El objetivo de todo negocio es alcanzar la mejor productividad para obtener las mayores ganancias posibles, maximizando el uso de los recursos disponibles. El recurso humano es indiscutiblemente una parte primordial del desarrollo de cualquier empresa y los procesos de reclutamiento pretenden contratar a los mejores prospectos. Para hacerlo, ponen requisitos mínimos, niveles de escolaridad, experiencia, ética profesional y una vida intachable. En resumen, se busca la excelencia. Una vez contratados los empleados, se espera de ellos el mejor rendimiento, que cumplan los reglamentos de la empresa y, de no ser así, se exponen a perder sus puestos. Cualquier persona que se encuentre en el mercado laboral lo sabe. ¿No sería ideal que estos mismos conceptos se pudieran aplicar a la Asamblea Legislativa?
La Constitución Política pone como requisito para ser diputado ser ciudadano costarricense en ejercicio, por nacimiento o por naturalización con 10 años de residencia en el país luego de obtener la nacionalidad, además de ser mayor de 21 años. Esto permite que casi cualquier persona pueda optar por el cargo. Pero no olvidemos que nuestra Constitución data de 1949, una época muy diferente. Las personas de aquellos tiempos si merecían ser llamados padres de la patria y ejercían el cargo de manera ejemplar. Lastimosamente, esa no es nuestra realidad actual.
A lo largo de los últimos períodos de gobierno hemos visto como el puesto de diputado ha ido cayendo en decadencia. Ya no es sinónimo de excelencia. Los diputados de este gobierno, desde el primer día, han dado de que hablar: un intento de aumentarse el salario no más iniciando la administración, diputadas que se suben a patrullas para evitar acciones policiales, otros que buscan cargos públicos para familiares porque la mamá se los pidió, diputados que se acusan de llegar borrachos al plenario, otros que menosprecian a las minorías y luego se escudan en el uso de costarriqueñismos (plumero, chuchinga) o solicitan la no participación de compañeros en comisiones por su orientación sexual y, también, diputados con denuncias penales.
¿Existe alguna empresa en el mundo donde los empleados decidan qué porcentaje de salario van a aumentarse o cuántos días de vacaciones van a disfrutar? Como empleados públicos, los diputados deberían regirse por las mismas reglas aplicadas al sector público, así que si se determina por decreto que el aumento salarial será de ¢5 mil colones, a ellos se les debería hacer el mismo ajuste.
Una alternativa sería que el aumento sea determinado por el logro de alguna meta, por ejemplo, la promulgación de cierta cantidad de leyes en determinado período de tiempo. Por otro lado, en cualquier empresa los empleados son despedidos por reiteradas llegadas tardías o ausencias, e incluso el exceso de incapacidades son vistas con sospecha. Sin embargo, nunca he visto a un diputado destituido y, seamos honestos, muchos lo merecen.
El pueblo es el patrón, el salario de los diputados sale de su bolsillo y, sin embargo, es testigo una y otra vez de actos en los cuales se nota el alto grado de despreocupación de estos señores. Estoy seguro de que existe en Costa Rica gran cantidad de personas que poseen los atestados para ocupar estos cargos y lo harían de una manera más ética y con mejores resultados para el país. Aunque sea una utopía, sería bueno que hubiera métodos para filtrar a los aspirantes y que sólo los que demuestren excelencia sean nombrados. No cualquiera debería ser diputado.
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