El unánime apoyo de los diputados del Frente Amplio a la decisión del gobierno venezolano de sacar del aire a CNN en Español no sorprende. Las simpatías de ese partido hacia el modelo autoritario son evidentes, pese a los esfuerzos por disimularlas para no inquietar las sensibilidades del costarricense. Abundan las muestras de cercanía de los frenteamplistas con la dictadura cubana, el régimen chavista y el deslegitimado gobierno de Daniel Ortega.
Sorprende, en cambio, el voto de igual número de legisladores del Partido Acción Ciudadana (nueve) contra la moción presentada por el diputado Rolando González para condenar la bárbara violación a las libertades de prensa y expresión cometida por el régimen de Nicolás Maduro, que ya silenció a la mayor parte de la prensa independiente venezolana y ahora la emprende contra la extranjera.
El PAC se presentó como una opción bien distinta. En varias oportunidades ha dado muestras de inclinarse por las posiciones radicales del Frente Amplio, con el cual ha ensayado alianzas y programas comunes dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, pero pocas veces se ha alineado con tanta claridad con causas abiertamente antidemocráticas y lesivas para los derechos humanos.
La justificación ofrecida por Víctor Morales Zapata, a quien el presidente de la República llama “hermano”, para presumir de cercanía, evoca el intento de imponer la famosa ley mordaza en Costa Rica y obliga a replantearse si en verdad aquello fue un desafortunado gazapo de un grupo de inexpertos alojados en algún rincón de la burocracia nacional.
La ley mordaza, entre muchas provisiones destinadas a someter a los medios de comunicación al control gubernamental, establecía la posibilidad de sacar del aire a una emisora que faltara a la “verdad” en criterio del Poder Ejecutivo. Eso es exactamente lo que dice haber hecho Maduro y Morales Zapata lo justifica porque “…cuando un medio actúa a partir de la mentira y otros intereses, hay que ponerle límite”.
CNN es un medio de prestigio, con gran credibilidad. Esas características no las comparte con el gobierno de Maduro, desprestigiado por constantes y constatables falsedades, pero los legisladores de la izquierda radical costarricense creen las acusaciones de Caracas a priori, sin mucha pausa.
A lo largo de un año, CNN en Español, junto a su prestigioso noticiero matriz en lengua inglesa, investigó la venta de pasaportes, visas y documentos de identidad venezolanos en el Medio Oriente a personas que podrían estar vinculadas con el terrorismo. Los periodistas revisaron miles de documentos e hicieron entrevistas en Estados Unidos, Venezuela, España y el Reino Unido. Entre las fuentes hay altos exfuncionarios del chavismo.
Pero supongamos, por un momento, que en esta oportunidad la razón esté del lado de Maduro, el represor de manifestaciones estudiantiles, el carcelero de presos políticos, el organizador de juicios penales espurios, el distorsionador de resultados electorales, el implacable perseguidor de la prensa independiente venezolana. Aún en ese caso, no habría tribunal democrático en el mundo capaz de justificar el corte de la señal de un medio de comunicación por transmitir una falsedad.
Esa forma de “exigir respeto a los medios de comunicación” para que den “un valor agregado a la democracia”, según dijo el diputado Morales Zapata, es simple y llanamente una violación a los derechos humanos, las garantías constitucionales vigentes en los países civilizados y los tratados internacionales. Ningún tribunal decretaría la clausura de la emisora o de su señal, como lo hizo Maduro administrativamente y como pretendía autorizarlo la ley mordaza impulsada sin éxito por el gobierno actual.