Opinión

Áreas de protección y el proyecto de ley sobre agua

Actualizado el 21 de julio de 2015 a las 12:00 am

El proyecto 17.742 viola el artículo 50 de la Constitución por carecer de criterios técnicos

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Áreas de protección y el proyecto de ley sobre agua

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Nuestra legislación ambiental considera desde hace muchos años la existencia de áreas de protección de los cuerpos de agua, especialmente de los ríos y las nacientes.

La conservación del recurso hídrico, la prestación de servicios ecosistémicos e incluso la seguridad humana han sido factores determinantes para la creación de estas áreas y para el consecuente establecimiento de restricciones y limitaciones a las actividades cercanas al recurso.

Este régimen de tutela ha sido estructurado, esencialmente, mediante dos modalidades: límite de interés social de la propiedad privada (Ley Forestal en sus artículos 33 y 34) y de dominio público; es decir, propiedad estatal, especialmente en consideración de las necesidades de abastecimiento presentes o futuras de agua (Ley de Tierras y Colonización art. 7, inciso c), Ley de Aguas artículo 31 y Ley General de Agua Potable art. 2).

Con esta legislación se pretende restringir o impedir acciones como las construcciones, la corta de árboles o la agricultura, excepto en situaciones calificadas de conveniencia nacional como es el caso de la Ley Forestal.

Este esquema de prohibiciones no es novedoso, como se desprende de la antigüedad de las leyes citadas. Por ejemplo, las áreas de protección contempladas en la Ley Forestal se previeron desde la primera norma de esta naturaleza, en 1969, aunque con variaciones respecto a las distancias incorporadas.

Estas disposiciones han sido frecuentemente vulneradas por diversas actividades, como lo muestran, entre otros, el Informe de la Contraloría sobre el cumplimiento de esta normativa en los ríos del GAM (DFOE-AE-IF-14-2014) y las estadísticas de casos llevados ante el Tribunal Ambiental que, de manera similar a años anteriores, clasifican estas invasiones como una de las mayores causas de denuncias ante dicha instancia (109 para el 2014).

Como era de esperarse, este aspecto ha sido integrado al proyecto 17.742, Ley para la gestión integrada del recurso hídrico, presentado a la Asamblea Legislativa mediante el procedimiento de iniciativa popular, el cual fue aprobado en primer debate y, posteriormente, enviado a consulta facultativa a la Sala.

Esta última encontró inconstitucionales dos componentes: la reducción de las áreas de protección de cuerpos de agua –establecidas en la Ley Forestal y en la Ley de Aguas–, contempladas en los artículos 29 y 30, y el contenido del transitorio XI.

Argumentos. Según el voto de mayoría (12887-2014) , el proyecto de ley viola el artículo 50 de la Constitución Política por carecer de criterios técnicos o científicos que den sustento a la reducción de la superficie de las áreas de protección incorporadas en la Ley Forestal N.° 7.575, vicio del procedimiento legislativo que es de carácter esencial y, por consiguiente, vinculante para la Asamblea.

En el considerando VII, la Sala señala las razones de esta inconstitucionalidad en cuanto que “un área protegida (sic) solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño”.

Los magistrados constataron que en los artículos citados del proyecto se redujo la medida de las áreas de protección –que erróneamente refiere con el nombre de áreas protegidas– sin contar con los respectivos estudios técnicos, por lo cual los declaró inconstitucionales.

No está de más indicar que el citado voto, además de los temas apuntados, abordó otros aspectos importantes, sin que hubiese acuerdo entre los magistrados respecto a ellos, tales como las consultas legislativas facultativas en proyectos de iniciativa popular, las potestades de enmienda legislativa en manos de los diputados, el efecto del venci-miento de los plazos de votación y el régimen de competencias del Senara y su tutela constitucional, entre otros.

Con respecto a las inconstitucionalidades apuntadas, algunos han considerado que lo procedente es devolver el texto a la comisión que lo dictaminó para que se preparen los estudios técnicos que la Sala echó de menos.

Otra postura sostiene –informe de minoría– que lo procedente es recomendar al Plenario modificar los artículos 29 y 30 del proyecto para que su regulación se equipare a lo contenido en la legislación vigente sobre la superficie de las áreas de protección, es decir, lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal y del artículo 31 de la Ley de Aguas, y eliminar el transitorio XI.

Esta sería la solución más sencilla y conforme a lo dispuesto en el voto. En todo caso, si existieran otras razones técnicas para oponerse al plan, el tema de las áreas de protección de los cuerpos de agua no debería constituirse en una excusa para detener esta iniciativa. Independientemente de lo que ocurra con este proyecto, es imprescindible y urgente que se modernice el marco legal e institucional para lograr una gestión sostenible e integral del recurso hídrico en beneficio de todos los sectores del país.

Jorge Cabrera Medaglia es abogado.

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