El negocio del porteo lo creó la Asamblea Legislativa, aunque la presión la ejercieron los mismos trabajadores, azuzados por los dirigentes

 16 julio, 2014

Como en sus peores tiempos, el Estado tocó con su varita mágica a siete grandes empresas de porteo, a cuyo servicio laboran miles de humildes choferes, imposibilitados de conseguir un permiso propio. El negocio lo creó la Asamblea Legislativa, aunque la presión la ejercieron los mismos trabajadores, azuzados por los dirigentes.

Hubo cierres de calles, manifestaciones ante la Casa Presidencial y público en las barras del Congreso, todo para terminar en la concentración de 1.680 placas o códigos del Servicio Especial Estable de Taxis (SEE Taxi) en manos de siete empresas. Esos permisos son el 65% de los 2.900 otorgados por el Consejo de Transporte Público (CTP) al amparo de la ley N.° 8.955, aprobada en el 2011.

El Movimiento Libertario, famoso por el lema “Donde hay permiso, hay chorizo”, fungió en esta oportunidad como abanderado de la lucha librada para crear un sistema de permisos nada liberal. Contaron con el apoyo de otras fracciones, ansiosas por resolver el problema de las calles.

Según testimonios de porteadores, respaldados por facturas en poder de La Nación, algunos poseedores de permisos los alquilan a personas interesadas en brindarlos. Como si se tratara de una franquicia, cobran hasta ¢1 millón por el “derecho”, además de pagos semanales cercanos a ¢40.000.

El permiso, en sí mismo, tiene un importante valor económico, transable con terceros. Es un valor artificial, creado única y exclusivamente por el Estado, que puso en manos de un reducido grupo la posibilidad de beneficiarse con el trabajo de los llamados “taxistas piratas”. El Estado también se encarga de reprimir a quienes se dediquen, sin permiso, a la misma actividad.

La ley, defendida en su momento como necesaria para ampliar el servicio de transporte y respetar el derecho al trabajo de quienes no poseían placas de taxi, solo ha servido para entregar un código a una persona física. Los 2.899 códigos restantes están en manos de personas jurídicas, de las cuales siete se dividen 1.680 códigos.

Por notable ironía, la lucha por la aprobación de la ley tuvo como argumento central el sistema cerrado de concesión de placas para taxi. El Estado decide cuántos taxistas pueden brindar servicio y el Estado concede las placas a los afortunados. La ley solo consiguió ampliar el sistema, con algunas variantes en las características del servicio a brindar, para hacer de la competencia ampliada un fenómeno más potable a ojos de los taxistas preexistentes. La mayor ironía consiste en la mejor distribución de las placas de taxi, pese a los frecuentes y bien conocidos abusos del sistema.

El ministro de Transportes, Carlos Segnini, anunció la intención de revisar los permisos otorgados por el CTP. “No me parece que pocos aglutinen tantos permisos, cuando la esencia de la ley era democratizar el servicio y el trabajo”, afirmó el ministro.

Sin embargo, en la actualidad los porteadores tienen representación legislativa, en la bancada del Movimiento Libertario, y no será fácil rectificar.

Germán Lobo, vocero de las empresas de SEE Taxi (porteo) es, al mismo tiempo, jefe de despacho del diputado José Alberto Alfaro, cuya esposa y asesora parlamentaria preside la Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), poseedora de 772 permisos.

Lobo explica, con toda naturalidad, que la legislación los faculta para cobrar a los choferes. “Los conductores pagan una franquicia por el derecho de explotar una clientela de la empresa… Es que tenemos gastos de servicios, Caja de Seguro Social, teléfonos que se deben pagar”. Seguramente habrá, también, una ganancia.

Etiquetado como: