Opinión

Caciquismo político

Actualizado el 29 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

La Presidencia tiene siempre un as en la manga para invalidar lo que le conviene

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Donde hay poca justicia es peligroso tener razón. El aforismo de Quevedo, trasladado a Costa Rica cuatrocientos años después, se podría parafrasear puntualizando que, donde hay poca voluntad de aplicar justicia, lo peligroso es pretenderla.

La ética no necesita embajadores; por eso, cuando los pesos pesados de esta Administración se aprestan a asomarse desde todas las plataformas a su alcance –Ministerio de Comunicación ( La Nación , 13/12/12), Defensa Pública ( La Nación , 18/12/12), Ministerio de Justicia y Paz ( La Nación , 19/12/12), ¡e incluso la misma Presidencia! ( La Nación , 14/12/12)- para defender lo indefendible, encontramos en esa sospechosa urgencia simultánea por maquillar la realidad la mejor demostración de sus indisimulables grietas.

Tentativas de relaciones públicas como ningunear a una víctima y cantar las alabanzas de su agresor constituyen un ejercicio en toda regla de harakiri político. Las implicaciones de este episodio son verdaderamente graves desde tres ejes medulares:

1) Padrinazgo de primera línea del indulto. ¿Por qué el aparato del Gobierno se ha volcado en justificar un indulto mediado por el diputado del PAC, M. Oviedo en una intervención calificada por la presidenta como “irrelevante” y que, sin embargo, tiene suficientes visos de tráfico de influencias como para que su propio partido solicite una investigación de la Procuraduría de la Ética?

2) Desconsideración insultante hacia la víctima, B. Araya, que con 13 años de edad, sufrió cinco tiros a quemarropa de B. Arias (hechos ocurridos el 30/03/09). Desde entonces conserva en su cuerpo una de esas balas con importantes secuelas físicas y psicológicas. ¿Por qué su agresor no materializa el arrepentimiento que dice sentir apresurándose, tras casi 4 años de infierno para este joven, a resarcirlo? ¿Por qué no lo hizo desde el principio, cuando su crimen no era vox populi? Tal vez la inmediata preocupación por el estado de quien intentó matar, traducida en compensaciones concretas, hubiera podido inclinar la balanza hacia el indulto; siendo inexistente tal gesto, el Consejo de Gobierno debería haber interpretado ese desinterés culpable como agravante, no como atenuante. Estremece y duele la frialdad de la presidenta Chinchilla en sus declaraciones: “lamentablemente ocurre lo que ocurre” (LaNación, 14/12/12), escueto panegírico dedicado a la parte más débil y desprovista de conexiones.

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3) Alarmante precedente creado para todo aquel que, en un arrebato –las excusas son tan inagotables como la imaginación (sobre todo cuando se esgrimen, como B. Arias, a posteriori)–, decida tomarse la (in)justicia por su mano, hasta el punto de encontrar el aval de las altas esferas en la priorización de unos limones sobre una vida humana (¡y la vida de un niño!).

La Sala de Casación Penal es taxativa al afirmar que “se tuvo por acreditado que las siguientes detonaciones realizadas (referidas a las tres últimas) sí se ejecutaron con la evidente intención de acabar con la vida del menor” y que “no resultan de recibo los argumentos que rindió el imputado en el debate cuando alegó que sus disparos fueron al aire”; si a eso añadimos las excusas de B. Arias sobre la defensa de su hija, a quien ni siquiera menciona la sentencia oral n.º 162-2011 (8/04/11) ni la resolución n.º 2011-01243 del recurso de casación interpuesto (7/10/11) –el imputado la recuerda casualmente durante estos días, memoria filial diferida por años desde los hechos–, enfrentamos otro motivo de escándalo: el Consejo de Gobierno ha indultado, a sabiendas, a un fabulador.

Este desprecio flagrante del Ejecutivo tanto a dos sentencias dictadas como al criterio contrario al indulto del Instituto Nacional de Criminología y del Centro de Atención Institucional recuerda a la deslegitimación, por parte de este mismo Ejecutivo, del informe de la Procuraduría de la Ética (n.º AEP-INF-07-2012 de 26/06/12) contra el vicepresidente L. Liberman y el ministro de Educación L. Garnier por violar la ética pública. Tal parece que la Presidencia tenga siempre un as en la manga para invalidar lo que le conviene. Ni ¢1.100 millones invertidos en mejorar la imagen del Gobierno (ojalá reservaran algo para B. Araya, doblemente agraviado: por su agresor y por dicho Gobierno) bastan para camuflar tanto desaguisado.

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