Opinión

Agilidad en las contrataciones del Estado

Actualizado el 09 de septiembre de 2013 a las 12:00 am

Opinión

Agilidad en las contrataciones del Estado

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Uno de los principales problemas de la contratación pública es la indebida utilización de figuras legales aceptadas por nuestro ordenamiento jurídico para tutelar derechos individuales, me refiero a la “manipulación” de los recursos de objeción y apelación en los procesos de contratación administrativa.

Esos recursos son mecanismos idóneos para tutelar el derecho de los administrados cuando consideran que se ha violentado un principio o una norma aplicable, pero un tema muy distinto resulta cuando se recurre el cartel o el acto de adjudicación, según sea el caso, sin cumplir los requisitos básicos de cualquier recurso contra un acto administrativo. En el ámbito específico de la contratación pública, los principales ejemplos de esta incorrecta forma de recurrir son la falta de legitimación y la ausencia de fundamentación del recurso.

Estas prácticas, además de dilatar los procesos de compra, causan severos daños a la Hacienda Pública porque con el paso del tiempo, el bien o servicio que se pretende adquirir sube de valor y al final, todos los costarricenses pagamos el aumento. El desarrollo de infraestructura en todas sus facetas (vial, portuaria, aeroportuaria, etc.) es la manera más clara de ejemplificar esta situación.

La Presidenta de la República, altos jerarcas de las instituciones del Estado y miembros de agrupaciones interesadas en el desarrollo de obra pública han manifestado, en reiteradas oportunidades, su disconformidad con esta práctica cada vez más generalizada de algunas empresas privadas cuando no resultan adjudicatarias.

Realizado el diagnóstico del problema, propongo una posible solución, la cual se refiere a la potencial aplicación de una figura jurídica existente en otros países, como Panamá, y que se denomina la “fianza del recurso de impugnación” . Es una especie de “garantía” que debe pagar la empresa que interpone un recurso de impugnación contra un acto de adjudicación. Si el recurso es aceptado, se le devuelve el dinero. En caso contrario, queda en las arcas del Estado.

Ya tenemos diagnosticados los principales problemas del ordenamiento jurídico de la contratación administrativa (como este tema).

Ahora toca proponer soluciones o vías para erradicar actuaciones incorrectas, no solo de ciertos administrados, sino también de la Administración Pública, que provocan atrasos injustificados y la dilatación exagerada de los concursos públicos, lo que ocasiona una disminución en la competitividad de Costa Rica respecto a la región y también a Latinoamérica en general.

  • Comparta este artículo
Opinión

Agilidad en las contrataciones del Estado

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota