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Amnesia… minera

Actualizado el 18 de julio de 2013 a las 12:01 am

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Amnesia… minera

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Bajo el título “Crucitas y el Estado costarricense”, con fecha 12 de julio, el señor Juan Carlos Hernández, asesor legal de Industrias Infinito, trata, “con el fin de que la opinión pública conozca los hechos…”, de relatar los hitos más importantes del proyecto minero de Crucitas a lo largo de 20 años. Paradójicamente, deja por fuera los acontecimientos más relevantes del caso. ¿Será que no los conoció, no se los contaron, se le olvidaron o no le convenía contarlos? Es un caso serio de amnesia corporativa.

Como Ministro de Ambiente y Energía en el periodo 2002-2006 y autor intelectual de la moratoria minera, conjuntamente con el ex presidente Abel Pacheco, tengo la obligación de relatar los hechos más importantes sucedidos entre el 2002 y el 2007. Me motiva la finalidad de informar verazmente a la opinión pública.

Los hechos no relatados por el Lic. Hernández tienen implicaciones fundamentales para el estado de las cosas en el caso de Crucitas y, en concreto, son los siguientes: A finales del año 2001, la entonces ministra de Ambiente y Energía Elizabeth Odio Benito le otorgó a Industrias Infinito una concesión de exploración en Crucitas. Ese acto administrativo se dio sin que mediara un estudio de impacto ambiental, porque ese era el procedimiento acostumbrado entonces. Tanto es así que Industrias Infinito presentó el estudio hasta marzo del 2002. Lo que no nos cuenta el Lic. Hernández son dos hechos sumamente importantes, ocurridos en el 2002: uno es que la Sala Constitucional derogó la concesión dada a Industrias Infinito porque consideró violatorio de principios legales que una concesión se dé antes de tener un estudio de impacto ambiental aprobado.

El otro hecho relevante es que el 5 de junio del 2002 firmamos el decreto de moratoria minera. Esa moratoria no obedecía a un capricho político ni a un dogma ideológico particular, sino a una simple decisión política de don Abel y del suscrito para rectificar una situación que lesionó por muchos años los intereses del Estado.

La moratoria, que suspendía temporalmente la posibilidad de otorgar concesiones mineras para extraer metales preciosos, pretendía cambiar tres cosas: 1- Que el canon (pago al Estado por el derecho a explotar el recurso minero) aumentara del ridículo monto de 2% del valor de lo extraído a una suma más consecuente con las prácticas internacionales. 2- Que no se dieran más concesiones hasta que el Estado costarricense garantizara tener las capacidades humanas, tecnológicas y financieras para verificar el cumplimiento del contrato por parte del concesionario, y para supervisar la operación minera, ya que históricamente las empresas del ramo han estado por la libre (si no, estudien los casos de la mina Macacona y Beta Vargas). 3- Históricamente, las empresas mineras extranjeras han probado no tener experiencia y conocimiento del desarrollo de ese tipo de actividades en ecosistemas tropicales muy ricos en biodiversidad y agua. Cuando Industrias Infinito dijo que el bosque natural tropical de Crucitas se iba a reponer plantando miles de árboles de almendro (dipteryx panamensis) esto quedó en evidencia una vez más. Bio-analfabetismo, lo llamarían algunos.

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Al perder Industrias Infinito la concesión de exploración por disposición de la Sala Constitucional y al existir una moratoria minera para nuevos proyectos a partir de junio del 2002, la empresa quedó sin derecho alguno a trabajar en Crucitas.

Eso no lo relata el Lic. Hernández, ni tampoco que la empresa me visitó más de diez veces durante mi periodo como Ministro para que revertiéramos la política de la moratoria. Tanto el gerente, señor Carvajal, como funcionarios de la sede de Canadá, fueron atendidos en mi despacho todas las veces que lo solicitaron. Se les indicó que el gobierno no iba a variar su posición mientras las condiciones que justificaron la moratoria no cambiaran sustancialmente. Es oportuno aclarar que el estudio de impacto ambiental presentado por Industrias Infinito ante Setena no comprometía la decisión de la moratoria, ni su aprobación le daba a la empresa minera derecho de exigir al Estado el otorgamiento de la concesión minera.

En el 2005, Setena aprobó el estudio de impacto ambiental pero, de nuevo, al existir una moratoria minera, no podía otorgarse la concesión. Recordemos que Setena tiene un alto grado de desconcentración operativa frente al Minae, lo que significa que sus resoluciones administrativas son independientes de las posiciones políticas del despacho del Ministro.

En esas condiciones terminamos el gobierno, en mayo del 2006, con moratoria minera e Industrias Infinito sin concesión. Cabe también indicar que había otra empresa minera, en Bellavista de Miramar, que tenía sus derechos claros y consolidados y por eso la moratoria no la afectó. Aunque no veíamos esa operación con buenos ojos, fuimos respetuosos de su situación legal.

El tiempo nos dio la razón, porque cuando esa empresa comenzó a funcionar, tuvo un serio inconveniente por mal manejo de los taludes, cerró y abandonó la operación, incumpliendo numerosos cláusulas del contrato de concesión.

Lo más interesante de toda esta novela sucedió apenas entró en posesión el gobierno del ex presidente Óscar Arias Sánchez. Es un hecho que también se brinca el Lic. Hernández en su escueta relación del período. El ministro Roberto Dobles, con la participación directa del Presidente de la Republica (ambos firman los actos administrativos correspondientes) derogó la moratoria minera establecida en el 2002, declaró de interés público el proyecto de Crucitas y le dio una concesión minera a Industria Infinito, garantizándole un derecho a explorar y, eventualmente, a explotar.

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En apariencia, era urgente que Infinito entrara en operación, ya que el gobierno de turno cometió múltiples errores que luego salieron a relucir en el proceso contencioso administrativo. Sin duda, el más evidente y torpe fue otorgar la concesión minera antes de derogar la moratoria.

En conclusión, fue durante la Administración Arias Sánchez que a Industrias Infinito se le otorgó una concesión minera y no como lo trata de explicar confusamente el Lic. Hernández en su recuento parcial. Ahora, esa concesión será conocida por los tribunales arbitrales internacionales.

En consecuencia, son don Oscar Arias y don Roberto Dobles quienes deben apersonarse ante la opinión pública para explicar qué justifico la derogación de la moratoria minera, por qué declararon la operación de Crucitas de interés público, por qué la intervención solapada de Setena, por qué los gravísimos errores procedimentales pero, sobre todo y más importante, cómo van a reparar los daños morales y materiales causados al inducir al Estado costarricense a dar una concesión minera que nunca debió ser otorgada.

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