Opinión

Bancrédito no debe cerrarse

Actualizado el 11 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

El Banco Crédito Agrícola debe convertirse en una sociedad anónima con ley propia

Opinión

Bancrédito no debe cerrarse

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Bancrédito, el menor de los tres bancos estatales, atraviesa por una crisis de negocios. Las opiniones se han dado en dos sentidos: fortalecerlo o eliminarlo. Conocidas personas públicas, como el diputado Ottón Solís Fallas y el analista Juan Carlos Hidalgo, ya le dieron el acta de defunción. En otro sentido, el economista Luis Mesalles y el politólogo Jorge Vargas Cullell creen factible su supervivencia.

El experimentado banquero y economista Gerardo Corrales Brenes escribió, en La Nación del 24 de abril, consideraciones y cuantificaciones de la reorganización de Bancrédito y para el expresidente del Banco Central, abogado y economista Jorge Guardia, “más audaz sería venderlo mediante ley especial” ( La Nación 25 de abril).

Quienes firmamos este artículo creemos que Bancrédito debe convertirse en una sociedad anónima con ley propia y acorde con la ley del sistema bancario nacional, como inicio ejemplar de una reforma de las estructuras públicas y privadas de la nación costarricense, con un buen ambiente político actual, con el objetivo de lograr un equilibrio lógico de estas en aras de un desarrollo sostenido a corto, mediano y largo plazo para mejorar los hábitos del ciudadano, sus condiciones de vida y su nivel económico social.

En otras palabras, aumentar la producción nacional de bienes y servicios en los sectores público y privado, generar empleos para las nuevas generaciones y establecer precios competitivos con el mundo exterior. También se propicia el ahorro popular para una rentabilidad fácilmente apreciable y se alienta un renovado ritmo de la Bolsa de Valores.

Concretamente, la propuesta es la siguiente:

1. Crear una sociedad anónima abierta a la suscripción pública de capital.

2. Establecer una estructura de capitalización del 15% del Estado costarricense, aumentable en un 9% para entidades públicas locales, 25% del personal de Bancrédito y 51% de inversión privada a través de una bolsa de valores.

3. Con lo anterior se posibilita el control público por parte de la Contraloría General de la República y del Banco Central de Costa Rica, el aporte de un personal experimentado y con interés económico directo en los resultados y también la acción de la iniciativa privada como conductora de negocios.

4. La ley que se propone no debe ser excesivamente reglamentista, pero sí con parámetros que garanticen que ninguno de los socios capitalistas tendrán la decisión final en temas de trascendencia, por ejemplo, limitando que ninguna parte de la iniciativa privada (personas físicas, jurídicas o grupos económicos) decidan por sí solos. Tendrá una junta directiva de cuatro miembros (presidente nombrado por los inversionistas, y secretario, tesorero y vocal por los otros accionistas. El primero con doble voto en casos de empate).

5. Igualmente se posibilita cierta flexibilidad como sociedad anónima que pueda administrarse en áreas estratégicas con amplia libertad, por ejemplo en contrataciones directas, servicios outsourcing muy especializados u ocasionales necesarios.

Finalmente, a manera de ilustración, y tomando como base la cifra de $160 millones del economista Gerardo Corrales como valor de venta, el Estado costarricense aportará $24 millones; el personal, de sus prestaciones, aportaría $40 millones, y la inversión privada los restantes $96 millones, evitándole al contribuyente costarricense la pérdida que el Poder Ejecutivo estimó en un porcentaje significativo del producto interno bruto PIB.

Artículo escrito por Fernando Fumero Páez, José Joaquín Jiménez, Francisco Marín Alvarado, Ricardo Mata Arias y Ana Fumero Obregón.

  • Comparta este artículo
Opinión

Bancrédito no debe cerrarse

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota