Baja de la delincuencia en Nueva York y Costa Rica

El modelo de Nueva York ha tenido influencia en Centroamérica, con resultados negativos

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De acuerdo con los datos del Uniform Crime Report, aunque antes de los años 70 se registraban incrementos constantes de la delincuencia y de sus principales modalidades en todo el país, desde esa fecha y hasta principios del actual milenio tuvo lugar el sorprendente fenómeno de una considerable disminución de la criminalidad, sobre todo en la ciudad de Nueva York, donde: (1) entre 1993 y 1998, las tasas del total de los delitos disminuyeron un 46,2%, registrándose bajas superiores con respecto a los homicidios (67,5%) y los robos con violencia en las personas (54,2%); (2) los homicidios bajaron un 81,5% entre el 1990 y el 2011; y (3) en el 2011, se registró el menor número de homicidios de su historia: 414, en una ciudad de más de ocho millones de residentes y una periferia de otros diez millones.

Estos datos colocan hoy día a Nueva York como la ciudad más segura de los Estados Unidos: con 2.245 asesinatos a principios de 1990 (un promedio de seis diarios) a uno en el 2011, con un millón más de habitantes. Sin embargo, los robos y los asaltos aumentaron con respecto al 2010, en particular porque se ha disparado el número de robos de iPhones, iPads y otros productos de Apple (casi 4.000 más que en el 2011).

El Departamento de Policía de Nueva York atribuyó al principio estos resultados espectaculares a la aplicación de un nuevo programa de policía comunitaria (Community Patrol Officer Program, CPOP), diseñado por el Vera Institute of Justice e iniciado en 1984 como experiencia piloto en una comisaría de Brooklyn. Su objetivo esencial era, en lo esencial, implicar a la comunidad en la identificación y resolución de los problemas relacionados con la criminalidad, utilizándose para alcanzarlo estrategias consistentes sobre todo en patrullas a pie, la organización comunitaria, una mejor cooperación interinstitucional y la adopción de una red estadística computarizada conectada a cada auto patrulla policial y a una central instalada en el cuartel general de control y mando de la policía (Comprehensive Computer Statistics, COMPSTAT).

Sin embargo, en una fecha más cercana, diversos estudios han permitido identificar otros factores explicativos del éxito del programa aplicado en Nueva York, aunque ninguno de ellos –ni su combinación– aparezca como convincente por sí mismo. Entre ellos figuran:

El recurso a programas preventivos ya existentes.

Un mayor número de bienes mejor vigilados y económicamente más asequibles.

La legalización del aborto, que favoreció el descenso de la población situada entre los 16 y los 24 años, la franja de edad más frecuente de los infractores neoyorquinos.

Más recientemente, el llamado “efecto Starbucks”, basado en la teoría de “las ventanas rotas”, aplicada en Nueva York entre los años 80 y 90, según la cual las infracciones menores (disorders) que se cometen en una comunidad (por ejemplo, tirar basura, orinar o tomar alcohol en la calle, romper los vidrios de las ventanas, pintar grafitis en la paredes) contribuyen a la decadencia de un barrio y crean una atmósfera propicia para la comisión de delitos más serios.

En este marco, la llegada de la cadena de cafés Starbucks a ciertos barrios está siendo asociada a la mejoría de la zona (en particular, facilitando la acción policial gracias a los ventanales que caracterizan a estos establecimientos). En el caso de Nueva York, lo mismo parece ocurrir con las zonas que han tenido cambios importantes (por ejemplo, en Time Square, donde Disney está sustituyendo a las salas X).

