Opinión

Alarma en el Poder Judicial

Actualizado el 21 de junio de 2014 a las 12:00 am

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Alarma en el Poder Judicial

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No es la primera vez que funcionarios del Poder Judicial, acusados de procuración de la impunidad, tráfico de influencias (art. 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública) son detenidos.

Se dice en las notas de La Nación de días pasados que, además de la jueza detenida en Limón como sospechosa de este delito, se cree que hay otros involucrados en el interior del aparato judicial y que, además, no se trata solo de un caso, sino de varios donde se trató y se logró excarcelar, en el pasado reciente, a sospechosos de tenencia de droga.

A esos mismos sospechosos, a pesar de haber sido detenidos in fraganti, la autoridad les otorgó una fianza (en lugar de detención) por lo que, una vez liberados, se dieron a la fuga hasta el presente. Además, existe racional sospecha de que se ejercieron presiones a otros jueces para un favorecimiento de trato a los detenidos.

Consecuencias. Estos hechos son muy graves y, aunque se esté procediendo en el Poder Judicial con transparencia y firmeza, son una voz de alarma ciudadana general. Todos sabemos que, desde hace tiempo, el narcotráfico llegó para quedarse en el país y que sus tentáculos procuran alcanzar los más altos niveles de influencia, llámese de orden bancario, político, incluso judicial, como parece probar el hecho comentado. Pero, en la conciencia colectiva, la gravedad de esa infiltración todavía no se conoce en su total plenitud.

Sabemos la suerte que corren países vecinos como Colombia, México y Guatemala, donde estos fenómenos son la diaria y cruda realidad, con sus visibles consecuencias naturales como el sicariato, las pandillas, la trata de mujeres, y sus relaciones con las mafias de bandas criminales transnacionales.

Lo grave para nuestro país es que esos elementos ya están presentes en nuestra realidad, solo que todavía no sabemos sus reales proporciones. Incluso en nuestro sistema de seguridad (que ha logrado en los últimos meses enormes tasas de confiscación de droga y que solo sirven para poder constatar la gravedad del problema) a pesar de los grandes decomisos, se calcula que apenas un 10% de la droga circulante en la región es incautada.

Recto proceder. Pero si las sospechas, los seguimientos y las investigaciones del Ministerio Público, el OIJ y la Inspección Judicial producen arrestos e informaciones como los comentados, ello significa que hay obligatoriamente que elevar las alarmas, actuar de inmediato con seriedad y firmeza, caiga quien caiga, en las investigaciones y en el trato judicial de estos casos.

Actuar con liviandad solo perjudica al país. Es hora de conocer con mayor alcance la verdadera situación del narcotráfico y sus derivados donde, además, una nueva Administración inicia su mandato, comprometido con elevar el estandarte de lucha contra la corrupción y el enderezamiento ético del Gobierno.

La Corte Suprema de Justicia debe dar pruebas al canto de su recto y oportuno proceder, pero también la Asamblea Legislativa. El tema se las trae y, quizás, el nombramiento de una comisión de investigación parlamentaria se impone.

Invito a los ciudadanos, a los formadores de opinión, a los medios de comunicación, al nuevo Gobierno y a todas las instituciones relacionadas con este flagelo, a actuar con valentía, con sentido de justicia, participación, prevención y firmeza. Solo así podremos superar este cáncer del que ya padecemos: no es con mirar hacia otro lado, o con hipocresías como superaremos el reto. Acciones y compromisos transparentes se necesitan con urgencia.

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