Opinión

La CCSS debe asumir su responsabilidad

Actualizado el 16 de octubre de 2013 a las 12:05 am

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A inicios de los años 80 se creó la Autoridad Presupuestaria, cobijando a todas las instituciones del Gobierno (Estado). Posteriormente, muchas instituciones se salieron del controly, si no se salían, diferentes grupos gremiales comenzaron a obtener leyes especiales, o laudos y sentencias, que les favorecían de manera especial con respecto a las instituciones del Gobierno Central.

En la primera década de este siglo encontramos una situación realmente crítica, donde, según nuestros estudios, al año 2006 hallamos que los salarios de los profesionales del Gobierno Central, un poco menos los de los docentes, estaban ubicados por debajo del percentil 30 del mercado salarial público. Éramos el “piso” de los salarios del Estado. En este sentido, ante el reclamo de diversos grupos de las administraciones Rodríguez, Pacheco y Arias Sánchez, que veían cómo se les iba, de manera abrupta, cientos de profesionales hacia autónomas y otros poderes, es que se hace el estudio y se determinan los datos que todos conocemos.

Precisamente, fuimos nosotros los que propusimos una política para cerrar brechas salariales con el mercado del sector público, la cual, ante lo manifiesto de las diferencias abrumadoras, logró el apoyo necesario de las autoridades gubernamentales. Originalmente, el informe se hizo considerando esos elementos y que beneficiaría a unos 7.000 profesionales. Posteriormente, el Gobierno decidió integrar a los docentes dentro de los beneficios que daba la política de percentiles, pero en condiciones diferenciadas.

Lo que las demás instituciones hicieron fue no permitir que los funcionarios del Gobierno Central cerraran esa brecha. Y muchas de ellas, la CCSS incluida, por su propia voluntad ampliaron dicha brecha. Obsérvese que, ya desde el año 2007, la CCSS planteaba una política de percentil 50. Esta dice: La presente política salarial institucional procurará que, al 01 de julio del año 2007, los salarios de contratación ubicados en el rango percentil 50, conforme a los resultados de la encuesta que se efectuó al segmento de mercado salarial de las instituciones públicas y privadas seleccionadas, sujeto a la disponibilidad económica y a la razonabilidad del ajuste técnico”. Incluso, posteriormente a esto, cambió su política para tomar como mínimo los aumentos salariales que se daban a los trabajadores del Gobierno Central.

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Si bien es cierto lo que dice La Nación , respecto a la existencia del Decreto del Reglamento del Estatuto de Enfermería, así como lo acordado con profesionales en medicina, no fue porque automáticamente se infería eso del Estudio de Percentiles, sino por negociaciones en las que la CCSS tuvo una participación activa, y allí se determinaron los porcentajes, siendo estudios de factibilidad financiera presentados por la CCSS, insumos necesarios para que el Gobierno acordara los porcentajes para enfermeras, médicos y demás.

Esta situación se da, debido a que la CCSS,como máximo empleador de enfermeras y profesionales en medicina, lleva la voz cantante. La participación de la DGSC es simbólica (asesora). Profesionales de enfermería corresponden al 20% de los empleados de la CCSS. ¿Por qué el aumento a todo el universo de los empleados de la Caja? Esa es una decisión absolutamente autónoma, soberana. Tanto es así que nosotros sabemos que, cada vez que se pagaba un percentil, la misma semana en que se emitía la resolución la CCSS solicitaba que se le certificaran las resoluciones para proceder ellos a aplicar, al menos, la misma política, a sabiendas de que, incluso, podía ser mayor debido a que ganan una anualidad superior. Creemos que, si bien es cierto que se emitió la política de percentiles, y esa política, en alguna medida, pudo impactar a enfermeros y a médicos, lo cierto es también que todo lo demás se dio con base en una política interna de la CCSS, la cual elevó los salarios, ampliando de nuevo la brecha que se pretendía cerrar, y que era lo que el Gobierno buscaba,y otras instituciones públicas y otros poderes, cuyas decisiones están llevando a colocar a los profesionales del Gobierno Central en una situación de tercera o cuarta categoría en el mercado laboral, siendo el personal del Gobierno Central el responsable por el impulso de muchas de las políticas públicas del país.

El Gobierno se da cuenta de que el sector profesional del Gobierno Central, que es un sector importante para la economía del país, tiene un deterioro enorme en materia salarial, producto del rezago de muchos años. Y, tratando de mejorarlo, cerrando brechas, para atraer y retener profesionales capacitados, acciones como las que toma la CCSS, por decisión propia, unilateral y autónoma, lo que hacen ver es que se pretendería, entonces, que los profesionales del Poder Ejecutivo tengan que ser siempre de tercera o cuarta clase. Por así decirlo, los “pares” pobres del sector público, lo cual lleva intrínseca una percepción errónea de equidad salarial, de calidad y de capacidad laboral.

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De una vez por todas, la CCSS debe asumir su responsabilidad. Ellos le aumentaron, en proporciones similares o mayores que al Gobierno Central, al 80% de su gente, por una decisión absolutamente propia, no porque de la política de percentiles generara nada de carácter obligatorio.

Nosotros no somos, ni fuimos, una amenaza para competir con los salarios de la CCSS.

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