Opinión

Apegados a derecho

Actualizado el 22 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

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Apegados a derecho

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Una vez más se equivoca el periódico La Nación , en su editorial del pasado 13 de noviembre, al referirse a un tema relacionado con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

En primer lugar, debe aclararse a los lectores que el contrato con la firma Melinsky, Pellegrinelli y Asociados, para desarrollar un nuevo estudio actuarial, no fue anulado, pues no existió ninguna anomalía que conllevara la aplicación de esta figura. El trámite que se está ejecutando corresponde a una resolución del contrato, ya que el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (CPCE) denegó a la empresa la incorporación temporal para que realizara esta valuación.

Además, es imperativo señalar que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial no es un fondo “generoso”, como de manera malintencionada lo califica el editorialista.

Este es un fondo solidario, en el que las personas jubiladas y pensionadas, al igual que los servidores activos, cotizan mensualmente un aporte importante, de los más altos del país, para recibir una pensión que asegure una vejez digna.

Nuestro Fondo hoy es solvente, y a lo largo de sus 75 años de existencia, que lo posicionan como el más antiguo del país, ha cumplido sus obligaciones.

Precisamente, para garantizar su solidez a largo plazo, periódicamente se contratan valuaciones actuariales que permitan monitorearlo y, con respaldo técnico, tomar decisiones oportunamente.

Y es sobre este aspecto que encontramos el segundo desacierto del editorialista, al pretender que se continúe con el contrato de una empresa que no ha logrado cumplir con un requisito de legalidad para ejercer su profesión de actuariado en el país, pues las contrataciones estatales deben apegarse a la normativa vigente en materia de contratación administrativa, así como a cualquier otra legislación que resulte aplicable.

Es por ello que el cuestionamiento –“¿Matar al mensajero?”– es ajeno a la realidad de lo ocurrido con la contratación de la empresa Melinsky, Pellegrinelli y Asociados, tema central del editorial. No se ha iniciado un proceso de resolución de la contratación porque no se comparta “el mensaje del señor Melinslky”, todo lo contrario: producto del estudio que anteriormente realizó esta misma firma, se tomaron medidas administrativas y se promovió el proyecto de ley que hoy está en la corriente legislativa. Sin embargo, para que el nuevo estudio resulte válido, el “mensajero”, como lo cataloga el editorialista, debe estar apegado a derecho.

No hay otra opción. El artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública vincula a todo ente u órgano estatal para que se someta al ordenamiento jurídico.

Lo anterior no significa que las autoridades del Poder Judicial “han cedido ante las presiones”. Si se ha tenido que dar marcha atrás con esta contratación, ha sido únicamente por las razones de legalidad ya señaladas.

Resulta lamentable que el editorialista, incluso, ponga en tela de duda el apoyo técnico que, en materia actuarial, pueda brindar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el desarrollo del nuevo estudio, la cual, con gran espíritu de colaboración, ha puesto a disposición de la institución el acompañamiento técnico del actuario Sergio Velasco, quien funge como especialista principal en seguridad social.

Reiteramos a la ciudadanía que no hay motivos para tener “dudas” o “inquietudes” sobre el proceso realizado, y aseguramos que, en el nuevo estudio actuarial, primarán la objetividad, seriedad y rigurosidad técnica, teniendo como garante a la OIT.

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