Sobre todo, la adopción de una estrategia policial de “mano dura” o “tolerancia cero” (además de las leyes penales, aplicar la legislación civil y administrativa, generalmente por faltas menores y de civismo; registrar e interrogar a las personas sospechosas en las calles, que ha permitido confiscar más de 5.000 armas de fuego al año y detener a los líderes claves de pandillas), aunada a la adopción de una política criminal general de idéntica índole en numerosos estados del país, por ejemplo, la abolición de la libertad condicional, nuevas y más severas modalidades de la ejecución de la pena en libertad, encarcelamiento de corta duración pero de tipo militar, establecimiento de sentencias mínimas obligatorias para delitos específicos, definición más severa del delincuente habitual, adopción de la llamada three-strike law (ley de los tres golpes), de acuerdo con la cual los jueces pueden imponer una pena de 20 años de prisión, sin posibilidad de obtener una libertad condicional, a los infractores que hayan sido condenados dos o más veces, ya sea por el mismo delito o por otro diferente.

Estudios más recientes indican que el Programa de Policía Comunitaria no existe en Nueva York desde hace tiempo. A finales de la década de los 90, estuvo principalmente orientado a vigilar enérgicamente el vecindario, haciendo renacer prácticas brutales de intervención policial. Sin embargo, para el alcalde Giuliani y las autoridades policiales de Nueva York, la estrategia “tolerancia cero” era el precio a pagar para mantener “limpia” la ciudad.

La situación en Costa Rica. Con base en las entradas netas a las oficinas del Ministerio Público, después de un considerable aumento de las tasas de los delitos violentos entre el 2000 y el 2009 (el 124% de las lesiones, el 82% de los homicidios, el 51,2% de los robos, el 30% de las violaciones y el 20% de las agresiones), hubo una contención en el 2010 (el incremento solo alcanzó el 0,2% de las lesiones, el 1,8% de los homicidios y el 6% de las agresiones), una tasa similar en el caso de las violaciones e incluso una baja del 7,2% con respecto a los robos.

Estas tendencias fueron corroboradas entre el 2010 y el 2011, período en que se registraron importantes disminuciones de las lesiones (19,7%) y los homicidios (9,7%) y bajas moderadas de las violaciones y agresiones (3,8% en ambos casos).

Como sucedió en Nueva York, los máximos jerarcas políticos y policiales del país han atribuido los resultados obtenidos en los últimos años, o bien a cambios terminológicos en la institución policial (distritalización, capilaridad), o bien al énfasis acordado a la tecnología.

Algunas reflexiones. Como el espacio de que disponemos nos obliga a limitar su número a las reflexiones más significativas, la primera se refiere a los factores explicativos de la situación, antes indicados, que han sido –o podido ser– determinantes para las bajas señaladas. Un análisis en profundidad al respecto quizás pudiera explicar la existencia de tasas similares de homicidios registrados en el 2011 en Nueva York y Costa Rica (414 y 470, respectivamente), si se tiene en cuenta la diferencia abismal de sus poblaciones y tomar las decisiones oportunas en cuanto a la política criminal del país. Cabe subrayar, sin embargo, la debilidad del objetivo, frecuentemente utilizado, consistente en asignar a la intervención policial la reducción de la delincuencia, fenómeno cuyos determinantes (familia, escuela, trabajo, frecuentaciones, etcétera) escapan tradicionalmente a la acción de los servicios policiales.

Una segunda y última reflexión concierne el impacto de las políticas de “mano dura” o “tolerancia cero” en la resolución del problema de la inseguridad ciudadana.

Pese a las críticas de que posteriormente ha sido objeto, el modelo neoyorquino ha tenido una influencia capital, desde principios del año 2000, en los tres países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), aunque con resultados esencialmente negativos: no solo en cuanto a la pretendida disminución de la delincuencia violenta, sino asimismo con respeto al serio deterioro de la institucionalidad democrática que supuso su aplicación. Posiblemente por sus peculiares características, por haber ampliado su visión del tema, inspirándose en otras experiencias internacionales, y porque, pese a un reciente y preocupante incremento de tendencias represivas en serios porcentajes de su población, Costa Rica nunca ha aceptado –al menos hasta ahora– propiciar operativos policiales de “limpieza social”, recurrir a una justicia “de mano propia” y, sobre todo, proponer políticas públicas contrarias a los principios rectores de un Estado democrático de derecho.

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Noticia La Nación: Baja de la delincuencia en Nueva York y Costa Rica