Opinión

Batalla político-judicial en EE. UU.

Actualizado el 21 de febrero de 2016 a las 12:00 am

Los criterios que utilizará el presidente no se limitan a lo ideológico o a lo demográfico

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La muerte de Antonin Scalia, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha generado controversias. La Corte Suprema cumple un papel muy importante en el proceso político de ese país en un momento de confrontación entre las ramas del Estado, dominadas por partidos diferentes y en abierta polarización.

La partida del juez Scalia podría llevar a la ruptura de la actual correlación de fuerzas en esa Corte dominada (5-4) por los conservadores, su muerte abre el espacio para que el presidente Obama proponga al Senado un nuevo magistrado y rompa la hegemonía conservadora.

No ha sido de extrañar que los senadores republicanos hayan señalado que el actual inquilino de la Casa Blanca no debe realizar ese nombramiento, sino el próximo presidente.

Para entender este complejo proceso, es importante ver la filosofía del Derecho del juez fallecido, examinar casos pendientes, analizar las consecuencias políticas de este nombramiento y estudiar el perfil de algunos posibles candidatos del presidente, quien ha dejado claro que tomará pronto esa decisión.

Originalismo. Antonin Scalia desarrolló una doctrina judicial que ha recibido el nombre de “originalista”. Según esa visión, la interpretación de la Constitución debe realizarse de manera literal acudiendo solamente al texto y la realidad de la época en que fue formulada.

Crítico de sus opositores, afirmó, de manera sarcástica: “Hemos llegado a determinar la existencia de libertades constitucionales –el derecho al aborto, el derecho a la sodomía homosexual– con débiles raíces en las tradiciones del pueblo americano y que constituyeron crímenes por 200 años”.

El orginalismo rechaza acudir a interpretaciones sobre la intención del legislador, los debates parlamentarios o a la evolución de la sociedad. Este enfoque ha llevado a un activismo de los conservadores para desmontar muchas decisiones anteriores.

Scalia pensaba que los jueces supremos traspasan la línea entre la aplicación de la ley y la legislación asumiendo funciones legislativas. Él quería que los tribunales jugaran un papel limitado en la interpretación de los textos. Ante la necesidad de nuevos significados, debería ser el pueblo, por medio de sus representantes, el que los elaborara.

Atendiendo a esta doctrina, Scalia llegó a señalar: “El juez no originalista decide sobre el moderno significado de la Constitución, aplicando, tal vez, sus principios favoritos de filosofía moral, o únicamente su análisis de lo que los tiempos requieren, escapando así a la aplicación de cualquier parámetro claro”.

Queda, sin embargo, la duda sobre la metodología utilizada para descifrar la intención original de los constituyentes de hace doscientos años, así como de los votantes en los procesos de ratificación.

Scalia hablaba de la Constitución muerta frente a los defensores de la Constitución viva, reivindicando lo constituido (textualismo), frente a una visión de la Constitución adaptándose continuamente a la evolución social.

El originalismo lo llevó a reservas en temas como la segregación en las escuelas, el aborto o a votos disidentes sobre el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, las detenciones indefinidas en Guantánamo y el alivio al hacinamiento carcelario.

La ausencia de Scalia alterará el rumbo de la filosofía judicial para la próxima generación, si la correlación de fuerzas entre conservadores y progresistas cambia.

Casos pendientes. La política migratoria de Obama, la reforma sanitaria y los anticonceptivos, la discriminación positiva, restricciones al derecho al aborto, la financiación de los sindicatos, la selección de jurados y el derecho al voto son temas que aguardan decisión para junio.

Si el nuevo integrante no fuese nombrado pronto, son probables los empates (4-4), en cuyo caso prevalece la decisión adoptada por el tribunal anterior y, ante la ausencia de una resolución de la Corte Suprema, no se establecería ningún precedente legal y las demandas podrían replantearse.

Impacto político. El nombramiento se inscribe también en el marco de la actual campaña electoral por la presidencia y por puestos en el Senado.

El efecto inmediato será polarización ideológica en un sistema político ya dividido por la confrontación partidaria. La batalla por fijar la dirección de la Corte se extenderá al escenario electoral y veremos que temas como el aborto, la cuestión ecológica, la reforma sanitaria y la reforma migratoria ocuparán el espacio de la propaganda y los debates.

Estos temas afectarán las campañas senatoriales, particularmente en aquellos estados donde se relacionan con intereses de las bases electorales. Un ejemplo de esto será la discusión sobre la migración, con la posibilidad de que millones de latinos indocumentados puedan ser deportados ante una decisión desfavorable hacia actos administrativos de Obama.

Posibles candidatos. La demografía electoral y el test ideológico se relacionan estrechamente con la selección del candidato que propondrá el presidente, quien, aparte de los méritos académicos y la experiencia profesional, tendrá que tomar en cuenta factores político-electorales.

Obama puede tratar de tranquilizar a las bases demócratas o abrirse hacia los republicanos proponiendo un candidato moderado en la confrontación entre liberals (progresistas) y conservadores.

Una de sus opciones podría ser Loretta Lynch, actual fiscala general, quien sería la primera mujer negra en la Corte. Esta combinación de género y raza pondría en dificultades a algunos senadores republicanos en estados con inclinación progresista.

Kamala Harris, actual fiscala general de California, puede ser la opción soñada para los liberals, pues satisface al partido por sus orígenes (negra e indoamericana) y por sus posiciones ideológicas.

Merrick Garland y Jane L. Kelly, ambos jueces de apelaciones, serían otras opciones, particularmente esta última que fue confirmada en su actual puesto por una votación de 96 a 0 en el Senado. Estas propuestas no movilizan mucho a los demócratas, pero podrían dividir a los republicanos.

Una de las opciones más atractivas es el juez de apelaciones del distrito de Columbia, Srikanth Srinivasan, nacido en la India, un signo positivo para los asiático-americanos que constituyen el grupo de apoyo demócrata que crece más rápido. Sin embargo, su práctica legal como abogado de grandes corporaciones podría generar oposición en el partido de gobierno.

También se mencionan el cubano americano Adalberto J. Jordan y el afroamericano Paul J. Watfford.

Los criterios que utilizará el presidente no se limitan a lo ideológico o a lo demográfico. Obama tendrá en cuenta la edad, pues querrá afectar la dirección de las decisiones judiciales de los próximos treinta años dado el carácter vitalicio del cargo.

Igualmente, se habla del tema de la diversidad profesional, la Corte actual está integrada por jueces, no hay abogados defensores y el peso de los litigantes es débil, así como el de abogados con experiencia política.

La decisión será difícil y deberá vencer primero la resistencia del Comité de Asuntos Judiciales del Senado y del líder de la fracción republicana a convocar audiencias para conocer del nombramiento. Obama ha rechazado esta posición alegando su obligación y legitimidad constitucional de proponer un nombre con independencia del proceso electoral .

Mientras tanto, los grupos de presión y las fuerzas políticas toman posiciones en las orillas del Potomac para librar una batalla político-judicial que promete ser épica.

El autor es politólogo.

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