La crisis de nuestro sistema de pensiones es un asunto que no debe ser ignorando este 2017

 14 enero

En Foro de La Nación, en enero del 2015 y enero del 2016, me dieron la oportunidad de publicar artículos llamando la atención sobre la agenda nacional de asuntos pendientes que deberían ser resueltos, al menos en sede legislativa, cuanto antes. Llegado el 2017, debo advertir que, aunque algunos proyectos –los menos– ya son leyes de la República, la mayor parte de estos asuntos siguen tramitándose en el Parlamento.

Gracias a la Agenda Legislativa por la Responsabilidad Fiscal –propuesta por la Unidad Social Cristiana en mayo del 2016 y acogida como propia por otras siete de las nueve fracciones parlamentarias– algunas cuestiones han avanzado con dificultades, pero de manera constante.

Las leyes contra el fraude fiscal y el contrabando, el fortalecimiento de la caja única del Estado, la racionalización de las pensiones de privilegio con cargo al Estado y la obligatoriedad de transparentar la contratación administrativa forman parte de ese contingente de iniciativas para sanear la hacienda pública.

Queda varada, por decisión y temor del Poder Ejecutivo, la ley de racionalización del gasto en remuneraciones y convenciones colectivas en el sector público; así como los proyectos de regla fiscal.

El 2017 debería mantener en la agenda legislativa buena parte de los proyectos de responsabilidad fiscal antes de entrar a conocer sobre la necesidad o no de incrementar o crear nuevos impuestos. Aunque debe advertirse que es más que probable que gracias a Liberación Nacional el nuevo impuesto a las personas jurídicas entre en vigor sin haber concluido el trámite de la leyes de responsabilidad fiscal, rompiendo la lógica de primero racionalizar el gasto antes de valorar más impuestos.

Sin embargo, el año 2017 plantea nuevos retos para el país y, dentro de él, para un funcionamiento más o menos razonable de la Asamblea Legislativa.

Año preelectoral. Al ser año preelectoral, lo normal sería que unos y otros tomen sus decisiones y adopten posiciones en función de sus cálculos electorales. Dentro de los partidos habrá convenciones internas que, de inmediato, abrirán el curso de la elección nacional para presidente y diputados. Ese es el calendario de la democracia y, dentro de él, la Asamblea Legislativa deberá echar mano a mucha sensatez para no desbordar ánimos e impedir la toma de decisiones impostergables.

Agenda OCDE. Sumado a lo anterior, concluida la Agenda por la Responsabilidad Fiscal, la Asamblea deberá entrar a conocer –si es que el Poder Ejecutivo tiene verdadero interés– la agenda legislativa necesaria para el ingreso de Costa Rica en la OCDE, cuyo momento está fijado para abril del 2018, según compromiso del presidente Solis en París.

Sobre esta materia, a la fecha, el Poder Ejecutivo no ha sido capaz, siquiera, de presentar un esbozo de lo que deberían ser los contenidos de dicha agenda. Mala señal.

Panorama internacional. Pero los motivos de inquietudes no acaban ahí: la llegada de Trump al poder, la anunciada reducción de impuestos por parte de los republicanos, la posible elevación de las tasas de interés, así como el acuerdo entre algunos de los países productores de petróleo, podrían hacer de este año el del fin del dinero y el petróleo baratos.

Hasta ahora, Costa Rica no ha experimentado mayores dificultades que las que ya tenemos en razón del precio del dinero y del petróleo. Pero eso podría acabar pronto. Sumado a ello, la lógica seguida por el actual gobierno de no entrarles a los disparadores del gasto público y, en su lugar, seguir endeudándose para gastar y endeudándose para pagar la deuda previamente contraída, es insostenible. Hace pocas semanas el FMI insistió en este tema.

Crisis de pensiones. La evidencia expuesta recientemente sobre la terrible situación de nuestro sistema de pensiones es otro de los asuntos que no debe seguir siendo ignorado por las autoridades durante este 2017, con todo y año preelectoral es urgente que tomemos decisiones responsables antes de que la situación sea irreversible.

Tiempo de responsabilidad. En ese contexto, la responsabilidad de la clase política está muy clara: los vientos electorales no deben ser tan fuertes que arrasen cualquier posibilidad de construir acuerdos.

El hecho de que entremos en campaña electoral no enerva la obligación del Ejecutivo y del Legislativo, así como de los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales de mantener una conducta responsable, constructiva y previsora.

El autor es diputado del PUSC.