Cannabis medicinal: críticas y propuestas

Existe información suficiente para confirmar que algunos componentes de las plantas de cannabis tienen propiedades medicinales. Por ello, consideramos que las personas que padecen enfermedades y podrían beneficiarse de tratamientos con derivados del cannabis deberían tener opciones para someterse a ellos.

Sin embargo, el proyecto de ley tiene aspectos que deben corregirse antes de que sea aprobado por la Asamblea Legislativa. Desde nuestra fracción hemos identificado tres grandes críticas, ante las cuales hemos hecho una propuesta que pasamos a explicar.

Evitar la cartelización. Estaríamos legislando para beneficiar a un reducido grupo de poderosas farmacéuticas que son las únicas con capacidad económica y técnica para desarrollar la actividad.

La propuesta original plantea que se den pocas concesiones para el cultivo de cannabis de uso medicinal. Estas concesiones se dividen en tres categorías: la primera tiene la posibilidad de sembrar, procesar, producir medicamentos y hasta venderlos a través de los dispensarios, mientras que las otras dos categorías quedan obligadas a vender la materia prima a las de la primera categoría. Esto, a nuestro parecer, se convierte en un negocio cerrado en manos de pocas personas.

La inversión exigida para obtener una de estas concesiones va de los $75.000 a los $300.000, cifra que cubre solamente el derecho, sin tomar en cuenta la mano de obra, la tierra disponible, las semillas, los laboratorios, las instalaciones y demás. Esto puede generar presiones de las pocas productoras hacia el centro de control que se creará, el Instituto de Investigación, Regulación y Control de las Plantas de Cannabis y Cáñamo (IIRCCA), para lograr precios arbitrarios en los medicamentos.

Esta situación dista mucho del concepto que nosotros tenemos sobre los medicamentos, en que lo principal debe ser asegurar el derecho a la salud de las personas, por encima de cualquier negocio. La propuesta del Frente Amplio es el establecimiento del monopolio a favor del Estado para el procesamiento de la materia prima y la producción de medicamentos con cannabis.

Esto permite democratizar el cultivo, de forma que más personas puedan participar de esta nueva actividad económica y abarataría los medicamentos. Habría mayor y mejor control sobre el cultivo autorizado, pues el Estado, de acuerdo con las necesidades de la CCSS, será el que decida cuánto se produce.

Priorizamos el acceso a la salud y, por ende, a los medicamentos, frente a las meras pretensiones comerciales.

Privatización. El actual proyecto permite que muy pocas empresas tengan la posibilidad de producir y vender los medicamentos y establece entregar gratis un máximo del 30% a la CCSS, sin que esa entrega gratuita llegue a ser una obligación, sino una mera posibilidad del IIRCCA.

Para el Frente Amplio esto es inaceptable, pues se debe garantizar el acceso a los medicamentos de manera gratuita o a precios muy asequibles para la persona usuaria.

Nuestra propuesta es que el IIRCCA produzca los medicamentos que necesita la CCSS. Una vez satisfecha esa primera necesidad, podría producirse para ser vendido en dispensarios privados con licencia del Estado. Aunado a ello, nuestra propuesta establece topes máximos al precio del medicamento, impidiéndose así la especulación.

Confusión. El proyecto de ley no es claro en la regulación de los diferentes usos que se proponen. Se da el mismo tratamiento al cannabis y al cáñamo de uso medicinal que al cáñamo de uso alimentario e industrial. Nuestra alternativa es diferenciar esa regulación.

Nuestra propuesta ha sido presentada a los diputados que conforman la subcomisión que estudia el proyecto de ley. Estamos a la espera de su valoración, consideramos que un tema tan delicado no debe manejarse a la ligera ni con un enfoque dirigido a los beneficios económicos que pudiera dejar la actividad. Lo principal es garantizar el derecho humano a la salud y esa será nuestra prioridad.

El autor es jefe de fracción del Frente Amplio.