EscucharA propósito de Puente al Desarrollo, Juan Carlos Hidalgo (columna De frente, 6/4/2015) hace una serie de observaciones sobre la estrategia de la administración Solís Rivera para la reducción de la pobreza, unas de las cuales deseo rebatir, otras complementar como parte de un importante debate público. Me provoca un genuino agradecimiento que este tema tan relevante sea discutido.
El analista afirma, sobre Puente al Desarrollo, que “no hay ningún indicio de que este programa vaya a evitar el incentivo que aflige a los otros: mantener a sus ‘clientes’ en vez de perderlos”. En la raíz del programa está la corresponsabilidad, es decir, la familia en pobreza extrema que se beneficia del programa debe cumplir una serie de logros familiares a lo largo del tiempo. Quien por falta de voluntad no avance en esa dirección, sale del programa y pierde el acceso preferente. Esto no es un indicio, es un hecho.
Siguiendo el enfoque de capacidades y derechos planteado por el premio nobel Amartya Sen y otros, Puente al Desarrollo está diseñado para generar capacidades con miras a la independencia de las familias, no de la permanencia, tanto así que el beneficio asistencial tiene un plazo. El programa procura que las personas se gradúen de su condición de pobreza.
También afirma: “En lugar de acabar con programas duplicados o simplificar lo que el ministro de Desarrollo Humano reconoce como un ‘archipiélago institucional’, el Gobierno más bien propone contratar 160 cogestores (más burocracia)”.
La inversión en cogestores es un elemento novedoso, que ha demostrado resultados exitosos en países como Colombia y Chile. Concreta el vínculo hasta ahora ausente entre familias y programas de promoción, además de proveer el seguimiento que en el pasado no se lograba. Los cogestores cambian positivamente el trabajo de reducción de la pobreza porque no solo se atiende en ventanilla, sino que se sale al campo a combatirla.
Al menos cuatro niveles de fiscalización son el mecanismo para erradicar el clientelismo y generar transparencia en el esquema de cogestión: nivel profesional del cogestor, sujeto a fiscalización del gremio por el ejercicio ético profesional; mecanismos de auditoría interna y órganos de control y monitoreo; auditoría externa para señalar errores y certificar logros; y auditoría ciudadana y de la prensa (como muestreos aleatorios de campo seleccionados por los auditores) para que públicamente se juzgue de primera mano el trabajo.
Desde un punto de vista netamente economicista, la inversión en cogestores (fondos propios IMAS, que no requieren un impuesto nuevo o endeudamiento adicional) lo que hace es maximizar el impacto de la inversión social existente por medio del seguimiento y de la ejecución de estrategias integrales. Con esto la administración ya está haciendo más a partir de los mismos recursos disponibles.
Los “programas duplicados o simplificar”, que el analista menciona, mas no desarrolla, implican una reforma estructural del sector social con un importante acuerdo político, y esto no ocurre de la noche a la mañana. No obstante, con el conocimiento ya de varios diputados líderes en la materia, desde el año pasado se trabaja en una propuesta para hacer dicha reforma, alambicada y compleja, pero necesaria y a la que estamos haciendo frente.
Hay buenas intenciones, sí, pero principalmente acciones correctas y un decidido trabajo de mejoramiento de la política pública, objetivos que tanto el analista como este ministro, pero principalmente el país, sabrán respaldar.
El autor es ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
