EscucharLa Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga (CEJA) es cada año punto de encuentro de profesores, abogados y estudiantes provenientes de diversas facultades latinoamericanas de Derecho. La actividad reúne en Costa Rica a equipos de universitarios en una simulación de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), donde representan, mediante argumentos orales y escritos, al Estado y a las víctimas.
Este año, durante la primera semana de noviembre, se ha llevado a cabo la XX Edición de CEJA, organizada por la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi), iniciativa que ha sido liderada por diversas generaciones de jóvenes abogados y estudiantes de Derecho.
Cuánta visión tuvieron aquellos fundadores de CEJA en 1996, hoy reconocidos profesionales en Derecho, para crear un espacio que ha contribuido a la formación de abogados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), acrecentando y haciéndole honor al legado de Costa Rica en la promoción de los derechos humanos en las Américas.
Nuestro país ha sido protagonista del SIDH desde sus comienzos en 1969, con la redacción en San José de la Convención Americana de Derechos Humanos y, luego, en 1978, cuando la OEA aceptó el ofrecimiento de Costa Rica para ser la sede de la Corte-IDH; aunado a la posterior fundación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ambas instituciones ubicadas en San Pedro de Montes de Oca.
Sin embargo, el aporte de Costa Rica no se ha limitado a temas de cooperación, sino que ilustres costarricenses se han desempeñado como jueces en la Corte-IDH.
Sin ellos no es posible concebir a esta Corte y tampoco a CEJA, de ahí que se les dedica este vigésimo aniversario. Describir la labor de estos juristas requiere una amplia investigación; no obstante, sería injusto dejar de mencionar en esta ocasión su huella en la historia.
Miembros de prestigio. El camino comienza con el Dr. Rodolfo Piza Escalante (q.d.D.g.), primer presidente de la Corte-IDH. Su labor fue determinante en la consolidación de dicho tribunal como mecanismo interamericano de protección de los derechos humanos.
La convicción demócrata del Dr. Piza nos heredó también una trascendental reforma interna, por medio de su participación en la Sala Constitucional.
Posteriormente, en 1988, la OEA designó a la primera mujer jueza, y la única por veinte años: la Dra. Sonia Picado Sotela. Esta distinguida jurista había sido la primera mujer decana de una Facultad de Derecho en América Latina (UCR, 1980).
La profesora Picado es pionera en la reivindicación de los derechos de las víctimas y de las mujeres, en un contexto tradicionalmente conservador, que le negó su designación en la presidencia de la Corte-IDH, cargo que le correspondía por rotación y, claro está, por mérito propio.
El tercer juez costarricense representa la historia misma de la Corte-IDH. El Dr. Manuel Ventura Robles se desempeñó como su secretario por más de veinte años y, como juez, del año 2004 al 2015, destacándose por su compromiso incansable para lograr el fortalecimiento y la cooperación para con la Corte.
Sin duda, él ha sido uno de sus más entregados funcionarios y juristas, tanto así que por algunos periodos fue el único profesional al servicio de la Corte.
Ventura cumplió con creces y, como él suele decirlo, se retiró tranquilo, pues no pudo haber llegado una jurista con mayor experiencia que la Dra. Elizabeth Odio Benito.
Ella es la cuarta costarricense y la única mujer en la integración actual de la Corte-IDH, después de haber sido magistrada de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.
La presencia de la profesora Odio, para el periodo 2016-2021, enriquecerá la labor jurídica de la Corte, desde una perspectiva de género que no claudica y un pensamiento claro enfocado hacia una justicia internacional que debe situar a las víctimas en el eje central de sus tribunales.
Arduo trabajo. Acodi se enorgullece de contar con el apoyo y guía académica de estos juristas, condecorados además con el Premio Manuel María Peralta por su destacada labor en el derecho internacional y la diplomacia costarricense. Sin duda nos corresponde contribuir a que su legado persista.
CEJA seguirá siendo un espacio para que más jóvenes latinoamericanos puedan profundizar sus estudios en derechos humanos y, a la vez, prepararse para ejercer en el SIDH.
Hoy, cuando las finanzas parecen reflejar un compromiso inconcluso de los Estados, es fundamental que sigamos trabajando para que Costa Rica prolongue su cooperación con el SIDH.
Necesitamos sumar esfuerzos para fortalecer los mecanismos de protección y reparación, así como el acatamiento de las sentencias, sobre todo, para evitar retrocesos en los estándares que resguardan la esencia de que todo ser humano debe ser tratado con dignidad, con todas las implicaciones que eso conlleva.
El autor es abogado.
