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Brisa fresca entre rejas

Actualizado el 03 de diciembre de 2013 a las 11:43 am

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Brisa fresca entre rejas

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La sobrepoblación penitenciaria y el desfinanciamiento de la Dirección General de Adaptación Social han imposibilitado una respuesta a los puntos urgentes de la “estrategia país” en la lucha por la seguridad de los habitantes. Más bien, el endurecimiento de las penas, una mayor eficacia del Poder Judicial y cuerpos policiales mejor equipados y entrenados, han fortalecido el aparato represivo del Estado y han llenado las prisiones. El problema es que, políticamente, se decidió que las cárceles no tuvieran el mismo destino que las otras agencias del sistema de justicia penal, en cuanto a la asignación de recursos.

Así como necesitaremos fuertes inversiones en infraestructura vial y mayor eficiencia y eficacia en las organizaciones públicas, también es una necesidad imperiosa la inversión en recursos humanos e infraestructura en el sistema penitenciario costarricense. Las “presas” en las calles metaforizan el atascamiento de todo el Estado, saturado de trámites interminables que desalientan la inversión y hacen que muchos de los servicios públicos se vuelvan realmente tortuosos.

El presente estado de cosas no beneficia a nadie: ni al ciudadano común ni a los empresarios o agricultores, tampoco a los políticos de turno, y mucho menos a los candidatos de la futura administración. Estos últimos se toparán con una Costa Rica harta de promesas incumplidas y con un Estado que requiere urgentemente de una reforma tributaria justa e inteligente. No solamente las personas con mayor ingreso y las empresas deberán pagar por lo que hoy se embolsan: sin el aporte de la extensa clase media, el cambio será imposible.

Todos, sin excepción, debemos aportar para refinanciar nuestras instituciones y generar nuevas y mejores oportunidades para el desarrollo nacional, y los sectores de menor ingreso: la inequidad en la distribución de la riqueza y la desigualdad social son consideradas las principales potenciadoras de la criminalidad actual.

Represión, un mal negocio. Aumentar el castigo de los penados y reforzar el aparato represivo del Estado será un esfuerzo con resultados meramente coyunturales, mientras no se fortalezca un sistema penitenciario llamado a respetar los derechos humanos y generar nuevas oportunidades para las personas privadas de libertad. Encerrar y hacinar es exactamente igual que “vigilar y castigar”: es el peor negocio que estamos haciendo de cara a nuestra futura seguridad, un negocio tan torpe como el que se pensaba hacer con la carretera a San Ramón.

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Lo que la organización penitenciaria necesita son recursos humanos, policías, maestros, trabajadores sociales, administrativos, infraestructura, víveres y equipo. Todo ello está debidamente proyectado y documentado en el Ministerio de Justicia, a la espera de inteligencia política y voluntad patriótica. La actual Administración, también, podría dejar sentadas las bases requeridas para iniciar un proceso de infraestructura liviana y contratación de nuevo personal para continuar, en la próxima administración, el discurso del préstamo BID-Justicia.

El riesgo en la operación penitenciaria es evidente y compromete la calidad de los productos y servicios estatales, así como la seguridad mental y física de los actores de dicho escenario. Mientras el sector político cumple con las obligaciones que juraron respetar, el despacho de la ministra de Justicia y Paz y la Dirección General de Adaptación Social hacen insignes esfuerzos por reducir el riesgo y cumplir con la ejecución de las penas, prisiones preventivas, atención a menores de edad y a los programas abiertos, con la mayor diligencia posible.

Alineación de funciones. Desde hace algunos años, la institución carcelaria y el despacho ministerial demandaban alinearse en una misión común: establecer prioridades de corto plazo en el delicado escenario penitenciario, replantear el destino de los pocos recursos financieros y humanos con que se cuenta y aglutinar todos los esfuerzos alrededor de un verdadero liderazgo centrado en la realidad penitenciaria.

Se confirma como necesaria una representación constante ante la Presidencia de la República y el Consejo de Gobierno.

Como norte, tener un pensamiento criminológico, una visión humanista de los derechos humanos y de la concepción de género, y un liderazgo validado por el conocimiento de la criminalidad latinoamericana y global: fuerza, claridad y presencia. Recuerdo que, hace unos años, en la Escuela de Capacitación Penitenciaria se presentaba la nueva ministra de Justicia y Gracia de ese entonces, y el recién designado viceministro me confesaba, acongojado y sudoroso: “De esto yo no sé nada, tienen que ayudarme”.

No puedo más que preguntar: ¿de dónde salen estos improvisados que dirigen organizaciones públicas especialmente sensibles complejas y estratégicas para los costarricenses? ¿Qué determina que una persona sin experiencia alguna en estos asuntos, ni interés previo y sin la formación requerida, sea designada en un puesto tan delicado?

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De la misma manera que nos asiste el irrenunciable derecho a discrepar, resulta extraordinario cuando la coincidencia permite, pese a las diferencias, enlazarnos en un manojo de voluntades y hechos que admiten la defensa de la vida, así como de los más nobles ideales y tareas encomendados por la patria.

Equipo capacitado. Precisamente, el Ministerio de Justicia y Paz, al final de esta administración, con la llegada de la recién nombrada ministra, está llamado a formar un equipo sólido y experimentado de trabajo. Su formación como abogada y su doctorado en criminología, obtenido en Italia, perfilan una autoridad en los temas de manejo de violencia y una buena gerente pública.

El mejor grupo de trabajadores penitenciarios de América Latina y el Caribe, que sin duda es el nuestro, cuenta ahora con un liderazgo adecuado. Son estos, tiempos para convocar la fuerza y sabiduría de nuestra querida Elizabeth Odio Benito, el pragmatismo de Mónica Nágel, la serenidad espiritual de Enrique Castillo, el valor de Patricia Vega y otras virtudes que brillan en medio de este desierto ominoso de miseria, rejas y dolor.

En estos momentos difíciles que atraviesa la organización penitenciaria costarricense, el interés enfocado en nuestra misión, al margen de la politiquería y los cálculos personales, es condición imprescindible de una ministra de Justicia y Paz.

La llegada de Ana Isabel Garita ha sido una brisa fresca que alivia la desesperanza de una institución en riesgo, pero vital para el país. Los “penitenciaristas” y las personas privadas de libertad damos las gracias.

Esta vez, la señora presidenta acertó.

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