EscucharPor mucho tiempo se entendió que quien delinquía debía ser señalado; era el modo de visibilizar el error y fijar diferencias en una lógica binaria entre buenos y malos.
En Roma, se usó la marca de fuego en la frente, al menos hasta la época de Constantino, cuando se empezaron a estampar en el cuerpo del condenado letras y figuras de animales.
El pensamiento liberal del siglo XIX concluyó que esa estigmatización era contraria a la dignidad humana. Sin embargo, lo cierto es que aún hoy la persona que comete un delito carga por demasiado tiempo con la marca de haber torcido el camino.
Esa marca, más sutil y físicamente menos dolorosa, desde luego que la empleada por los romanos, tiene efectos que tocan a la sociedad en su conjunto.
La actual regulación de antecedentes penales en Costa Rica es de 10 años, después de ejecutada la pena. Una vez que el sentenciado cumple la sanción, debe esperar una década para que ese juzgamiento sea borrado. La disposición es, en primer lugar, desproporcionada.
No es razonable que quien imprudentemente conduce un automóvil después de tomar alcohol en exceso deba esperar el mismo tiempo con su hoja de antecedentes penales manchada que quien abusa sexualmente de un niño; tampoco que quien roba una lata de atunes en el supermercado deba esperar el mismo tiempo con su hoja de antecedentes penales manchada que quien, aprovechándose de su cargo, desvía fondos públicos.
En segundo lugar, porque en todo esto se esconde una idea perversa de promoción de la marginalidad. La inmensa mayoría de las personas que atrapa el sistema penal es pobre, gente en estado previo de exclusión social. No es casualidad que casi el 70% de las condenas sea por delitos patrimoniales o por ventas de drogas al menudeo.
Contra toda lógica. La perversión consiste en que el sentenciado entra al sistema, tanto para asumir las consecuencias de una conducta contraria al ordenamiento jurídico como para ser reinsertado en la sociedad; no obstante, para el ambiente libre se han creado mecanismos que dificultan, cuando directamente no lo impiden, la reinserción.
El Estado asume su tutela y luego de un tiempo le dice: “Mire usted, es hora de salir y de ser una persona en condiciones, eso supone tener un trabajo honrado”. Pero, para buscar un trabajo lo envía a la calle con una hoja que dice que cometió un delito y como los empleadores piden, por lo general, que aquella hoja de juzgamientos esté limpia como una patena, las posibilidades de acabar desempleado se disparan y aumentan, como es obvio, las de volver a delinquir. Es demencial.
Justicia. El Poder Ejecutivo ha convocado a sesiones extraordinarias el expediente 18.650 que busca modificar el artículo 11 de la Ley 6.723. El propósito es que, de un lado, se segmente la duración del registro en función del monto de la pena y, de otro lado, que, para efectos laborales, los archivos se anulen al cumplirse la sanción, excepto en delitos graves como los cometidos por funcionarios públicos, cuando medie violencia de género o si las víctimas fueran menores de edad.
La reforma ha sido pensada en dos vías: para estimular la reinserción del privado de libertad que más entra a nuestras cárceles y como una estrategia que a mediano plazo debería incidir positivamente en los índices de criminalidad.
La ministra de Justicia ha insistido en que la disminución del hacinamiento carcelario requiere de decisiones revulsivas y estructurales y del concurso de muchos actores políticos.
El proyecto implica enfrentarse a paradigmas de pobreza y exclusión y obliga a que nos retratemos todos.
Con el cambio, Costa Rica sigue la tendencia de los países que ya han hecho regulaciones similares, como España, o la de otros que en la actualidad las promueven, como México y Estados Unidos.
Por cierto, el presidente Barack Obama, vigoroso impulsor de una reestructuración de su sistema criminal, escribió hace unos días atrás que los que cometen un error no deben perder la oportunidad de rehacer sus vidas.
Son también valores como ese los que alimentan a nuestra Constitución y los que, en definitiva, saldrán fortalecidos con la reforma propuesta. Una prueba tangible de que la sociedad del siglo XXI ha evolucionado y por eso lo que reclama es justicia, no venganza.
