EscucharEn nuestro país los legisladores están en deuda con quienes los eligieron. Lo peor del caso es que nuestro sistema político se ha quedado corto en materia de mecanismos y controles idóneos para exigirles el cumplimiento de los deberes que la Constitución Política les asigna.
El marco jurídico costarricense está diseñado para que el Poder Legislativo exija cuentas, pero no para que las rinda. La actividad del Congreso se regula a partir de un reglamento obsoleto. Los partidos políticos, principales ejes de la representación política, se quedan cortos al exigir cuentas a sus representantes y establecer una propuesta de país con calidad.
No existe sanción o mecanismo de control que exija rendir cuentas por el exceso de errores cometidos en el Congreso. Es necesario que el Poder Legislativo, como órgano fiscalizador de los demás poderes del Estado y de otras instituciones, también sea un órgano fiscalizable, lo cual se ha evitado “convenientemente” en la discusión pública.
La Constitución no establece sanciones o controles para los órganos colectivos del Congreso. Tampoco designa responsables específicos por el incumplimiento de funciones, como sí ocurre con los miembros del Poder Ejecutivo y del Judicial.
En síntesis, a pesar de que hay obligaciones constitucionales específicas para el Poder Legislativo, no pueden ser monitoreadas. No existen instrumentos jurídicos para garantizar la información sobre el proceso de toma de decisiones en la Asamblea Legislativa. No existe, pues, una revisión de las normas aprobadas, de su aplicabilidad a la realidad del país, ni de su congruencia con las leyes vigentes. Esto ha generado la promulgación de leyes inoperantes y opuestas a las necesidades de los ciudadanos, que causan inseguridad jurídica.
La excesiva cantidad de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Tránsito N° No.7331 del 13 de abril de 1993 y sus reformas es un ejemplo que no puede ser ignorado. Vaticino el mismo resultado con la Ley de control del tabaco.
Todo órgano del Estado y todo servidor público deben rendir cuentas por el ejercicio de su cargo, pero los legisladores gozan de un régimen jurídico excepcional, ayuno de sanciones. Los diputados cuentan con incentivos para rendir cuentas a sus partidos políticos y a sus líderes parlamentarios, que poseen instrumentos institucionales para controlar la disciplina en cada partido y promover la carrera política de sus legisladores.
En un sistema democrático, una carrera política exitosa debe depender de los ciudadanos y no exclusivamente de los líderes de un partido político. Un sistema donde se rinda cuentas por las actuaciones en la promulgación de normativa debe ser posible. El mecanismo utilizado hasta el momento ha propiciado la irresponsabilidad y el aislamiento del Poder Legislativo de la sociedad.
Una legislatura democrática, funcional, responsable y eficaz, debe pasar por un estricto control externo que evalúe su funcionamiento y sancione o premie el cumplimiento. Un Congreso como el que tenemos, sin rendición de cuentas, no es sólo inviable en una democracia representativa, sino también un dique que impide la consolidación democrática y el ejercicio de las libertades y derechos políticos. La legislatura se comporta como un club con reglas laxas autoimpuestas, sin sanciones, con menosprecio de la democracia representativa.
