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Acuerdo nulo

Actualizado el 29 de mayo de 2016 a las 12:00 am

El gobierno cerró un trato que implica violación al principio de legalidad

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Es una farsa decir que las huelgas en los servicios públicos esenciales están prohibidas cuando el gobierno actúa frente a ellas con tolerancia y alcahuetería. Lo confirma el acuerdo al que llegó el ministro de Trabajo con grupos sindicales para garantizarles impunidad a los trabajadores que abandonaron la atención en hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) los días 26 y 27 de abril.

Lo pactado por el ministro es nulo porque deliberada y arbitrariamente utilizó su puesto para hacer algo que no le está permitido. Su obligación era llevar el conflicto a conocimiento y resolución de los tribunales de trabajo (artículo 375 del Código de Trabajo), pero, en lugar de hacerlo, prefirió eximir de sanciones a los huelguistas.

El gobierno nos sorprendió con un acto arbitrario y contradictorio. El 27 de abril el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado reconociendo que “las huelgas están prohibidas en los servicios esenciales como Policía, hospitales o muelles” y que, por tanto, se debía “proceder con el trámite ante los tribunales” para obtener la declaratoria de ilegalidad.

Sin embargo, tres días más tarde, cedió a la presión sindical y anunció que cerró un trato que implica violación al principio de legalidad con tal de dar protección a los huelguistas que dejaron de atender a más de 16.000 pacientes y generaron la cancelación de cientos de exámenes médicos, citas y cirugías, incluidos los servicios de quimioterapia.

Actitud de la CCSS. Pero el asunto no quedó ahí y la confusión aumenta. Ahora el gobierno está metido en un zapato porque la Caja del Seguro sí cumplió con sus obligaciones y acudió a los tribunales, y obtuvo en el Juzgado de Trabajo de Cartago la declaratoria de ilegalidad de la huelga en la que participaron trabajadores del hospital Max Peralta.

¿Qué prevalece: el acuerdo o la sentencia? La segunda, indudablemente, porque, de lo contrario, sería negar el principio de separación de poderes y permitir que la función ejecutiva del Estado pase por encima de los órganos judiciales.

El medio idóneo para acabar con el conflicto no era un acuerdo al margen de la legalidad, sino acudir a la jurisdicción especializada, pues son los jueces de la República, y no el jerarca de la cartera de Trabajo, a quienes les compete esa potestad.

¿Por qué el bloque sindical puso como condición para frenar la huelga el no rebajo de los salarios? Porque así logran sus objetivos, de manera ilegal, sin ningún costo para los huelguistas. La realidad es que las huelgas salvajes, aunque prohibidas, se permiten de facto.

Ejercicio irresponsable. Me pregunto qué nos espera si el Poder Ejecutivo sigue consintiendo este tipo de abusos en el ejercicio del derecho a la huelga, principalmente cuando se trata de servicios esenciales de carácter asistencial como los de la seguridad social. ¿Para qué está la ley si al final los sindicatos hacen lo que quieren?

¿Cuál es el incentivo que tienen los trabajadores para ajustarse a la ley si cuando la incumplen no se les aplica ninguna sanción? Los dirigentes de los diferentes archipiélagos sindicales exigen constantemente respeto a la libertad sindical, pero nos tienen acostumbrados a un ejercicio irresponsable del derecho a huelga.

La Sala Constitucional ha sido clara al resolver que “la huelga en los servicios hospitalarios, en tanto actividad esencial del Estado, está prohibida”. Y su posición es acertada teniendo en cuenta que no es más que la aplicación del artículo 61 de la Constitución Política y los numerales 375 y 376 del Código de Trabajo, y es conforme a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por lo anterior, la sola declaratoria de ilegalidad de una huelga en servicios esenciales debería ser suficiente para que el patrono proceda con el rebajo inmediato y retroactivo de los salarios, como mínimo, pues no se justifica que los trabajadores se beneficien económicamente de algo que está manifiesta y expresamente prohibido.

Dejar de pagar el salario por el tiempo que se extienda una huelga en servicios esenciales no solo estaría justificado, sino que, además, va en la línea de las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en el sentido de que esa decisión “no plantea objeciones desde el punto de vista de los principios de libertad sindical” (recopilación del 2006, párrafo 654).

Gancho. ¿Cuáles son las consecuencias de pagar el salario a quienes participaron en la huelga salvaje? Incentivar la próxima paralización de servicios que ya han amenazado con orquestar para seguir imponiendo sus intereses y exigir al bloque que es mayoría en el Parlamento “desechar totalmente” el proyecto 19.923 de contención del gasto público.

No sería la primera vez que desde la tarima sindical se utilizan los servicios esenciales como gancho para presionar acciones concretas en la Asamblea Legislativa, y como ejemplo está el acuerdo conciliatorio negociado en 1982 para poner fin a una huelga de médicos que generó la promulgación de la ley de incentivos (Ley 6.836), todavía en vigor y no exenta de críticas por su voracidad.

En aquel momento se argumentó que, pese a no saber cuál sería el impacto económico sobre las finanzas de la Caja, la norma tenía que aprobarse para evitar más huelgas.

La huelga es un derecho que sí admite limitaciones y regulaciones. Si eso no se respeta y la relación sociedad-huelga se continua rigiendo por la ley del más fuerte, ¿quiénes son los depredadores y quiénes las presas?

Las organizaciones sindicales no deben olvidar que el Convenio 87 de la OIT los obliga a ajustar su actividad a la legislación del país. Un uso racional y bien fundado del derecho de huelga es la vía que deben seguir para legitimar su acción colectiva.

El pacto entre el Ministerio de Trabajo y el sector sindical no tiene efectos vinculantes, por lo que si la administración Solís Rivera valora la institucionalidad del país y el Estado de derecho, debe revocar inmediatamente ese ilegal acuerdo.

La autora es abogada.

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