Opinión

EDITORIAL

El usuario paga los errores

Actualizado el 21 de abril de 2017 a las 10:45 pm

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) pide un alza del 26,6% en el segundo semestre de este año y un 13,75% en el 2018

El 91% de los aumentos sería utilizado para sanear las finanzas, es decir, para recuperar lo perdido por pésimas decisiones

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) está de lleno metida en un nuevo intento para pasar a sus 540.000 usuarios la factura por los proyectos fallidos de Balsa Inferior y el Parque Valle Central, la planta eólica instalada en Santa Ana. Si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se niega a complacerla, afirma la empresa estatal, la atención de sus obligaciones y la liquidez de la operación se verán comprometidas. Eso frenaría el plan de inversión y la distribución de energía.

Para evitar tantos males, basta un aumento del 41% en la electricidad durante los próximos nueve meses. Así de fácil. Los recibos subirían un 26,6% en el segundo semestre de este año y en el 2018 habría un alza del 13,75%. El efecto sobre la competitividad de las empresas y la economía de las familias mal servidas por la CNFL parece entendido como un daño colateral. Lo importante es poner orden en las finanzas.

La necesidad de medidas tan radicales se comprende con solo recordar que la planta hidroeléctrica de Balsa Inferior debió costar $75 millones, pero terminó en $361 millones, casi cinco veces más. El Parque Eólico Valle Central pasó de $21 millones a $54 millones. Una empresa privada habría pagado los pésimos cálculos con la quiebra, salvo un esfuerzo de capitalización de sus accionistas o un financiamiento de emergencia. La CNFL no solo sigue adelante, sino que mantiene su mercado cautivo y procura reestablecer sus finanzas metiendo la mano en el bolsillo de los usuarios. Si no le tiran el flotador, el suministro de energía corre peligro.

La empresa ya había intentado un alza tarifaria del 35%, pero la Intendencia de Energía de la Aresep solo recomendó un 18% e inició una investigación de los desaciertos. Hasta la fecha, nadie ha logrado establecer la responsabilidad de los funcionarios y ninguno ha sido sancionado, pese a la gravedad de los errores identificados por la Aresep.

Según la investigación de los reguladores, los estudios previos se basaron en diseños preliminares, sin el detalle requerido para hacer estimaciones. La gestión fue deficiente y los estudios obviaron factores técnicos, geográficos, sociales, ambientales, tecnológicos y de mercado, incluido el impacto económico de las inversiones sobre las finanzas de la compañía. La CNFL ni siquiera pudo probar que el análisis financiero de los proyectos contemplara el precio de compra de energía al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), “un factor determinante para valorar la viabilidad y rentabilidad” de las obras.

En esas condiciones, el fracaso y las enormes pérdidas eran de esperar. El 91% de los nuevos aumentos solicitados por la CNFL sería utilizado para sanear las finanzas, es decir, para recuperar lo perdido por decisiones de “alguien” o “algunos” cuya identidad permanece tras el velo de la empresa y bien podrían seguir laborando en ella.

Por otra parte, para facilitar la salida del personal excesivo, la CNFL necesita ¢4.143 millones. Con ese dinero financiará el plan de movilidad voluntaria al cual se acogieron 111 funcionarios que recibirán, en promedio, ¢37 millones cada uno. A los consumidores se les pide financiar la salida de los empleados luego de haber sufragado, durante años, sus salarios, aunque la movilidad demuestra que no eran indispensables.

La CNFL prometió ser más cuidadosa en el futuro y reestructuró sus departamentos para aplicar mecanismos más rigurosos de evaluación económica y financiera. La promesa choca contra la desconfianza alimentada por los acontecimientos y el fácil recurso de acudir a los usuarios para resolver problemas causados por funcionarios cuya identidad no ha sido revelada. El establecimiento de responsabilidades concretas es lo menos que pueden pedir los sacrificados consumidores.

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