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Aleteo de tiburón: reformas legales urgentes

Actualizado el 03 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

El decretoejecutivo no resuelve el tema del aleteode tiburones

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Aleteo de tiburón: reformas legales urgentes - 1
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Aleteo de tiburón: reformas legales urgentes - 1

Por años, reportajes e investigaciones han denunciado la problemática del aleteo de tiburones en Costa Rica. Algunos medios de prensa anunciaron, recientemente, la prohibición a la importación de aletas de tiburón a través de un decreto ejecutivo (N.° 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H) publicado el pasado jueves 25 de octubre.

La posición del Gobiernoes positiva, pero queda mucho por hacer. Fundación Marviva apoya la iniciativa gubernamental de “cero tolerancia” al aleteo de tiburón, y comparte la posición expresada por Casa Presidencial al afirmar que el aleteo es una práctica de pesca insostenible. Reconocemos que este decreto representa una señal de compromiso hacia la eliminación de esa brutal práctica, pero a nuestro criterio, no es suficiente.

Para nosotros, “cero tolerancia” al aleteo significaría la prohibición a la importación y la exportación de aletas, así como el establecimiento de regulaciones adecuadas a la pesca de tiburones y a su comercialización en el mercado nacional.

Ninguna de lasregulaciones establecidas en el decreto ejecutivo N.° 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H prohíbe la importación de aletas en nuestro país. Los alcances del decreto no logran prohibir tal actividad.

El decreto solamente establece un nuevo requisito a la importación de aletas, que consiste en una certificación del país de origen que haga constar que las aletas que se importan fueron “embarcadas” adheridas en forma natural al vástago del tiburón.

Carencia de controles. Vemos con preocupación que la importación de aletas se siga permitiendo, sujetándose únicamente a un certificado de la autoridad aduanera del país de origen (artículo 2.° del decreto). Sobre todo, porque esto presume la existencia de mecanismos de coordinación regionales eficientes, que garanticen la veracidad y autenticidad de tal documento. Sin embargo, tratándose de países de la región centroamericana caracterizados por carecer de controles adecuados, es difícil pretenderlo.

Dado que el decreto no regula la exportación de las aletas, es inevitable preguntarse: ¿Cuáles serán las medidas que tomará el Gobierno para regular la exportación de aletas? Respecto a este punto, el decreto es sensiblemente omiso.

El exigir un certificado para importar aletas de tiburón no es una regulación nueva. El decreto recientemente publicado no solo viene a repetir lo estipulado en el Reglamento Regional OSP-05-11 para prohibir la práctica del aleteo del tiburón en los países parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), aprobado por Costa Rica en noviembre del 2011, sino que es omiso en cuanto a la obligatoriedad de implementar dicho certificado para la exportación de aletas.

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La reglamentación del certificado para la exportación de aletas sí que requiere de esfuerzos importantes por parte de las autoridades costarricenses, para establecer controles al desembarque de aletas por parte de la flota nacional y la extranjera. Asimismo, establecer controles cruzados que garanticen que el volumen de aletas que se exporta corresponde a los datos oficiales de descarga en puertos, más aquel de aletas importadas para su re-exportación.

Regulaciones a la pesca de tiburón. En el país no existe un mercado nacional de importancia para la aletas pero sí lo hay para la carne del tiburón. A nuestro criterio, para cumplir con la política de “cero tolerancia” al aleteo, además, deberían impulsarse medidas que regulen la pesca de tiburones para el abastecimiento de su carne en el mercado interno.

La situación que enfrentan las poblaciones de tiburones y rayas, ante la disminución evidente de sus poblaciones, requiere medidas de ordenación pesquera urgentes, tales como: establecimiento de tallas mínimas de captura, de manera que se evite la pesca de tiburones juveniles que aún no se han reproducido; regulación de las artes autorizadas para la pesca dirigida al tiburón, prohibición a la pesca dirigida a la raya, establecimiento de porcentajes máximos de pesca incidental de tiburón, zonificación y protección de sitios de importancia para la reproducción de los tiburones, entre otras.

Junto a estas regulaciones, debería mostrarse el compromiso político de fortalecer la institución rectora en el tema pesquero, la cual carece de estructura, personal y recursos financieros suficientes para cumplir adecuadamente con sus funciones.

Sanciones de difícil aplicación. El artículo 4.° del mencionado decreto establece la cancelación de la licencia, a quien descargue, transporte, importe, trasie- gue, y porte dentro de la embarcación aletas de tiburón, contraviniendo sus disposiciones. Al respecto, la norma está limitada en sus alcances pues omite regular el proceso de comercialización y almacenamiento de aletas en tierra (camiones, almacenes, etc.).

Asimismo, la cancelación de la licencia de pesca, mediante un procedimiento administrativo a lo interno del Incopesca, dependerá de la resolución final que tome la junta directiva, un órgano colegiado altamente cuestionado por el conflicto de intereses generado debido a la participación mayoritaria del sector privado pesquero en su conformación, la cual en ocasiones ha alcanzado la relación de siete representantes del sector pesquero frente a dos representantes del sector público (7:2).

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La no existencia de sanciones penales para el aleteo en la Ley de Pesca y Acuicultura vigente, a excepción del artículo 139, debilita aún más los alcances del decreto. Esta ley contiene una serie de imprecisiones y vacíos normativos que merecen ser atendidos. Desde el 24 de abril de 2008 entró en la corriente legislativa el proyecto de ley N.° 17013, el cual propone reformas al Capítulo de Delitos y Sanciones de la Ley de Pesca y Acuicultura, incluyendo tres nuevos tipos penales para el aleteo de tiburón; sin embargo, en todos estos años no ha existido el compromiso político claro para impulsar estas reformas.

Si la posición del Gobierno va a seguir siendo la de permitir la importación y exportación de aletas de tiburón, aun a sabiendas de las consecuencias ambientales que eso conlleva, es crucial que se implemente a cabalidad el Reglamento OSP-05-11 del SICA, en ambos aspectos, importación y exportación de aletas, y se defina cuáles serán las medidas de control y fiscalización que se tomarán en lo interno del país, para garantizar su cumplimiento.

En conclusión, el reciente decreto ejecutivo no resuelve el tema del aleteo de tiburones y deja al descubierto las importantes reformas legales que se necesitan para alcanzar “cero tolerancia” en este tema.

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