Opinión

Arrastrando el futuro de nuestros mares

Actualizado el 13 de marzo de 2014 a las 12:00 am

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Arrastrando el futuro de nuestros mares

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Justo cuando el Poder Ejecutivo hace esfuerzos por volver sus ojos al mar, contradictoriamente se convoca a sesiones extraordinarias del Congreso, el proyecto de ley N.º 18968) que pretende legalizar de nuevo el uso de las redes de arrastre.

Hace pocos meses, la Sala Constitucional (Resolución 2013010540) declaró inconstitucional el uso de la las redes de arrastre debido al manifiesto daño ambiental y social que producen. No obstante, la misma sentencia deja abierta la posibilidad de que mediante una reforma legal se vuelva a reinstaurar esta técnica de pesca “…. condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales, de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático”.

Solo semanas después de emitida la sentencia, los empresarios camaroneros, con el apoyo de gran cantidad de diputados y el ministro de la Presidencia, promueven la aprobación del mencionado proyecto de ley, bajo el falso concepto de que ahora sí cuentan con los dispositivos necesarios y el respaldo científico y tecnológico para lograr que el arrastre sea una actividad sostenible.

La escueta base técnica en que se apoya el proyecto de ley es un estudio realizado por Incopesca en los años 2007 y 2008, financiado por la FAO. Ni el estudio citado en el proyecto de ley, ni los datos que lo sustentan han sido facilitados por el Incopesca a pesar de ser solicitado anteriormente.

En carta, fechada el 25 de junio del 2012, el director general técnico del Incopesca argumentó: “…la base de datos de capturas obtenidas durante dicho proyecto, está siendo objeto de utilización para una tesis de grado y, por lo tanto, no podría facilitarla”. Este estudio, desconocido por el sector científico de país, es claramente uno preliminar, incompleto, y, como reconoce el mismo director general técnico en la citada misiva “…no logramos identificar si dicha exclusión correspondía a peces vivos o fauna de acompañamiento muerta por la presión del arrastre”.

Basados en esta frágil, desconocida e inconclusa investigación, el Poder Ejecutivo pretende impulsar un proyecto de ley que afectaría la base productiva de nuestros mares y el bienestar de miles de pescadores artesanales.

Bien público. Decisiones sin una base técnica vienen a dañar el ambiente, a perjudicar a los pescadores artesanales y a cerrar opciones de desarrollo para las futuras generaciones. Debemos recordar que los recursos marinos son un bien público, que nos pertenece a todos los costarricenses.

Su manejo, dado en custodia al Incopesca, debe regirse por los principios de sostenibilidad, integralidad, prevención y desarrollo sostenible democrático. Son recursos que debemos mantener de forma tal que puedan ser usados en el futuro, y los beneficios derivados de su uso deben favorecer a la mayoría de los costarricenses, no a unos pocos.

La pesca de arrastre, durante seis décadas, no solo ha desperdiciado miles y miles de toneladas de fauna marina que lanza muerta de vuelta al mar, también se ha auto-destruido, sobreexplotando el recurso mismo del que depende la actividad. Hoy día, se pesca una cuarta parte de lo que se pescaba hace diez años y se exporta una décima parte de lo que se exportaba hace quince. El impacto sobre otras pesquerías es manifiesto: el sector de pesca de pequeña escala capturaba para el 2007 cerca de la mitad de lo que pescaba en el 2000.

Mientras el camarón generado por el arrastre colapsa, el camarón de cultivo aumenta. Hoy en día, Costa Rica produce tres veces más camarón cultivado de lo que captura en el mar. ¿Por qué no fomentar la maricultura en vez de continuar con una destructiva práctica que ya ha sido eliminada en varios países?

El uso sustentable del camarón, no solo debe hacerse con tecnologías que aseguren un menor impacto al medio marino: debe hacerse con base en la capacidad del recurso mismo de ser usado. Ya es práctica corriente del Incopesca emitir permisos de pesca desconociendo cuánto recurso existe y qué capacidad de extracción ofrece. El proyecto de ley continúa con esa nefasta e irresponsable práctica y agrega a la pesca otra nueva especie (la langosta chilena o chicharra) sobre la cual tampoco está clara su capacidad de explotación.

En este momento, el país no cuenta con tecnologías demostradamente capaces de reducir los múltiples impactos de la pesca de arrastre, desconoce la dinámica y distribución de las poblaciones de camarón objeto de esta pesca, no ha establecido cuotas o regulado licencias en base a la disponibilidad del recurso, no cuenta con el marco jurídico que regule adecuadamente esta actividad y no posee una institucionalidad capaz de implementar cualquier regulación propuesta.

Un gobernante sensato debería esperar a contar con todos estos requisitos antes de correr a autorizar el uso de un arte de pesca que destruye el ambiente, compromete la subsistencia de cientos de comunidades costeras y destruye los recursos marinos que deberían estar disponibles para los costarricenses que vendrán.

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