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Cambio climático y justicia ambiental

Actualizado el 01 de diciembre de 2015 a las 12:00 am

La desviación de la meta nacional oficializada sería una posible “regresión ambiental”

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Basado en el principio del derecho internacional ambiental llamado “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, el convenio marco y su protocolo de Kioto, adoptado posteriormente, no fijaron niveles de compromisos vinculantes para los países en desarrollo, algunos de los cuales se han convertido en fuentes muy importantes de gases de efecto invernadero (GEI), como China y Brasil.

Sin embargo, las nuevas evidencias científicas de las consecuencias del cambio climático, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero de países en desarrollo, las deficiencias detectadas en la arquitectura anterior de los instrumentos internacionales y las posiciones de negociación han conducido a un escenario multilateral distinto para construir un nuevo régimen de cambio climático.

El enfoque para alcanzar un acuerdo mundial como instrumento legal en el 2015 en París, y que debería estar en vigor en el 2020, tiene como punto de partida que las contribuciones se efectúen tal como fue previsto y determinado por las naciones (conocidas como INDC por sus siglas en inglés), lo cual incluye a los países en desarrollo.

Esta construcción de “abajo hacia arriba” deja en manos de cada país los niveles de “ambición” que asumirá cada uno en el marco de sus políticas, leyes y realidades socioeconómicas y ambientales.

Por supuesto, la suma de las ambiciones individuales de los Estados debería contribuir a alcanzar el objetivo mundial de mantener el incremento de la temperatura en menos de dos grados.

A la fecha, más de 169 países han presentado sus contribuciones nacionales, y uno de los retos más importantes de la gobernanza climática será diseñar mecanismos de revisión y ajuste de los compromisos para mantenerse dentro de las metas fijadas y evitar así mayores repercusiones ambientales, económicas y sociales.

Compromiso nacional. Costa Rica comunicó su contribución en setiembre pasado e indicó que el 2021 se “constituirá en un punto de inflexión en los esfuerzos de reducción de emisiones y un hito en el camino de descarbonización de su economía”, pero se aparta de la meta de alcanzar la carbono neutralidad para dicho año, asumida anteriormente.

En concreto se compromete a un máximo absoluto de emisiones de 9.374.000 toneladas netas al 2030, de 5.964.988 toneladas al 2050 y alcanzaría la “descarbonización” de su economía en el 2100.

La desviación de la meta nacional anteriormente oficializada y divulgada de ser carbono neutrales para el 2021 ha sido conceptualiza como una posible “regresión ambiental”, prohibida por la jurisprudencia constitucional (votos 1963-2012, 2014-18836 y 12887-2014) y, por ende, eventualmente sujeta al control judicial.

Más allá de esta situación particular, surge la pregunta sobre el posible control judicial de los compromisos adquiridos por un país para mitigar y adaptarse al cambio climático y para juzgar su potencial compatibilidad con el derecho de la Constitución y el derecho internacional (incluidos sus principios).

¿En qué medida, entonces, los tribunales podrían fiscalizar los compromisos adquiridos por los países y obligarlos a incrementarlos?

Al respecto existen algunos precedentes de interés.

Holanda. En un caso que ha adquirido notoriedad (Fundación Urgenda versus el Gobierno de Holanda), del 24 de junio del 2015, un juez del Tribunal de Distrito de La Haya impuso al Gobierno adoptar medidas de mitigación de los gases de efecto invernadero que deberían permitir alcanzar una meta de reducción del 25% en el año 2020, en comparación con los niveles de 1990.

Después de un exhaustivo análisis del marco legal internacional, regional (Unión Europea, convenios de derechos humanos) y nacional, así como de los principios de derecho ambiental y la evidencia científica proveniente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y otras fuentes, el juez concluyó que los compromisos adquiridos por el Gobierno no eran suficientes (reducciones del 17%) y determinó que el anterior nivel de compromiso es necesario para cumplir las obligaciones legales del país.

El juez concluyó, también, que ante las severas consecuencias del cambio climático existe un deber del país de adoptar medidas (sin precisar cuáles deberían ser estas) de mitigación apropiadas para cumplir el objetivo de mantener la temperatura bajo los dos grados.

Pakistán. Un ciudadano planteó una acción de interés público en contra del Estado alegando la inacción del gobierno en materia de cambio climático y los efectos en el disfrute de los derechos fundamentales previstos en la Constitución.

La Corte Suprema de Lahore falló que la ausencia de la ejecución de los instrumentos nacionales adoptados efectivamente vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El juez, incluso, ordenó constituir una comisión de cambio climático, incluida su posible conformación.

En Pakistán rige el common law, y la sentencia puede constituirse en un precedente para otros casos.

Estados Unidos. Si bien en los Estados Unidos existe una notable jurisprudencia en cuestiones relacionadas con los gases de efecto invernadero, energías renovables y estándares ambientales aplicables a instalaciones de generación eléctrica, entre otros, recientemente un grupo de ciudadanos –entre ellos cinco niños– presentó una demanda en la Corte de Pensilvania contra su gobernador y otras autoridades estatales con el propósito de obligar a la regulación de los gases de efecto invernadero, incluida la determinación de la concentración atmosférica, y preparar las correspondientes medidas para alcanzar las concentraciones establecidas como meta (Funk vs. Wolf, No. 467 MD 2015).

Es probable que este tipo de procesos se incrementen ante la inacción o débiles compromisos de los Estados para afrontar un asunto de extrema importancia por sus impactos en el desarrollo económico, social y ambiental de toda la humanidad.

El autor es abogado.

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