Se ha convertido ya en una práctica reiterada que, al romperse los fuegos electorales, la Asamblea Legislativa eleve el tono del debate político y se convierta en escenario destacado de la lucha electoral. Eso es bueno, saludable y necesario.
Lo que no es ninguna de esas tres cosas es que en razón de esa actividad electoral, el cuórum legislativo empieza a sufrir una sensible mengua que, semanas antes del día de las elecciones, se convierte en parálisis total del parlamento, porque los diputados deciden irse a hacer campaña a sus comunidades, y al Gobierno de turno le conviene dejar de ser blanco de las críticas parlamentarias cotidianas por lo que hizo mal o por lo que dejó de hacer.
Desde la perspectiva de las responsabilidades legislativas, considero que cada quien está en su pleno derecho de decidir en qué términos desarrolla su actividad político electoral, lo que no es prudente, y menos en la coyuntura en que nos encontramos, es que la Asamblea entre en un receso prolongado que no le genera ningún beneficio a la nación.
La coyuntura política actual está fuertemente determinada por los reiterados desaciertos de la Administración Chinchilla, cuyos desenlaces no se vislumbran tranquilizadores. Esta inestable realidad ha generado fisuras al interior del propio Gobierno, entre este, su fracción parlamentaria y el candidato presidencial, que seguramente con el correr del tiempo tenderán a ensancharse.
Como es obligatorio, jerarcas del Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas interesados en alcanzar algún cargo público producto de las elecciones de febrero, tendrán que renunciar a sus puestos actuales a principios de agosto, y también como es la costumbre, la bancada parlamentaria oficialista tenderá a prestarle más atención a las directrices que emanen del candidato presidencial, que del gobernante de turno. Otra fuente de diferencias.
En estas condiciones, el músculo ya menguado del Gobierno para impulsar proyectos de trascendencia y ejecutar obra pública importante estará más enflaquecido, y con muy escasa capacidad de maniobra y de fortalecer sus filas.
El país no se puede quedar estancado, el país no puede paralizarse, y no se trata de que el Poder Legislativo sustituya las responsabilidades de su contraparte en Zapote; se trata de que el parlamento, por su propia responsabilidad y dinámica, debe impulsar las iniciativas necesarias que le son propias, sin disminuir las obligaciones de control político y vigilancia sobre el manejo de la hacienda pública.
Hay grandes temas cuya trascendencia no se agota ni el día de las elecciones ni al final de este periodo constitucional.
Está pendiente definir la suerte constitucional del derecho humano al agua, hay que buscarle salida a favor del interés nacional a las presiones de las transnacionales petroleras interesadas en explotar nuestro petróleo. El tema de la concesión de obra pública no puede quedar como está actualmente.
Hay que modificar la ley de jurisdicción constitucional para abrirle paso a cambios racionales y necesarios en el funcionamiento de la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República reclama bisturí y también se debe aprobar el nuevo Código Procesal Laboral.
Tenemos que resolver el tema de la fecundación in vitro, para cumplir con un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, fundamentalmente para hacerle justicia a un sector de conciudadanos que reclaman ese derecho.
En igual sentido, no se puede posponer más la legislación sobre donación y trasplante de órganos y tejidos humanos y que se regulen las investigaciones biomédicas.
Hay que cumplirle a nuestra población indígena tramitando la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, tenemos que resolver la situación legal de las parejas del mismo sexo y debemos regular el intrincado laberinto de las tarjetas de crédito y débito que tiene en estado de asfixia a miles de costarricenses.
Estos son algunos de los temas que están en agenda del congreso, de alta prioridad y necesidad nacional, con los que la Asamblea puede ocuparse de manera ininterrumpida hasta abril del año entrante.
Sobre algunos de esos asuntos tengo propuestas concretos, y no me sentiría tranquilo con mi conciencia dejándolos al garete por andar en labores de proselitismo electoral.
Quien quiera irse a recorrer pueblos en busca de votos está en su derecho de hacerlo. Por las consideraciones expuestas, como diputado socialcristiano, estimo que mi lugar está en el parlamento, cumpliendo con mis responsabilidades, como juré hacerlo desde el 1º de mayo del 2010, y lo he venido cumpliendo desde entonces. Proponiendo iniciativas, combatiendo proyectos malos, denunciando los desaciertos de la actual administración.
Por esa senda continuaré hasta el 30 de abril del 2014. Me sentiré tranquilo y satisfecho de que ese cumplimiento de mi deber genere réditos electorales a mi partido, la Unidad Socialcristiana y a su candidato a la Presidencia de la República.