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Caballo de Troya para la CCSS

Actualizado el 05 de agosto de 2013 a las 12:01 am

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Caballo de Troya para la CCSS

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En el reciente voto 2012-017736, la Sala Constitucional quiebra frontalmente una línea jurisprudencial histórica y copiosa, que reafirmaba y asentaba la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y señalaba, entre otros aspectos, que el legislador ordinario y otros poderes públicos no podían inmiscuirse en temas relacionados con esa autonomía, figura que busca proteger a la Caja del manoseo político oportunista.

Este hecho pone en peligro la institución y, con ella, la seguridad social de nuestro país, por lo que es obligado abrir el debate nacional.

El voto se emite ante una consulta legislativa de constitucionalidad, formulada por varios diputados, referente al proyecto de aprobación del proyecto de ley número 17.175, Ley de Tamizaje Auditivo Neonatal.

Los fines de esta ley son nobles y altruistas, por lo que se aclara enfáticamente que la discusión del presente tema no tiene relación con el fondo y objeto del proyecto de ley, sino con el precedente que sienta el voto de comentario, pues dicho razonamiento, según se utilice, abre un portillo para dejar la autonomía política y de gobierno de la Caja convertida en un “cascarón vacío”, criterio de los magistrados Paul Rueda Leal y Fernando Cruz Castro.

Peligrosa sentencia. El tema generó polémica desde su génesis, y esta peligrosa sentencia presenta varios puntos negativos que llaman a reflexión, entre ellos los siguientes:

1. La resolución no es unánime, se adoptó con el voto disidente de dos magistrados.

2. El voto de mayoría no es unánime en cuanto a sus fundamentos: tres magistrados, si bien votan en mayoría, dan razones diferentes entre sí para fundamentar su criterio. Esto implica que en el citado voto mayoritario hay tres razonamientos distintos, que en algunos conceptos esenciales resultan contrapuestos, lo que hace cuestionar en cuál de esos diferentes fundamentos reside la razón.

3. El voto de minoría es compatible con una línea jurisprudencial y doctrinaria sobre la autonomía de la Caja, establece enfáticamente la violación constitucional y señala el peligro de que dicha autonomía se convierta en un “cascarón vacío”.

4. Desde nuestro punto de vista, la sentencia, so pretexto de alinear la institución con el Plan Nacional de Desarrollo, vacía de contenido la autonomía de la Caja, abriendo la posibilidad de que el legislador ordinario fije metas y objetivos específicos, cuando estos objetivos, fines y metas son susceptibles de alinearse con el Plan de Desarrollo a través de la figura jurídica de las relaciones de coordinación establecidas en el ordenamiento jurídico, sin necesidad de violentar la autonomía de la entidad y, con ello, la Constitución Política.

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En resumen, la tesis del voto de mayoría acepta la posibilidad de que el legislador ordinario regule competencias y materias en que justamente reside la autonomía política y de gobierno de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mientras tanto, el voto disidente considera los puntos abordados por sus compañeros como una “abierta lesión” a la autonomía de gobierno de los seguros sociales consagrada en el artículo 73 de la Constitución.

Los puntos enunciados deben generar preocupación y curiosidad para que la población lea minuciosamente la sentencia y discuta el tema. El discurso utilizado en el voto resulta ambiguo, pues, por una parte, aparenta mantener la autonomía de la Caja y, por otra, autoriza al legislador a que defina temas, metas y objetivos puntuales.

Autonomía. El artículo 73 constitucional dispone que la Caja tiene autonomía de gobierno, de la que deriva la intangibilidad de los fondos y reservas de los seguros sociales que se establece constitucionalmente, y que implica una limitante a los poderes de la República para imponer conductas y objetivos concretos. El voto disidente expone con toda razón y claridad: “La Constitución Política le ha reservado a la Caja Costarricense de Seguro Social la gestión y gobierno de los seguros sociales, motivo por el cual solo ese ente, vía reglamento y sin intervención de ningún otro poder público, puede concretar los beneficios y prestaciones o servicios que ofrece el marco de la seguridad social”.

El precedente posibilita que el legislador defina qué servicios se prestan y de qué manera –con su consecuente incidencia en el presupuesto de la seguridad social–, lo cual, según nuestro criterio, no se corresponde con la autonomía constitucional de la Caja, lesiona la Constitución y, en la práctica, plantea el problema de que no es el legislador quien tiene los datos y estudios técnicos para contextualizar el efectivo cumplimiento del principio de eficiencia.

Así, pues, la condición eventual de que la seguridad social quede a voluntad del parlamento de turno plantea la posibilidad y riesgo de una distribución de fondos y reservas al margen del principio de solidaridad. No podemos permitir el riesgo de que, vía ley, se regulen servicios y prestaciones que obedezcan más a cálculo político que a un auténtico interés de atención a los usuarios.

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Principios. La seguridad social se rige bajo los principios de unidad, igualdad, solidaridad y universalidad, y debe existir una evolución progresiva de los beneficios, en concordancia con la realidad económica del país. La Constitución no solo le encarga esta tarea a la Caja, sino que la protege de los poderes públicos, pues, en el fondo, la verdadera dimensión de los principios mencionados solo puede darse efectivamente a partir de los datos reales y el conocimiento técnico.

Queremos llamar la atención sobre el tema, generar el debate nacional de todos los sectores, pues la seguridad social es de todos. La Sala Constitucional deberá aclarar y dimensionar los alcances de las consideraciones expuestas en el voto, a fin de evitar la mínima oportunidad de que el pronunciamiento se pueda convertir en un caballo de Troya para la seguridad social.

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