Y ahora nos anuncia el AyA que habrá un fuerte racionamiento de agua a partir de enero y hasta junio, porque las lluvias durante el invierno mermaron y consecuentemente los ríos tienen menos caudal. Suponemos que los mantos subterráneos del preciado líquido están más secos y que las filtraciones que los alimentan, disminuyeron también. Según AyA, esto exige un racionamiento urgentemente para que el agua nos rinda durante todo el verano. Para desincentivar el consumo, Aresep se apresta a ayudar al AyA subiendo las tarifa de inmediato.
En cualquier país desarrollado, la noticia sobre la escasez del agua se sobreentendería como relacionada con la falta de agua en el subsuelo; pero en Costa Rica, suponemos que nada tiene que ver con la disminución de los mantos acuíferos, sino más bien con la falta de planificación de los funcionarios públicos que seguro no han hecho los estudios necesarios para averiguar cuánta agua tiene el país, y menos han tomado decisiones para manejar los recursos hídricos para garantizar su sostenibilidad.
Todos sabemos que la falta de planificación y previsión en el sector público obedece al nombramiento en los cargos más importantes, a gente políticamente escogida sin la demostrada idoneidad para llevar a cabo una excelente gestión en el cargo que se le encomienda. Desde luego, no es necesario que se nombre a un hidrogeólogo como presidente ejecutivo del AyA, pero sí que se escoja a la persona que tenga plena claridad sobre la necesidad de planificar (palabra casi inexistente en el diccionario político) para que el país pueda proseguir su desarrollo, pese a las incidencias de la naturaleza.
Una vez más, la eficiencia del Estado solidario costarricense se evidencia. No garantiza la distribución de la riqueza como se lo manda el art. 50; ni siquiera garantiza la vida, que es un derecho humano universal, consustancial con el derecho al agua.
Pero no solo debe AyA preocuparse por economizar el agua y evitar el desperdicio, que es mucho, sino que es perentorio que lleve a cabo los estudios hidrogeológicos requeridos para proteger las fábricas de agua con las que deben nutrirse no solo los habitantes del país, sino también las empresas y las embotelladoras de bebidas.
La Aresep ha decidido aumentar las tarifas de agua “del tubo” para desincentivar el consumo, pero también debe “entrarle” a fondo a las irrisorias tarifas del agua extraída del subsuelo. Para este propósito no necesitamos de una nueva ley, aunque es urgente que se apruebe la Ley del Recurso Hídrico. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, responsable de controlar las políticas tarifarias de los servicios públicos, debe cerciorarse de que la tarifa que nos impondrá la Aresep se aplique a todos los consumidores de agua por parejo, no sólo para desincentivar el consumo y evitar el desperdicio, sino para que con ella se puedan financiar los estudios requeridos que permitan tomar las medidas para proteger y garantizar la sostenibilidad del recurso.
Mientras tanto, para que la gente no carezca del recurso vital, solicitémosle al AyA que compre a las embotelladoras de bebidas las cisternas requeridas para suministrar el agua en todo el país. De esta forma, no se estaría privando del preciado líquido a la gente, sino que se estaría concesionando disimuladamente el servicio a las empresas privadas que sí son eficientes en obtener el agua sin pagar por ella el precio apropiado, aunque no sepamos cuán eficientes sean en proteger el agua para el futuro. Porque agua, lo que es agua, ¡sí hay! Pero ¿por cuánto tiempo?
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