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Blindaje nocivo…

Actualizado el 29 de julio de 2014 a las 12:00 am

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Blindaje nocivo…

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No sé si reír o llorar. Los reportajes de La Nación sobre Fonabe me sacaron de mi desencanto y letargo de “opinador” sobre los problemas recurrentes de dirección y planificación que tienen al país sin ganarle la lucha a nada cuando debía, aunque puede ganarlas todas.

En particular, se trata de declaraciones anteriores del exministro Garnier, sumadas a las del 17 de julio, de la actual viceministra de Educación, en el sentido de que el despacho del ministro “no tiene autoridad” para orientar a dicho “órgano desconcentrado”, y, más aún, las del “ministro de Bienestar Social” –o sea, el presidente del IMAS–, siendo ello indiscutible competencia legal del de Trabajo, cuando dice que “considera una eventual intervención, pero no lo ha hablado aun con el presidente”, o, peor aún, “una nueva ley” para eliminar Fonabe y pasar la actividad al IMAS.

Improvisación. Todo esto es inobjetable evidencia de que la tragedia en Costa Rica no es el exceso de leyes e instituciones, sino la improvisación endemoniada con que nuestros jerarcas públicos y funcionarios de carrera actúan en el manejo de muchas buenas leyes y de los voluminosos recursos puestos en sus manos para cumplirlas cabalmente, así como también la dificultad para que quienes tienen que exigir cuentas –Asamblea Legislativa, Contraloría, Defensoría, Ministerio Público y medios de comunicación– lo hagan como deben.

Sépase que la Constitución y, mínimo, la Ley General de la Administración Pública sí permiten al presidente, con cada ministro, dirigir (o sea, enrumbar) tanto a entes autónomos como el ICE y la Aresep –sí, señores, algo que ni el jerarca de ésta ni el presidente parecen haber tenido claro en su reciente intercambio sobre “métodos”– y, con mucha más razón, a “órganos” como Fonabe, consejos del MOPT y tantos otros, por “máxima” que sea su desconcentración.

Todo lo que se necesita es saber hacerlo vía directrices que les impongan metas y tipos de medios. Es su incumplimiento lo que, precisamente, justificaría la intervención, y hasta destitución, de esas juntas directivas. Pero, si el Poder Ejecutivo no las emite porque no sabe cómo, o porque no le da la regalada gana y “nadie” con autoridad se lo demanda, entonces no habrá ningún incumplimiento que justifique intervenirlas.

Esto debía saberlo el jerarca del IMAS antes de embarcar al presidente para intentar una intervención (no olviden los alcances del art. 11 constitucional), o esperar una nueva ley pudiendo hoy, ya, exigir de Fonabe los ajustes indispensables. Si no se tiene esto claro, seguiremos con tanta ineficacia y falta de transparencia institucional, y todos culpando al “funcionario público” como el malo de la película, cuando son los líderes quienes, con rostros constreñidos por la emoción, siempre “juran cumplir” el 8 de mayo para, al día siguiente, esmerarse en improvisar el ejercicio de la autoridad, en vez de ejercitarla como tienen que hacerlo: con conocimiento, consistencia y determinación.

Jorge Vargas Cullel comentó aquí, ese mismo día, que el CNP y el INVU siguen deambulando “por ahí”, aun cuando hace tiempo “dejaron de cumplir con sus leyes”. Fernando Zamora propuso, también ese mismo día en la Página 15 de este diario, reformas constitucionales específicas que permitan a entes hoy autónomos convertirse en empresas públicas “más dinámicas”.

Entidades ‘deambulantes’. Lo preocupante aquí es que no se analice cómo y por qué esas instituciones, de gran impacto positivo una vez, “se desviaron” de sus mandatos legales convirtiéndose en “deambulantes”, cuando las necesidades que atendían no estaban –ni están– para nada satisfechas. Ni cómo Codesa antes y, ahora, Recope son ejemplos de “esas” empresas públicas que fallaron en muchos sentidos, sin que se analicen ni confronten las causas sociopolíticas y administrativas de ello, causas que permanecerían incólumes en eventuales reformas parciales.

Mi argumento es que estas viejas causas siguen vivitas y coleando sin indicios de que se les enfrentará hoy a fondo y en serio, sin esperar a cambios legales “mayores”. Esto puedo verlo claramente en la directriz 006-Mideplan, del 23 de junio, una confusa normativa que, auguro, será muy disfuncional, sobre todo en lo regional y participación ciudadana, pues diluye materias, mecanismos y responsabilidades institucionales. Además, se “motiva” en decretos pasados que, en algunos aspectos gruesos, son, sin decirlo, sustituidos en la misma directriz, lo cual provocará contradicciones jurídicas y operativas que, por dicha para el Gobierno, a nadie más parecen importar.

Institucionalidad rescatable. Aún sostengo que la institucionalidad existente es rescatable. Pero, a pesar de los consejos que oficialmente se me pidieron y di a un grupo de jerarcas actuales sobre cómo superar el blindaje mostrado por el país, en cuanto al máximo aprovechamiento que sí puede obtenerse del ordenamiento jurídico actual para un gobierno de primera, creo que se están cometiendo errores de bulto, partiendo, en este caso preciso, de situaciones como estas sobre Fonabe y Aresep, pero también de lo que Mideplan está promoviendo y avalando, inclusive sobre la ilegítima y disfuncional figura de presidentes ejecutivos con rango de ministro sin cartera, sin atreverse nadie a advertir o demostrar al presidente por qué eso “está muy mal”.

Si Mideplan mismo sigue desenfocado, o blindado, contra la claridad conceptual y operativa de “su propia” ley 5525, todo el Gobierno irá mal. Y una leguleyada más: creo que, lejos de “organizar” la formulación del Plan de Desarrollo vía una directriz –si se sabe realmente qué significa esto–, lo que se hizo fue “reorganizar” el Gobierno, algo que debió hacerse por decreto ejecutivo, o sea, como una reglamentación de la ley 5525.

Mala consejera. La premura por “hacer cosas” es mala consejera cuando no se tienen claros los conceptos esenciales y los problemas en juego. Pobres los pobres. Mas, también, los empresarios y la clase media. Por eso digo que no sé si reír o llorar… de la “nervia” que me provoca esta recurrente o repetitiva falta de claridad conceptual, legal y operativa al inicio de un nuevo Gobierno, sobre todo uno en el que se depositaron tantas esperanzas de cambio real.

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