La Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (CNP) obliga a las instituciones públicas a comprarle directamente todos los suministros a los precios que él CNP establezca. Esa ley fue formulada en el año 1956, en el marco de las reformas sociales y económicas que caracterizaron la conformación de la Segunda República y como respuesta a la situación de los productores costarricenses durante ese momento.
Sin embargo, en estos poco más de 60 años, Costa Rica cambió. Nuestro país se ha ido posicionando en el mercado global con gran éxito al implementar mejoras tecnológicas, logísticas y sanitarias para competir en igualdad de condiciones con países más poderosos. El CNP, ante la gran diversidad de productos disponibles, ha ido también promoviendo varias reformas al texto original de su ley orgánica, para que las instituciones públicas no solo estén obligadas a comprarle los productos genéricos, sino también pesqueros e industrializados.
Cambios en la ley. En el pasado reciente, algunos pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Procuradoría General de la República (PGR) permitían a las instituciones públicas no comprarle directamente al CNP cuando este ofrecía como suplidor a empresas que podían comercializar por sí mismas sus productos o cuando los precios ofrecidos eran superiores a los que pueden conseguirse en el mercado.
No obstante, una reciente directriz firmada por el presidente de la República y por el ministro de Agricultura cierra esa posibilidad y, en forma enfática, obliga a las instituciones a comprar a los precios establecidos por el CNP y aclara que, cuando los pequeños y medianos productores carezcan de oferta, podrán contratar otro proveedor.
Por ejemplo, los hospitales deberán comprar directamente al CNP, aunque el precio ofrecido sea más alto que el que podría venderles la misma empresa suplidora si la dejaran hacer la venta directamente. Esto, a pesar de que es la propia empresa la que debe llevar los productos a cada hospital, pues la participación del CNP es exclusivamente de intermediación.
Tigre contra burro. Obligar a las instituciones públicas a proveerse del Consejo es un típico ejemplo de burro amarrado contra tigre suelto. ¿Y dónde queda la responsabilidad de hacer el mejor uso de los recursos públicos? Costa Rica está avanzando y en esta realidad el CNP debe hacer un análisis profundo y actualizar sus funciones: cuáles siguen vigentes, para fortalecerlas; cuáles están obsoletas, para eliminarlas; y cuáles están faltando, para incluirlas.
No se vale que el dinero del Estado, que es de todos los costarricenses, se gaste irracionalmente para cumplir una normativa cuya vigencia se debe solo a su falta de actualidad.