EscucharLa deuda pública es una carga dejada por la generación actual a las futuras. Por eso es inadmisible, en principio, incurrir en endeudamiento para financiar gasto corriente del Gobierno. Solo es justo hacerlo en caso de inversiones productivas que puedan disfrutar quienes (con más impuestos o menores servicios estatales) están llamados a pagarla. Desafortunadamente, no se actúa así en Costa Rica, a pesar de que la Constitución y las normas legales lo exigen.
La deuda del Gobierno Central es el resultado de operar, año con año, con un déficit en buena parte explicado por el crecimiento descontrolado del gasto público. Por eso, la primera medida necesaria es una reforma, estructural y patriótica, de importantes partidas de gasto como los salarios, pluses, pensiones y transferencias. Difícilmente aceptará la ciudadanía pagar más tributos, sea porque se eleve la tarifa o la base impositiva, mientras conozca a diario de los elevadísimos sueldos y privilegios de algunos funcionarios públicos y de las pensiones con cargo al presupuesto nacional.
La deuda pública alimentada por el desequilibrio fiscal tiene severas implicaciones. La carga de intereses crece con el tiempo y, particularmente, lo hará en el futuro cercano porque, luego de estar situadas en niveles inusualmente bajos, las tasas internacionales apuntan al alza. Eso quitará recursos al fisco, que de otra manera podrían dedicarse a gastos de importancia social.
Expertos ubican el límite superior del endeudamiento público en países como Costa Rica en un 40% del tamaño de la economía (PIB). La razón, explicó Álvaro Santos, director del Departamento de Economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo al cual Costa Rica aspira a formar parte, es que “el grado de endeudamiento del país es casi tres veces el volumen de ingresos anual del Gobierno”, lo cual lo convierte en “el más alto de América Latina después de El Salvador”. (“País se vería forzado a pagar altas tasas por deuda externa”, Economía, La Nación, 27 de julio, 2017).
La acumulación de más y más deuda incrementa la posibilidad de fallar en los pagos. Para aceptar ese riesgo, los inversionistas exigen más rendimiento. Eso afecta no solo al Gobierno, que debe sacrificar mayores porciones del presupuesto de gastos para pagar intereses, sino que se extiende a las operaciones de todo el sector privado, cuyo crédito también se encarece.
La solución no es aumentar a rajatabla impuestos, pues en algún momento esa política puede lesionar la capacidad productiva del país, el bienestar ciudadano y, al final, también los ingresos fiscales. Es necesario, muy necesario, controlar la expansión y la calidad del gasto público. También es menester dotarlo de mayor equidad, pues muchas partidas carecen de ella.
Una vez que la sociedad costarricense se ponga de acuerdo y adopte las reformas estructurales necesarias por el lado del gasto público, no solo en el Gobierno Central, sino también en los entes autónomos, será más viable una reforma del sistema impositivo, para hacerlo más eficaz, compatible con una economía globalizada como la costarricense, y para que aporte recursos frescos a las finanzas públicas. Pero sin cambios sustanciales por el lado del gasto, poco podrá hacerse por el de los ingresos, pues eso haría desaparecer el estímulo para moderar las erogaciones.
“La justicia y la paz se besan”, dice un famoso salmo. Así, por medio de la equidad redistributiva que están llamadas a ejercer las finanzas públicas, busquemos la paz social que de momento no vemos en nuestro medio. Para conseguirla en forma estable y duradera, ningún grupo de costarricenses debe aspirar a mantener privilegios subsidiados por el resto, en especial por los más necesitados, que son los primeros en pagar el desequilibrio de las finanzas públicas.
