La combinación de débiles controles sobre la construcción irregular y el exceso de trámites cuando se edifica según la ley es una contradicción con graves consecuencias

 14 septiembre, 2016

En los últimos cinco años, 32 municipalidades mejoraron su desempeño en planificación, contrataciones y gastos, así como en la ejecución de funciones esenciales, entre ellas la recolección de basura y la limpieza de vías, según el índice de gestión municipal de la Contraloría General de la República.

Hay en el país 81 gobiernos municipales, y aunque el promedio general de desempeño mejora, en varios cantones se nota un estancamiento preocupante. También es importante notar que el avance no siempre implica alcanzar altos niveles de desempeño. Guatuso mejoró su calificación en unos 17 puntos entre el 2012 y el 2015, pero apenas alcanzó un puntaje superior a 48, frente a los 84 puntos logrados, por ejemplo, por la municipalidad de Moravia.

En general, las noticias del régimen municipal son alentadoras y su impacto se nota en un área de especial importancia en nuestro país: la construcción sin permiso. En la primera década de este siglo, diversos estudios dieron cuenta de 300.000 viviendas edificadas sin autorización municipal. Eso significa que casi la cuarta parte de la población nacional vive en casas construidas sin observar las normas de localización y calidad.

El caos implica el peligro de magnificar los daños de fenómenos naturales muy frecuentes en nuestro país. Las zonas no aptas para construir incluyen áreas propensas a inundaciones y deslizamientos, sean por lluvias o temblores. La inobservancia de normas mínimas de calidad resulta en estructuras débiles, incapaces de resistir un sismo.

En muchos casos se conjugan los dos factores, mala ubicación y deficiencias de la construcción, precisamente porque la edificación irregular, desprovista de permisos y supervisión, es más frecuente en sectores económicamente desfavorecidos. Las viviendas surgen donde aparece el terreno y la construcción procede con el mínimo de inversión. Al primer embate de la naturaleza, la tragedia se hace inevitable.

Los permisos de construcción son un elemento decisivo de una buena política de prevención de desastres. El papel de las municipalidades va mucho más allá de asegurar el cumplimiento de meros requisitos burocráticos. Es una primera línea de defensa frente a las catástrofes.

El informe del Colegio de Ingenieros y Arquitectos correspondiente al 2015 dio cuenta de una disminución de las construcciones irregulares, del 23% al 15% en los últimos seis años. El porcentaje es todavía muy elevado y si a las nuevas edificaciones se les suman las anteriores, el peligro es evidente. Sin embargo, hay un significativo progreso, concordante con los hallazgos más generales de la Contraloría.

A la inversa, la gestión municipal es importante para el desarrollo de infraestructura habitacional, aun cuando se da en las condiciones prescritas por ley. El año pasado, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) responsabilizaron a las municipalidades, en buena parte, por los subsidios no otorgados en el 2012 para la edificación de casas de interés social.

La combinación de débiles controles sobre la construcción irregular y el exceso de trámites cuando el desarrollo se hace con intención de ajustarse a derecho es una contradicción con graves consecuencias. No solo entorpece la asignación de ayuda estatal a quienes la necesitan, sino que crea incentivos para evadir los controles. La mejora del desempeño municipal es importante en muchos campos, pero en el de la vivienda su impacto es de enorme valor. Se impone simplificar los trámites y, al mismo tiempo, fortalecer la inspección para conseguir los resultados deseables.