EscucharEl Código de Trabajo no rige para 107.000 trabajadores y solo gobierna parcialmente la vida laboral del 61% de la población empleada. Con ese hallazgo, el decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible se constituye en conciencia de una sociedad cuyos avances en materia laboral deben pasar, en todos los casos, del papel a la práctica.
Las víctimas, en eso no hay sorpresas, son los más débiles entre los débiles. En el caso más dramático, el de los 107.000 trabajadores totalmente desamparados, los afectados son inmigrantes nicaragüenses, personas jóvenes y discapacitados. Para ellos no hay vacaciones, horas extras, aguinaldo o seguros. Tampoco salario mínimo.
Además, el 61% de los trabajadores sufre menoscabo de, al menos, uno de esos derechos. Entre ellos figura el mismo tipo de víctima y muchas más, todas pertenecientes a los sectores menos favorecidos de la sociedad, como los trabajadores agrícolas. Como también es de esperar, el problema se agrava con la lejanía del Valle Central, donde la presencia de las autoridades y la formalidad del empleo son más frecuentes.
El fenómeno está fuertemente ligado con el empleo en el sector informal de la economía, fuente de muchos otros problemas, que van desde el incumplimiento de las normas reguladoras de la construcción hasta la evasión de impuestos y el debilitamiento de la seguridad social.
Mención aparte merece la falta de control sobre el empleo doméstico, tanto de trabajadoras del hogar como de jardineros, guardas y otros. Es un terreno sin ley donde impera la ley del más fuerte y los empleados se ven obligados, por razones de subsistencia, a aceptar condiciones ayunas de toda garantía social y laboral.
Jorge Vargas Cullel, director a. í. del informe, urge la adopción de nuevas políticas públicas, sin partir de la falsa premisa de que todo patrono moroso es un sinvergüenza. Muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan problemas para garantizar a sus empleados el disfrute pleno de sus derechos laborales, y otras, impulsadas por los costos y las barreras burocráticas, prefieren permanecer en la informalidad.
Una agresiva política de formalización, como la recomendada a los países de todo el mundo desde 1997 por el economista peruano Hernando de Soto, comprende el acceso al crédito, la capacitación y el encadenamiento de las actividades de la pequeña y mediana empresa con el resto del aparato productivo, así como el abaratamiento y simplificación de los trámites necesarios para alcanzar la formalidad.
Semejante esfuerzo redundaría, con prontitud, en la mejoría de los índices de cumplimiento de la legislación laboral, pero sería insuficiente para lograr el mismo efecto en otros ámbitos, como el del empleo doméstico. Ahí, no parece haber más remedio que el fortalecimiento de las inspecciones y el estímulo de la denuncia, aunque mucho contribuiría, también, la facilitación de los trámites exigidos por la Caja Costarricense de Seguro Social para inscribir y mantener en planilla a los trabajadores domésticos.
El Ministerio de Trabajo sometió a consulta de los sectores afectados un proyecto de ley para mejorar la inspección laboral y facilitar la imposición de sanciones. El ministro Olman Segura espera dejarlo presentado en el Congreso antes de concluir su gestión. Superadas las consultas, la tramitación del ajuste legal parece urgente, a juzgar por los alarmantes datos sobre incumplimiento y la seria vulnerabilidad de las personas afectadas.
