Después de varios años, la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 20 de junio en primer debate las reformas que requería la ley del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD). El camino que tuvo que enfrentar no fue nada sencillo: grandes discusiones y mociones fueron demorando su aprobación, entre ellas la disminución de la pena a los bancos privados que optaran por no trasladar los recursos señalados y artículos que algunos diputados consideraban inconstitucionales y que la Sala Constitucional podría declarar ilegales.
Se envió a su respectiva consulta a la Sala Constitucional y, transcurridos alrededor de 30 días hábiles, solamente objetó el artículo que establece que el Consejo Rector del Sistema Banca para el Desarrollo selecciona discrecionalmente un banco estatal como fiduciario para que administre el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade).
Por lo anterior, le corresponde a la comisión de Consulta de Constitucionalidad corregirlo y especificar que el banco estatal que administre los fondos destinados a los créditos se debe seleccionar a través de un proceso de licitación pública. Una vez realizado este ajuste, la Asamblea Legislativa podrá aprobar en segundo debate tan importante y necesaria ley. El Gobierno debe incentivar la producción nacional, el consumo interno y la generación de empleo a través de políticas adecuadas que promuevan la creación o el fortalecimiento de las mipymes, importante sector que representa el 97% del total empresarial, contribuye con el 30% del PIB y generan el 50% del empleo privado, pero a cuyo desarrollo solamente se destina un 8,6% de los préstamos bancarios.
La pobreza en nuestro país, de un 20%, se ha mantenido estable en las últimas dos décadas, el desempleo en 8.5% y alrededor 336.000 ciudadanos se encuentran en extrema pobreza.
La Banca para el Desarrollo debe convertirse en una herramienta generadora de nuevas y buenas empresas, con la que pueda accederse a un crédito bancario más favorable que en la banca tradicional, con menores intereses, plazos, período de gracia y con un fondo de garantía.
Para hacer sostenible en el tiempo esta organización, los préstamos deben estar dirigidos a aquellas empresas que –se encuentren operando o vayan a iniciar– demuestren ser viables y factibles. El objetivo es ayudar el desarrollo económico, político y social de nuestro país, por lo que se debe garantizar su solidez administrativa y financiera a través de una gestión eficiente.
En la actualidad, esta excelente iniciativa acumula unos ¢400 mil millones de fondos, provenientes del peaje bancario, que se podrán utilizar para impulsar este importante sector.
Paralelo a lo anterior, debe existir una verdadera coordinación entre la SBD y las instituciones públicas y privadas, las universidades, el INA, el sector cooperativo y los colegios técnicos, para que orienten sus programas con el fin de incentivar y preparar a los emprendedores-empresarios (no todos los emprendedores son empresarios) en el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades para la creación de sus propios negocios o hacer sólidos los ya existentes, elementos vitales para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo y disminuir el riesgo al fracaso.
A los empresarios objeto de crédito se les debe facilitar capacitación, asesoría y asistencia técnica de calidad, con profesionales experimentados, para estar mejor preparados y conducir sus negocios con las opciones que el mercado les ofrece, como industria, comercio, servicios, artesanía, agricultura y turismo, logrando una distribución más equitativa de la riqueza y una sociedad más justa.