Opinión

Abstencionismo: menos drama y más responsabilidad

Actualizado el 17 de abril de 2014 a las 12:00 am

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Abstencionismo: menos drama y más responsabilidad

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En la nota “TSE culpa a los políticos por alto abstencionismo” ( La Nación , 8 de abril del 2014), el redactor recoge con cierta dosis de imprecisión las apreciaciones que, sobre el tema del abstencionismo, compartí en la conferencia de prensa del día anterior. De ellas no puede colegirse que el TSE (que es más que su presidente) culpe solo a los políticos por el abstencionismo registrado el pasado 6 de abril.

Dije (y no es una interpretación mía, sino una conclusión de la medición científica del fenómeno que entre la Universidad de Costa Rica y el TSE hemos desarrollado sistemáticamente desde el 2002) que el abstencionismo era un fenómeno multicausal. Luego, no pude haberlo atribuido (y no lo hice) a solo uno de sus factores. De modo que no, no afirmé “que el descontento hacia los políticos es la causa del elevado abstencionismo electoral desde 1994” (que, por cierto, empezó a crecer en 1998, y no en 1994).

Elección personal. En lo que insistí (y aprovecho para retomar) es que en Costa Rica hemos reducido al mínimo el abstencionismo técnico (es decir, el de aquellas personas que queriendo votar y estando en condición legal para hacerlo, encuentran dificultades que la administración electoral podría allanar). A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, en Costa Rica el peso relativo de este en los índices de abstencionismo es ínfimo. De modo que aquí la inmensa mayoría de gente que no vota se comporta así porque quiere.

Unos son simplemente indiferentes, prefieren de manera egoísta que otros lleven la carga de lo que, en realidad, a todos incumbe. Por eso no van ni a las elecciones nacionales, ni a las de la federación de estudiantes de la Universidad, ni a las reuniones del sindicato ni a las de condóminos. Sencillamente, les parece muy bien que los demás se ocupen de los asuntos comunes; mientras ellos, a lo de ellos.

Luego hay un porcentaje, también, de quienes no votan porque, aunque quieren, no pueden (sin que su imposibilidad sea atribuible a la administración electoral): los que de imprevisto debieron salir del país o desplazarse a zonas muy distantes de su centro de votación, los que de repente cayeron enfermos, entre otras circunstancias. Y, claro, hay un importante número de abstencionistas que no votan por su malestar con la política y los políticos, ya sea porque, vanamente, pretenden con ello “castigarlos” o, simplemente, porque ninguno lo convenció.

Ahí es donde el peso de los factores se inclina hacia la deficitaria oferta partidaria sin que, en modo alguno, ello signifique: ni que ese sea el único factor de la abstención (vistos los otros ya apuntados); ni que la responsabilidad por el no voto, aún en esos casos, sea de los partidos o de los políticos. La responsabilidad última de una acción u omisión será siempre de quien tenía la obligación y estaba en condiciones de comportarse como correspondía y no lo hizo.

Por eso, la responsabilidad última por no votar siempre será de quien tiene la obligación constitucional de hacerlo: de cada ciudadano. Abordar el tema de la abstención con responsabilidad pasa, necesariamente, por reconocer y decir esto abiertamente, aunque no sea popular.

Además, el tema de la abstención debe desdramatizarse. El 2 de febrero la tasa de participación fue básicamente la misma que la de los últimos tres lustros (alrededor del 70%), lo que marca una pauta permanente de comportamiento electoral del costarricense, distinta a la extraordinariamente alta de 1962 a 1994 (que oscilaba en torno al 80%). Y el 6 de abril la abstención fue, apenas, de un 3% más que en la otra segunda ronda de nuestra historia, la del 2002, con la diferencia de que en esta no hubo retiro de la campaña de ninguno de los aspirantes.

Legitimidad. Lo cierto es que un inmenso caudal de electores, convencidos por 11 candidatos a la presidencia de la República, no tenían ya la opción de votar por estos en la segunda ronda y, aún así, en su gran mayoría votaron el 6 de abril. Quien no lea en ello un éxito de la democracia costarricense, debe informarse un poco de lo que ocurre en los procesos electorales de todo el mundo.

Quizá, entonces, se entere de que ese promedio de participación del 70% no es nada despreciable, que democracias consolidadas en el mundo exhiben niveles de abstención bastante más altos sin que nadie por ello augure su colapso. Porque no, los niveles de participación de este proceso electoral no ponen en jaque la legitimidad de las autoridades electas ni, mucho menos, de nuestro sistema democrático.

La legitimidad se fundamenta en un proceso electoral en el que resolvimos, una vez más, la transición pacífica de la autoridad gubernamental sin derramar media gota de sangre, en un clima de libertad irrestricta y sin ninguna agrupación política proscrita de la competencia por el favor popular. Que quede claro: la legitimidad de nuestra democracia no ha sufrido mella alguna.

Si, por un lado, al abstencionista debemos escucharlo y no criminalizarlo, por el otro merece aplauso la mayoría de los costarricenses que sí asumimos la responsabilidad de nuestra ciudadanía y escogimos los 60 cargos de mayor representación política bajo las reglas que, como sociedad, nos hemos dado para ello.

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