuramente en su vida sexual por personas de su entorno, muchas veces parientes y conocidos.
Esa realidad, esa tragedia, merece y debe ser conocida por los costarricenses para que quienes estén llamados a proteger a las niñas en los ámbitos públicos y privados adopten las medidas de protección que le impone como obligación al Estado el derecho internacional.
Como dice el refrán popular, a nadie le es lícito confundir la “gimnasia con la magnesia”. A la ADC se le pretende silenciar, incluso mediante sentencias judiciales.
A los y las costarricenses les debe quedar claro, sin embargo, que el silencio y la censura, prácticas violatorias del derecho a informar y de la expresión de las ideas y la conciencia, no acabará el problema y la tragedia de las niñas embarazadas en Costa Rica ni la violencia sexual contra ellas.
