Aunque vivimos una década diferente en las relaciones políticas por el auge del pluripartidismo, la agitada voz de las redes sociales, la apatía en a política electoral, la desconfianza hacia la clase gobernante y la polarización de la sociedad costarricense ante situaciones de la realidad nacional, lo cierto del caso es que las respuestas para establecimiento de canales de comunicación y niveles de atención entre los poderes del Estado y, estos a su vez con la población, siguen siendo los mismos e incluso, me atrevo a afirmar, están desfasados.
Por ejemplo, la figura de un ministro de la Presidencia que, en la época del bipartidismo, resultaba una pieza fundamental para el alcance de consensos o al menos tenía entre sus funciones darle fluidez a la negociación, en los tiempos actuales resulta insuficiente, poco necesario e incluso es motivo para el surgimiento de anticuerpos y conflictos que debilitan aún más el estado de las cosas.
Otro aspecto que debe llamar la atención al próximo Gobierno es el desgaste que sufre los representantes de un gabinete ya que no solo deben enfrentar los problemas que su cargo amerita –que de por sí ya es una tarea ardua– sino también deben estar al frente de luchas cada vez más frecuentes con sectores sociales, lo que implica un nivel mayor de deslegitimación para la implementación de urgentes proyectos que requiere el país.
A este panorama se suma el hecho de que una porción de la clase política decide gobernar “por lo que piensa” –máxime cuando se trata de asuntos de derechos humanos– y no por lo que “deba hacer” en apego a aspectos de inclusión, justicia y no discriminación.
El nuevo Gobierno debe dar paso a la construcción de un manejo distinto de la política, de sus relaciones con el Congreso y con el Poder Judicial y, por supuesto, con la sociedad civil organizada y los sectores sociales representados en sindicatos, asociaciones solidaristas, cooperativismo, entre otros, pues son ejes primordiales para la paz y desarrollo.
Se vuelve necesario crear un grupo negociador, ajeno al gabinete, con poder en la toma de decisiones, capacitado y con experiencia en el manejo de situaciones conflictivas que genere credibilidad entre la mayoría de actores sociales, y que sus recomendaciones para acuerdos sean de recibo y, por ende de respeto, por parte de las autoridades competentes.
Es necesario que el ministro de la Presidencia disponga de un equipo de alto nivel político comprometido en la búsqueda de diálogo permanente con las distintas fracciones legislativas, no solo para que tenga la habilidad de la escucha, sino convertir los resultados de la negociación política en hechos concretos y visibles para toda la población.
De la misma manera, sus acciones deben ser comunicadas a la opinión pública sin doble pose, sin miedo a la crítica y con la convicción que ha sido una decisión meditada, sensata y con visión a mediano y largo plazo.
Tan urgente es para Costa Rica la construcción de obras como la conducción de una política distinta, que debemos reconocer que el modelo vigente debe modificarse pues no responde a las circunstancias que impone la actual vida política.
Algunos criticarán que estas ideas podrían traducirse en más burocracia. Sin embargo, cualquier acción dirigida a mantener la paz social en el país debe ser vista como una ganancia en democracia y en gobernabilidad. El precio de un país estancado, sin movimiento y sin lectura política, significa un atraso imperdonable y un tiempo que nunca más se podrá recuperar.
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