EscucharDice una famosa frase atribuida a Pitágoras: “Educa al niño y evitarás castigar al adulto”. El tema que ella encierra cobró una inesperada precisión en días recientes, pese a que fue dicha hace cerca de 2.500 años.
Como parte de la discusión del presupuesto nacional, un grupo de diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa decidió, por mayoría de sus integrantes, un recorte presupuestario de varias decenas de miles de millones de colones a los recursos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para dárselos al Ministerio de Seguridad y al Poder Judicial.
Es decir, dispuso reducir la inversión pública en niñez y adolescencia, y aumentarla en represión y persecución policial y judicial.
Con este acto, la mayoría de los diputados de esta Comisión, salvo honrosas excepciones que es justo reconocer, dejan muy claras sus prioridades.
Afectación. De ser aprobado este recorte por el pleno de la Asamblea Legislativa, se verán disminuidos o serán cerrados diversos programas de desarrollo humano y prevención de la violencia hacia la niñez, educación a padres para una crianza positiva, atención de denuncias de maltrato, consultorios de atención familiar, descentralización de servicios, mayor presencia de profesionales en atención a la niñez y proyectos de participación infantil, entre otros.
Algunos diputados han querido justificar estas decisiones como reacción a recientes hechos de violencia que nos han dejado consternados a todos, posiblemente aprovechando la sensación de inseguridad reinante para acrecentar los aparatos represivos del Estado, a la vez que se debilitan procesos de desarrollo social.
Si la intención de los diputados era reducir la violencia y la inseguridad, es necesario preguntarse: ¿Es la intervención policial y judicial la mejor estrategia para lograrla de manera sostenible? ¿Tiene relación con este propósito la inversión social en niñez?
Como muchos especialistas vienen afirmando: la mejor política criminal es una buena política social, lo cual encuentra sustento en investigación reciente, que viene demostrando con creciente evidencia que la intervención social temprana rinde frutos significativos.
Por ejemplo, un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista Science, realizado durante varias décadas, demostró que la educación a padres de familia en técnicas para estimular a sus hijos hace que estos logren mejores resultados educativos y, posteriormente, laborales, y un menor involucramiento en actividades criminales.
Ganancia. Tal como lo indica un trabajo reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, la inversión en niñez muestra altos niveles de retorno, es decir, que por cada dólar que se invierte se recuperan varias veces más de vuelta gracias a las pérdidas que se evitan y los muchos beneficios personales y sociales que se obtienen.
No es por casualidad que los países con más altos estándares de desarrollo humano le den una fuerte importancia a la inversión en niñez en sus presupuestos. Lo hacen así porque entienden que no hay inversión más estratégica y valiosa para toda la sociedad que aquella que se destina a los niños.
Al contrario, un país que no invierte en niñez, pero sí en otras áreas, es como un gigante con pies de barro que no podrá llegar muy lejos en cualquier objetivo social que se fije.
En Costa Rica, la situación es preocupante, pues, entre otros problemas, uno de cada tres niños subsiste en condiciones de pobreza, bajo las cuales se compromete severamente su desarrollo integral en las dimensiones cognitiva, afectiva y social, como lo ha venido demostrado la científica cognitiva Martha Farah, pues el cerebro de estos niños no podrían alcanzar los niveles de funcionamiento esperados para su edad, produciéndose daños que habrán de arrastrarse a la vida adulta, a menos que se intervenga oportunamente.
Vista corta. Sin embargo, pese a la robusta evidencia científica acumulada, todavía muchos de nuestros políticos parecen ver la inversión en niñez como prescindible y de poca monta.
A todos, pero especialmente a estos políticos, convendría recordarles lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo cuatro, que Costa Rica se comprometió a cumplir en 1990: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan”.
Tiene razón el plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia cuando plantea que “no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.
El autor es académico de la Universidad Nacional.
