Opinión

Agro, tributación y agricultura

Actualizado el 02 de abril de 2014 a las 12:00 am

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Agro, tributación y agricultura

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Recientemente escribí un artículo intitulado “El dilema del PAC: estrategia pasiva frente a estrategia activa”, y ofrecí una continuación que ahora cumplo. Para comenzar, debemos reconocer que enfrentamos dos dificultades fundamentales en nuestro sistema agrario y agrícola.

La primera es que nuestro ordenamiento institucional y tributario permite a los propietarios subvalorar sus tierras, al pagar impuestos sobre ellas y sobrevalorarlas en el momento de venderlas. Estas condiciones y prácticas desembocan en la acumulación de propiedades improductivas, para absorber, pasivamente, la valorización que acompaña el poblamiento y las obras públicas. Asimismo, obstaculizan el acceso de campesinos productivos, empresarios y adquiridores de vivienda al control de la tierra.

La segunda dificultad y concomitante es que un pequeño porcentaje de dueños controla un alto porcentaje de tierras. En otras palabras, una gran mayoría de propietarios y productores dispone de una pequeña parte de las tierras. Esto caracteriza las actividades agrícolas, en general, y alcanza proporciones extremas en el negocio de la construcción y compraventa de vivienda, y también en la ganadería.

Para corregir esos dos males, mediante el Estado como un todo y sus partes regionales o locales, conviene apoyar la organización de ciudadanos en todos los niveles y formas (por ejemplo, campesinos individuales, cooperativas y otras modalidades de asociación), a fin de que obtengan acceso a la tierra y gestionen la solución de sus propios problemas, de manera libre y responsable. Además, conviene dividir el trabajo correspondiente distinguiendo claramente entre “objetivos estructurales” (agrarios, por ejemplo) y “objetivos funcionales” (agrícolas). Los primeros se refieren a las relaciones de propiedad y control de la tierra. Los segundos surgen de las actividades y procesos de producción y uso (o consumo). Son problemas de funcionamiento y manejo de las unidades sociales, en las cuales se aplica y explota la tierra para efectos mercantiles o de subsistencia.

Estabilización de precios. Para que esas relaciones (estructurales) y procesos (funcionales) se desenvuelvan bien, se necesita estabilizar los precios de la tierra y eliminar sus componentes especulativos, con el fin de alcanzar y mantener el verdadero valor productivo del recurso y mejorar su asignación económica.

Si se entiende y acepta el razonamiento anterior, habría que reconocer, también, que la sociedad costarricense comete un grave error al desarrollar la vida y producción del agro mediante políticas funcionales, principalmente, como subsidios, crédito, precios, infraestructura y asistencia técnica. Peor aún: al poner tales políticas, directa o indirectamente, en manos de quienes representan a los sectores dominantes del agro, se “coloca la carreta delante de los bueyes”, causando un atascamiento de nuestra agricultura en los intereses y prácticas establecidos. Ejemplos claros y concretos se describen en los informes de Sepsa (por ejemplo, sobre Fodea, Prograsa y otros proyectos y programas). Con ello, se desalientan la formación de nuevas organizaciones y estructuras agrarias capaces de aumentar la productividad material y económica de la tierra, su contribución a la equidad social y la independencia de las mayorías del agro. Todo ello puede ser corregido mediante mecanismos e ideas como lo siguientes:

Que los propietarios de tierra periódicamente valoren ellos mismos sus tenencias.

Esas valoraciones tendrían un doble carácter formal, como declaración jurada aplicable para efectos tributarios y eventual opción de compra para el Estado.

La Dirección de Tributación y la institución agraria revisarían las valoraciones para determinar cómo comparan con estimaciones de otras fuentes y con base en otros criterios.

Si tales análisis revelasen que determinado inmueble está sobrevaluado por su propietario, el Gobierno mantendría su precio registrado para Tributación. En cambio, si está subvalorada la cifra para efectos tributarios por su propietario, el Gobierno adquiriría el inmueble para engrosar un banco nacional o comunal de tierras.

Obviamente, con base en esa norma, los propietarios racionales harían todo lo posible para valorar sus tenencias prudente o correctamente, sin afanes especulativos, aplicándoles al mejor uso posible conforme a sus propios cálculos, previsiones e intereses. Esto también convendría a la sociedad en general, o comunidad en particular.

Destaco dos aspectos importantes: primero, los dueños de tierra estarían permanentemente “movidos” a actuar conforme a su propio interés, sin esperar ganancias especulativas, pasivamente, a costa de la sociedad; y, segundo, esta tendría, también permanentemente, la posibilidad de asignar ese recurso a los mejores postores mediante “bancos de tierras” o estructuras socioeconómicas comparables a nivel nacional, regional y local.

Advierto que ese mecanismo y tales ideas no son nuevos, ni abstractos, ni tentativos, sino que han venido siendo aplicados, con gran éxito, desde hace muchos años en América del Norte, Europa y, más recientemente, en Oriente, como, por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur y otros países asiáticos.

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