Atención integral de la violencia doméstica

Es urgente integrar en las políticas contra la violencia doméstica la atención del agresor

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La preocupación por el aumento de la violencia de pareja, así como la promoción de políticas dirigidas a la criminalización de estas conductas, es un tema diario. Sin embargo, el Estado costarricense solo ha planteado una solución parcial y limitada, y ha dejado de lado pilares esenciales para el logro de los resultados deseados.

La violencia es aprendida; los hombres no son violentos por naturaleza: la violencia ejercida contra la pareja, generalmente por el hombre contra la mujer, es producto de un proceso de socialización propio del sistema patriarcal, que constituye la más clara expresión de la concepción androcentrista, caracterizada por la dominación del hombre sobre la mujer.

Nueva masculinidad. Las conductas violentas del hombre contra la mujer, son aprendidas, y, por lo tanto, pueden ser desmontadas y reaprenderse nuevas formas de comportamiento (Teorías del aprendizaje social). Por ello, es urgente, que se analice la situación del hombre desde una perspectiva de género, y que se le involucre de forma activa en la adquisición de una nueva masculini- dad y en la eliminación de la violencia doméstica.

Es evidente que, para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, hay que facilitar un contexto educativo y cultural que modifique los condicionantes que hacen persistir el problema, y es imprescindible un decidido compromiso social y político para conseguirlo.

La atención integral de la violencia doméstica incluye la necesaria atención del agresor desde una perspectiva sociológica, psicológica y situacional, lo cual constituye un factor indispensable para lograr la modificación de patrones culturales, romper el ciclo de la violencia de pareja y evitar la reiteración.

Deberes del Estado. La “Convención Belemdo Para”, y la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, establecen en los artículos 8 inciso b, y artículo 5 inciso a, respectivamente, la obligación de los Estados partes de “tomar medidas específicas y programas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer”.

En concordancia, la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer establece penas alternativas a la pena de prisión, a las cuales puede optar el juez ante una condena penal del agresor en algunos delitos de la Ley de Penalización y bajo ciertas circunstancias.

Dentro de estas penas alternativas a la pena de prisión se establece la posibilidad de someter al hombre a un programa de tratamiento de adicciones para el control del consumo de alcohol y otras drogas, cuando dicha adicción esté relacionada con la conducta sancionada o sus circunstancias.

Así como someter a la persona condenada a un programa especializado para ofensores, orientado al control de conductas violentas y tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Acciones pendientes. Sin embargo, y pese a que la Ley de Penalización entró a regir desde mayo del 2007, y que es responsabilidad del Inamu y el Ministerio de Justicia, conjuntamente, enviar cada año a la Corte Suprema de Justicia una lista de las instituciones acreditadas para brindar los tratamientos y terapias antes indicadas, no existe a la fecha lista alguna, pese al interés manifiesto de varias instituciones especializadas y con experiencia en la materia.

Igualmente, en la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (Polsepaz) no está incluido como eje estratégico u objetivo brindar contención y tratamiento al agresor por violencia doméstica.

Es verdaderamente urgente y una necesidad pública que se integre en las políticas contra la violencia doméstica la atención inmediata del agresor, así como programas psicológicos y terapéuticos a todo nivel, para así poder vislumbrar un futuro cercano con menos víctimas por violencia de pareja.

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Noticia La Nación: Atención integral de la violencia doméstica