Opinión

Agilizar los procesos de contratación administrativa

Actualizado el 16 de agosto de 2014 a las 12:00 am

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Agilizar los procesos de contratación administrativa

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Desde hace algunos años, el Gobierno de Costa Rica ha impulsado, de forma prioritaria, la modernización y agilización de los mecanismos de compra y contratación con las instituciones públicas.

Mer-link. Durante la Administración anterior, el Poder Ejecutivo promulgó la directriz N.º 37943-H-MICITT, del 16 de setiembre del 2013, a través de la cual se instó a las entidades del Estado para que, a partir de enero del 2014, implementaran la plataforma de proveeduría virtual Mer-link en todos sus procesos de compras públicas.

Mer-link es una herramienta para realizar negocios vía web. Permite generar importantes ahorros a proveedores e instituciones, en costos y tiempo, lo que fomenta la transparencia, incentiva la participación de los oferentes y aumenta la competitividad de las empresas locales y el Estado.

Reforma a la ley 7.494. Como complemento, el pasado 18 de junio del 2014 se publicó en el diario oficial La Gaceta una reforma al artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa –ley N.º 7.494, del 2 de mayo de 1995–, la cual formaliza y otorga un carácter de obligatoriedad a la gestión de las contrataciones públicas mediante la implementación de medios electrónicos.

La reforma, que regirá a partir del 18 de junio del año 2015, establece que “La actividad de contratación administrativa prevista en esta ley deberá realizarse por medios electrónicos.

Para tales efectos, el Poder Ejecutivo, por medio de la instancia encargada del desarrollo del Gobierno Digital, pondrá a disposición de la Administración Pública un único sistema nacional de gestión electrónica de las compras públicas, cuya regulación se hará mediante un reglamento a esta ley. Las entidades autónomas y las municipalidades podrán tener sus propios sistemas de gestión electrónica, únicamente cuando acrediten de manera técnica y financiera que se trata de una medida indispensable para atender de mejor forma el interés público a su cargo”.

Esta modificación a la normativa impone la obligatoriedad de implementar el sistema electrónico o digital para todas las compras que realice la Administración, lo que permitirá definir una política sancionatoria para quienes no cumplan con lo dispuesto. Asimismo, establece como obligación, para las entidades del Estado, disponer de los recursos necesarios para la implementación del sistema.

Para tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá emitir el Reglamento a la Implementación del Sistema Nacional de Gestión Electrónica dentro de los primeros tres meses posteriores a la publicación de la reforma, para hacer efectivos los fines dispuestos por los legisladores. Confiamos en que se respetará el periodo establecido en la ley para la emisión del reglamento y, así, evitar retrasos que afecten este importante avance en los procesos de compras públicas.

Dos sistemas. Ante este panorama, uno de los principales retos que tendrá el actual Gobierno será decidir si mantiene la obligatoriedad establecida en la directriz –impulsada por la Administración de Laura Chinchilla– respecto al uso de la plataforma Mer-link como único sistema para las compras electrónicas, o bien su equivalente, llamado Compra-Red, del Ministerio de Hacienda.

El actual Gobierno debe determinar, mediante datos certeros, cuál de los dos sistemas es el más eficiente, el de mejor acceso y con mayor número de usuarios, además del más factible para hacer negocios con los proveedores de bienes y servicios.

Una vez que se defina este aspecto, es indispensable que los proveedores se asesoren tanto técnica como legalmente porque, si bien el sistema responde a la implementación de una plataforma tecnológica plenamente programática, los principios y procedimientos aplicables a los sistemas de compras del Estado prevalecen por mandato constitucional; es decir, si un proveedor participa en una licitación en la cual se detectan errores de fondo, este podrá defender sus derechos según lo dispuesto por ley.

Para las empresas proveedoras de bienes y servicios, lo realmente importante será el conocimiento, la capacitación y la implementación del sistema, ya que esta será la única vía, a partir del año 2015, para hacer negocios con el Estado.

Sin lugar a dudas, este es un paso fundamental para la digitalización de las compras del Estado costarricense. Modernizará la administración pública y, a su vez, incrementará la eficiencia y la transparencia en el sector público por medio del uso estratégico de las tecnologías; no obstante, se requiere de voluntad política para hacer efectivo este proceso de transformación.

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