Opinión

Los ajustes necesarios al presupuesto nacional

Actualizado el 24 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

Es inconcebible seguir en lo mismo: patear la bola hacia adelante y no hacer las reformas

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Los ajustes necesarios al presupuesto nacional

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En el Programa Macroeconómico 2015-2016 se incluyeron las proyecciones del Banco Central, acerca de las finanzas públicas correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 (vea cuadro).

Estas apuntaban un grave desajuste y evidenciaban la urgencia de tomar medidas correctivas antes del inicio del ciclo presupuestario, en mayo pasado, y así lo advertimos en un artículo publicado en esas fechas.

Sobre todo, llamaba la atención la proyección de remuneraciones, que contemplaba un descomunal aumento de ¢240.000 millones para el 2016 y las trasferencias corrientes, con ¢230.000 millones de crecimiento, y otra suma similar de variación en los intereses.

Las cifras presagiaban un déficit del 6,6% de la producción nacional y se imponía el establecimiento de una parsimonia total en el gasto público. Sin embargo, las decisiones debidas nunca se tomaron y las directrices presupuestarias se quedaron cortas, a la espera de mayores impuestos, sin hacer nada respecto a las remuneraciones y a los incentivos salariales, mucho mayores que en el resto del país y al nivel insostenible de transferencias corrientes.

Si comparamos las cifras incluidas en el proyecto de presupuesto nacional del 2016, no solo no se moderaron esos principales rubros de gastos, sino que excedieron la proyección del Programa Macroeconómico del Banco Central.

Únicamente se redujeron intereses, gastos de capital y otras partidas poco significativas. Esto da como resultado un déficit proyectado para el 2016 de un 6,9 % del PIB, suponiendo un crecimiento de la economía del 4%, que con las políticas actuales no es viable.

Un crecimiento mucho menor, como el que se observa en las tasas de variación media del IMAE, de un 1,8%, así como una menor variación del índice de precios subyacente, como la actual, daría como resultado un PIB menor y un porcentaje de déficit mayor.

En remuneraciones para el 2016, el Ministerio de Hacienda presupuesta la enorme suma de ¢2.461.947 millones; ¢99.033 millones más que lo calculado en la programación macroeconómica y ¢339.941 millones más que lo estimado por el BCCR para el 2015.

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En transferencias corrientes se presupuestan ¢2.383.812 millones, lo cual equivale a ¢25.358 millones en exceso de la abultada programación y a ¢254.964 millones de aumento en relación con el 2015.

Solo los aumentos en remuneraciones y transferencias corrientes muestran un dispendioso incremento anual de ¢594.905 millones o un 1,96% del PIB proyectado para el 2016, en relación con la estimación del Banco Central.

Profundizando en estas dos grandes partidas de gasto público, con base en datos del Ministerio de Hacienda, el gasto presupuestado para el próximo año por incentivos salariales asciende a más de un millón sesenta y cinco mil millones de colones, equivalentes al 3,5% del PIB proyectado; un estimado de más de ¢6,5 millones por empleado.

Dicho monto es mayor a lo que se podría esperar de ingresos adicionales si se aprobarán todas las propuestas de impuestos presentadas por el Gobierno.

No es posible siquiera acercarse a un equilibrio de las finanzas públicas, mientras no se actúe sobre estos disparadores del gasto. Rubros como las anualidades representan en este proyecto de presupuesto 2016 más de ¢278.000 millones y la dedicación exclusiva, ¢125.000 millones.

Estos incentivos pudieron haber tenido sustento y justificación en otros momentos, pero la política salarial expansiva de los últimos años ha llevado dichos gastos a dimensiones insostenibles hacia adelante.

En cuanto a las trasferencias, ¢1,5 millones de millones son para el sector público y ¢640.000 millones corresponden a pensiones.

Una de las reflexiones sobre las anteriores cifras es la impostergable necesidad de legislar sobre el empleo público, las pensiones y las transferencias al resto del sector público.

Es inconcebible seguir en lo mismo: patear la bola hacia adelante y no proceder con las reformas fundamentales, iniciando con este presupuesto nacional.

Marco presupuestario a mediano plazo. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, en el plan de gastos debe incluirse, además, una evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto eventual a mediano plazo de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, a partir de la cual se elaboró dicho presupuesto, en las variables macroeconómicas, en especial en las finanzas públicas, según los requerimientos que se definan vía reglamento.

Según el documento preparado por el Ministerio de Hacienda, las proyecciones al 2020 son que la partida de remuneraciones siga representando un 7,5% del PIB y la de trasferencias corrientes otro tanto. Entre ambas se proyecta un 15% del PIB, mayor que el total de los ingresos fiscales.

En ese mismo documento se muestran varios escenarios de la aprobación de los diferentes proyectos presentados por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

Lo preocupante es que, aun en el caso, poco probable, de que todos sean avalados, se mantienen un déficit primario y un déficit financiero del 3,8 % de la producción nacional del 2016 y cifras similares en los próximos cinco años.

Lo anterior pone en evidencia que, mientras no se modifique la estructura de gastos, no habrá impuesto que alcance, pese a que las proyecciones presentadas consideran, a partir del 2016, un crecimiento de la producción del 4%, que no es la realidad actual, como se comentó anteriormente.

La aprobación parcial de los proyectos de impuestos –el escenario más probable– arrojaría déficits superiores al 5% durante los próximos cinco años.

Ante tal panorama, lo único responsable que pueden hacer los diputados es actuar conforme a la Constitución y las leyes, y aprobar únicamente los gastos corrientes financiados con el estimado de ingresos corrientes de ¢4.344.821 millones, y los gastos de inversión y financieros así como la amortización de deuda, con ingresos extraordinarios de créditos o colocación de bonos.

Dentro de los presentados por el Ministerio de Hacienda en el proyecto de presupuesto, se incluye un recuadro titulado “resumen por partida presupuestaria y fuente de financiamiento”, donde queda en evidencia la ilegalidad del proyecto, al considerar que más de la mitad de las remuneraciones sean financiadas con emisión de bonos. Es a todas vistas inconstitucional, ilegal y debe ser corregido.

Lo correcto, legal y factible es que sean los gastos por intereses los financiados con emisión de bonos, lo cual vendría siendo equivalente a una capitalización de intereses.

De todas maneras, deben aprobarse reformas urgentes, tanto de gastos e ingresos como de crecimiento económico, para que el marco presupuestario a mediano plazo sea uno conducente a un equilibrio sostenible de las finanzas públicas.

Deben tomarse, también, las medidas correctivas del caso en el proyecto de presupuesto del 2016, de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes.

Álvaro Trejos fue vicepresidente del Banco Central y diputado. En la actualidad se desempeña como consultor en derivados financieros.

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