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Bueyes al frente

Actualizado el 23 de junio de 2013 a las 12:00 am

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La nueva planta proyectada por Recope en conjunto con la China National Petroleum Corporation sufrió un duro revés en la Contraloría General de la República, por razones advertidas desde hace meses.

En setiembre del 2011, un editorial de este diario rezaba: “El mismo conglomerado de empresas encargado de la construcción dice cuánto cuestan las obras y evalúa el negocio potencial. Así, la petrolera china le puso precio al proyecto, su subsidiaria lo certificó como razonable y el Gobierno costarricense le dio su aprobación”.

El cuestionamiento se había reflejado antes en informaciones de La Nación y ahora se halla entre los motivos esgrimidos por la Contraloría para echar por tierra el contrato. Sin embargo, a esta fecha hay $50 millones empeñados por Recope en la fallida empresa.

El aporte se hizo en dos tractos de igual monto, el segundo de los cuales obtuvo la autorización de la Contraloría a finales de julio del 2011, luego de la aprobación del estudio de factibilidad por Recope y el Gobierno. Solo resta lamentar el orden de los acontecimientos. Si los problemas detectados hoy hubieran sido identificados en el momento más conveniente para los intereses nacionales, los $50 millones no estarían en riesgo.

Si el periodismo ventiló las dudas en setiembre, es razonable presumir que la Contraloría pudo haberlas detectado dos meses antes, cuando se le pidió autorizar el segundo desembolso. Más útil habría sido reparar en los problemas antes de hacer el primer aporte.

Con la carreta delante de los bueyes, Costa Rica se compromete una y otra vez a la ejecución de proyectos cuyo resultado neto son pérdidas. El costo acumulado en el tiempo resulta alarmante.

No sabemos cuánto exigirá la empresa brasileña encargada de la carretera a San Ramón, pero sí conocemos las cláusulas del contrato que aconsejaban abandonar el proyecto. Hay bien fundadas dudas sobre el costo total, pero una sola de las condiciones habría bastado para cuestionar el acuerdo: la concesión se hizo a 30 años plazo, sin prever la terminación anticipada por un tráfico de vehículos superior al estimado inicialmente.

Los contratos fallidos en el campo de la minería y la exploración petrolera también vienen a cuento. Sin importar la opinión de cada cual sobre la conveniencia de esas actividades, todos podemos coincidir en que las razones de su fracaso eran previsibles.

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Detrás de cada traspié hay gestores estatales y mecanismos de supervisión. Unos y otros han demostrado insuficiencia, pero a nadie se le adjudican responsabilidades, como si un pueblo que adoptó por símbolo la carreta no supiera dónde poner los bueyes.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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