EscucharSorprende que después de dos largas reuniones en que discutimos en detalle la sobrematrícula en algunos centros educativos, la periodista Hassel Fallas publicara sendos reportajes con alarmantes titulares de primera página que ni son ciertos ni corresponden con la información que se le brindó, ni conducen a conclusiones correctas.
En 2012, ante datos de deserción particularmente altos en algunos de centros educativos, en el MEP valoramos la posibilidad de que parte de esa deserción fuera resultado de matrículas iniciales artificialmente elevadas. Aplicamos así una cuidadosa auditoría de matrícula con la cual pudimos identificar que, en efecto, había casos donde el número de estudiantes reportados al inicio del curso lectivo era significativamente superior a los que encontramos entre abril y junio de aquel año. En total, se auditó el 28% de las escuelas y el 37% de los colegios públicos del país. El fenómeno no era generalizado, pero en unos casos sí resultaba importante.
Grosso modo, encontramos que un 2% de la matrícula inicial reportada en primaria y un 8% de la de secundaria no correspondía con el número de alumnos identificados por las auditorías. Como lo informamos en enero, eso representaría unos 16.700 estudiantes equivalentes al 6% de la matrícula total de los centros verificados, que parecían ser los que tenían más probabilidad de presentar este problema. Este dato no es generalizable al país.
Ahora, la periodista Hassel Fallas realiza un estudio en el que, utilizando los datos del Censo Nacional del 2011, nos anuncia la existencia de unos 41.000 estudiantes que ella llama “fantasmas” y que representarían alrededor del 6% de la matrícula nacional en escuelas y colegios públicos.
Conclusiones equivocadas. Estemos claros: el problema de la sobrematrícula es real, por eso hicimos la auditoría y tomamos las medidas correctivas; pero su magnitud es menor y sus consecuencias son distintas a las que indica la periodista, y así se lo explicamos con claridad. Cuando ella nos preguntó si la sobrematrícula significaba que el MEP invertía ¢49.000 millones de más en educación, fuimos claros y enfáticos en decirle que no, y en explicarle por qué no era así. Incluso bromeamos al decirle que esperábamos que ese no fuera el titular de su noticia, porque sería falso. Pero ese fue el titular. Y es falso.
En primer lugar, no todo ese 6% de estudiantes que no aparecen en el Censo corresponde a “fantasmas”. Sin duda, una parte podría asociarse a un problema real de inflación de datos; otra parte, a casos de alumnos que llegaron al inicio del curso y luego no volvieron (porque desertaron o porque se pasaron a otro centro educativo), y otra parte –como en toda estadística– correspondería a errores de medición y lógicas diferencias entre las fuentes consultadas.
De hecho, en marzo anterior el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica, en convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hizo público que el Censo Nacional 2011 mostraba una “omisión censal del 6,2%”, lo que significaría que alrededor de 285.000 personas quedaron excluidas del estudio. De ellas, más de 80.000 serían menores de 20 años, y resultaría lógico pensar que muchos de ellos habrían estado dentro del sistema educativo durante Censo sin que fueran reportados, a los cuales la periodista convirtió en “fantasmas”.
De esta situación, así como de las diferencias metodológicas que hacían difícil la comparación de cifras del Censo con las del MEP, la periodista fue debidamente notificada tanto por nosotros como por el INEC. Transcribo, en lo que interesa, cruce de correos electrónicos entre los funcionarios X y Z del INEC, el lunes 8 de abril: pregunta X a Z: “¿la periodista de La Nación no te contactó al final para ver lo de los datos de educación? Veo que no mencionó nada sobre la omisión censal”. Y responde Z: “Sí se le dijo, pero no lo abordó. Tampoco mencionó las diferencias metodológicas”.
En segundo lugar, como también le explicamos, esa sobrematrícula no resultó en un presupuesto mayor para el MEP ni mucho menos en que el país pagara –como ella afirma– ¢49.000 millones adicionales que bien pudieron destinarse a “construir aulas o a contratar maestros de inglés”.
El gasto excesivo en “fantasmas” que denuncia la periodista solo sería cierto si tales “fantasmas” hubieran estado todos juntos en los mismos grupos y hubiéramos contratado educadores para darles clases exclusivamente a esos alumnos inexistentes. Eso no es así: lo que ocurrió es que algunos centros educativos que reportaron más estudiantes que los que en realidad tenían lograron formar grupos más pequeños que otros que reportaron bien su matrícula. Esto podría no ser justo, pero no aumenta el costo total de la inversión educativa. Igual se contrata un docente para un grupo de 22 que para uno de 30. Corregir esto no supone ahorrarse ese dinero, sino asignar los docentes a aquellos centros educativos que realmente tienen más estudiantes.
También hubo problemas con programas como el de comedores escolares, que asignan sus recursos por el número de estudiantes reportados. Este caso es el que mejor ilustra lo que dijimos cuando anunciamos la auditoría: algunos centros educativos podrían haber recibido más dinero por estudiante que otros. Esto tampoco sería justo ni correcto y, de nuevo, las medidas adoptadas y anunciadas en enero tienden a identificar y corregir este problema.
Todo esto significa que, como resultado de los “fantasmas”, el costo por estudiante va a parecer más bajo de lo que realmente es. Si la inversión educativa en el 2011 fue de ¢895.000 millones y la matrícula reportada fue de 745.000 estudiantes, el costo parecería ser de ¢1.201.000 anuales por estudiante. Suponiendo que toda la diferencia identificada fuera realmente de “fantasmas” (lo que no es probable), tendríamos que, el costo por estudiante habría sido un poco mayor: de ¢1.276.000 por estudiante (¢75.000 más al año, el mismo 6%). Pero, aun si así fuera, esto no cambia la realidad: cambia nuestro conocimiento de la realidad.
Se tomaron medidas correctivas. Finalmente, llama la atención la utilización del tiempo presente que hace la periodista Fallas tanto para titular como para escribir sus reportajes, aun cuando está claro que los datos empleados corresponden al 2011; que el hallazgo original fue nuestro y que las medidas correctivas se anunciaron desde enero. Afirmar que: “Escuelas y colegios tienen más de 40.000 alumnos fantasmas” y “País paga ¢49.000 millones al año por alumnos fantasmas” sugiere al lector que está frente a problemas actuales, existentes al día de la publicación y descubiertos por el reportaje. Y eso, tampoco es cierto.
Ni la sobrematrícula es de 41.000 estudiantes, ni genera ¢49.000 millones de gasto adicional, ni el problema lo reveló el reportaje, ni estamos de brazos cruzados. Como resultado de la auditoría, se ha corregido la categoría de los centros educativos correspondientes y se han hecho ajustes en la asignación de docentes y en el pago de recargos. Además, se procedió a reformar las normas que, por décadas, habían promovido esa inflación en los datos.
En síntesis, el MEP identificó el problema, lo cuantificó, planteó las soluciones inmediatas y trabaja en la solución de fondo.
¿A qué los alarmantes titulares de dos primeras planas de La Nación ? No se vale asustar con fantasmas.
