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América Latina tiene cómo superar la desigualdad

Actualizado el 25 de junio de 2013 a las 12:00 am

La informalidad en el empleo y en las actividades productivas es el gran dilema

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La reducción de la informalidad continúa como asignatura pendiente de América Latina. En los últimos años, el buen desempeño de la mayor parte de las economías de la región se ha traducido en una sostenida reducción de las tasas de desempleo. Sin embargo, los resultados son menos positivos para los indicadores que apuntan a la persistencia de una importante economía informal. Casi la mitad de las personas que trabajan en la región lo hacen en situación de informalidad.

Existe una correlación clara entre informalidad y desigualdad. A eso se debe, en buena medida, que América Latina y el Caribe sea la región más desigual del mundo. La informalidad reduce la capacidad de generación de ingresos y ahorros, perpetuando los ciclos de pobreza.

El concepto de informalidad incluye a las unidades productivas sin una condición jurídica o económica reconocida, normalmente de pequeña escala, con baja productividad e ingresos (empresas y actividades económicas “en negro”), y a los empleos en empresas formales o informales, independientes o por cuenta propia, que carecen de acceso a la protección establecida en la legislación laboral y social. La economía informal incluye, por lo tanto, a un número muy significativo de trabajadores con características heterogéneas pero con algo en común: una alta vulnerabilidad y fragilidad ante las crisis, externas o propias.

La economía informal es muy negativa para todo el sistema laboral: para los trabajadores, porque además de no contar con derechos ni protección social, sufren una mayor exposición a accidentes y enfermedades vinculadas con el trabajo. Para las empresas, porque la correlación con la baja productividad y, por tanto, con la baja competitividad, es evidente, y para los gobiernos, porque la informalidad supone una mayor incidencia de trabajo infantil y mayores niveles de discriminación por edad, género y etnia. Además, supone un quebranto para los intereses y derechos de todos los ciudadanos por la pérdida de recaudación que genera.

Las iniciativas de formalización, incluyendo el aumento en la productividad de las empresas de menor tamaño y la protección de los derechos laborales, son un medio para reducir la desigualdad y favorecer el desarrollo de la economía y la sociedad en América Latina.

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La informalidad es un fenómeno causado por múltiples factores interrelacionados, lo que hace que su atención sea especialmente difícil. Además, la forma de enfrentarla en América Latina debe tener en cuenta la heterogeneidad estructural de las economías de la región, donde coexisten sectores modernos de alta productividad con sectores retrasados. Es en estos sectores donde más ocurre la economía informal.

Entre las causas podemos hablar de una “cultura” de la informalidad que debe ser superada, abonada por complejas legislaciones laborales, engorrosos procedimientos administrativos y falta de estímulos. Existen, también, disposiciones legales que impiden la agremiación de micro y pequeñas empresas y la sindicalización de trabajadores y trabajadoras de este tipo de unidades productivas. Se observan importantes grados de informalidad y falta de fiscalización en un contexto de baja densidad o inexistencia de sindicalización. En la mayoría de los países de América Latina y Caribe, la ley considera legalmente válido el contrato de trabajo oral, lo cual se presta para que los derechos laborales sean desconocidos o irrespetados. En la práctica, la ausencia de un contrato de trabajo escrito muchas veces se une a la ausencia de cobertura de la seguridad social.

En lo que respecta a la protección social, pese a los muy importantes avances de los últimos años, es claro que persiste una limitación fiscal y práctica en los esquemas existentes para alcanzar a la totalidad de la población.

Para la OIT, la estrategia de avance hacia la formalización de las economías debe ser integral, combinando medidas de promoción y protección, atacando las causas del problema y paliando algunas de sus consecuencias más negativas. Esta estrategia debe estar basada en el diálogo social y la participación activa y constructiva de organizaciones de empleadores y trabajadores. Debe, también, contemplar en todas sus actividades el enfoque de género, pues el fenómeno tiene diferentes características para hombres y mujeres, y atender en especial a la población joven. Finalmente, debe estar basada en la generación de conocimientos de las políticas relevantes y eficaces ensayadas en los últimos años y en su intercambio entre los países de la región, muchos de los cuales tienen experiencias valiosas que compartir.

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Las intervenciones para incrementar los niveles de formalidad deben centrarse en:

k Mejorar la capacidad de las empresas y trabajadores por cuenta propia para cumplir los estándares (tributarios, de registro o laborales), lo cual equivale a incrementar su productividad.

k Revisar o adaptar las normas o estándares. Esto se ha probado en la región mediante políticas de formalización y la creación de regímenes tributarios, laborales y registrales especiales para empresas de menor tamaño.

k Generar o perfeccionar los incentivos a la formalización tanto en el ámbito de la formalización empresarial (acceso a crédito, mercado público, programas de fomento, etc.) como en el ámbito laboral (beneficios de las cotizaciones de salud, etc.).

k Mejora de la capacidad de la administración pública para hacer cumplir sus normas, especialmente en los sistemas de inspección y cumplimiento, lo cual requiere de una mayor presencia y eficacia del Estado.

Algunos países han tomado iniciativas interesantes, como Brasil, que ha creado una Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa con rango de ministerio y previamente aprobó la creación de la figura del “micro-emprendedor individual”, que ha permitido la incorporación a la economía formal de más de tres millones de trabajadores. Argentina también ha realizado grandes esfuerzos para facilitar y promover la regularización de la economía informal y otros como Colombia y México, por citar algunos, han aprobado leyes y programas que favorecen el paso a la formalidad de empresas y trabajadores.

Estas iniciativas van por el buen camino, pero queda mucho trabajo por delante. Los países de América Latina y el Caribe deben esforzarse porque el buen desempeño de la última década, a pesar de un contexto internacional de incertidumbre, sirva para impulsar una estrategia contra la desigualdad y la pobreza. Desde la perspectiva del mercado laboral, esto implica atender de manera prioritaria la formalización del empleo y de las unidades productivas, ya que la economía informal es un factor de reproducción de los patrones de inequidad en la región.

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